CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Cada año unas 47 mil mujeres mueren en el mundo por complicaciones derivadas de prácticas inseguras para la interrupción del embarazo, alertaron expertos de la ONU en el contexto del Día de Acción Global para el Acceso al Aborto Seguro y Legal, que se conmemora este miércoles 28. Con base en información de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que resalta que anualmente se realizan 22 millones de abortos inseguros, la presidenta del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y en la práctica, Alda Facio, así como los relatores especiales sobe el derecho a toda persona al disfrute del más alto nivel de salud física y mental, y sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Dainius Púras y Juan Méndez, respectivamente, emitieron un pronunciamiento fechado en Ginebra, Suiza, por el que exhortan a “derogar las leyes y las políticas restrictivas sobre el aborto”. En un comunicado, los expertos de la ONU llamaron a los Estados del mundo a desaparecer “todas las medidas punitivas y las barreras discriminatorias para el acceso a servicios seguros de salud reproductiva”, y respaldaron la iniciativa de las organizaciones no gubernamentales para considerar el 28 de septiembre como día oficial de la ONU para el aborto seguro en todo orbe. Al señalar que 40% de la población mundial está sometida a leyes restrictivas, los expertos de la ONU destacaron que “la penalización del aborto y la denegación de proporcionar un acceso adecuado a servicios para la interrupción de un embarazo no deseado son formas de discriminación basadas en el sexo”. Advirtieron que las legislaciones restrictivas “son una de las formas más perjudiciales de la instrumentación de los cuerpos de las mujeres y una grave violación a sus derechos humanos”, quienes sufren consecuencias graves “y a veces acaban pagando con sus vidas”. Los relatores especiales y la presidenta del Grupo de Trabajo puntualizaron que “la prohibición no reduce la necesidad ni el número de abortos, sólo aumenta los riesgos para la salud y la vida de las mujeres y niñas que acuden a servicios inseguros e ilegales”. Apuntaron que en países en donde está prohibido el aborto las mujeres pueden ser sometidas a un proceso judicial, e incluso ser encarceladas, si “buscan servicios de salud en relación con la interrupción de un embarazo, ya sea con el fin de llevar a cabo dicha interrupción o para buscar la atención médica después de un aborto espontáneo”. Insistieron en que las leyes y políticas restrictivas “no cumplen con los requisitos de las normas internacionales de derechos humanos y que tienen impacto discriminatorio y negativo para la salud pública, y a eliminar todas las medidas punitivas y barreras discriminatorias para el acceso a la salud pública”. También puntualizaron que las leyes que criminalizan la interrupción del embarazo “violan el derecho humano de la salud y niegan su autonomía en la toma de decisiones acerca de su propio cuerpo”. Los expertos resaltaron que se ha demostrado que en los Estados donde se imparte una educación sexual integral y hay plena disponibilidad de anticonceptivos eficaces, se reducen la incidencia de embarazos no deseados y por tanto el número de abortos, e incluso está comprobado que los países que tienen el nivel más bajo de abortos son aquellos en donde está legalizado, y se considera que ningún método anticonceptivo es eficaz al 100% y las mujeres pueden ser víctimas de violencia sexual. “No podemos tolerar la grave violación de los derechos humanos de la mujeres con base en su sexo y sus diferencias biológicas. No podemos tolerar la alta incidencia de las muertes evitables de mujeres y niñas que resultan de cuestiones relacionados con la maternidad, incluido el aborto inseguro”, señalaron los expertos de la ONU. Además recomendaron a los Estados miembros de la ONU a garantizar el acceso de las mujeres a servicios de aborto seguro durante el primer trimestre de embarazo o, posteriormente, en caso de riesgo para la vida o la salud, incluida la salud mental, la violación, el incesto y el impedimento irreversible del feto”. Puntualizaron que los Estados lo que deberían permitir es que “las niñas y adolescentes pudieran interrumpir embarazos no deseados”, ya que de llevarse a término, las menores se exponen “a un riesgo mucho mayor para su vida y salud, incluida una muy alta probabilidad de sufrir de una fístula obstétrica, y también se impide la finalización de su educación y se obstaculiza el desarrollo de sus posibilidades económicas y sociales”. También explicaron que desde los últimos 30 años organizaciones defensoras de los derechos de la mujer han impulsado el 28 de septiembre como el Día de Acción Global para el Acceso al Aborto Seguro y Legal, para instar a los gobiernos a despenalizar la interrupción del embarazo, “acabar con el estigma y la discriminación en torno a la práctica del mismo, y prestar tales servicios en un marco legal, de manera segura y asequible”. En América Latina y el Caribe, el 28 de septiembre es recordado como el día de la abolición de la esclavitud de los niños nacidos de madres esclavas en Brasil, y fue rebautizado como día del “vientre libre”, en tanto que el movimiento se extendió en todas las demás regiones del mundo. “Unimos nuestras voces a las voces de muchas organizaciones no gubernamentales fuertes y valientes que han solicitado el acceso a abortos seguros en todo el mundo mediante la solicitud de que el 28 de septiembre sea declarado el día internacional de la ONU sobre el aborto seguro”, proclamaron los expertos Alda Facio, Dainius Púras y Juan Méndez. Reconocen avances en CDMX La CDHDF reconoció los avances en el tema, incluida la Ciudad de México, mediante las reformas al Código Penal y adiciones a la Ley de Salud, que reconocen el derecho de las mujeres para interrumpir legalmente su embarazo a partir de las 12 semanas de gestación. Tras recordar que el 26 de abril de 2007 se realizaron tales reformas, e ombudsman local reveló que de esa fecha al 24 de agosto pasado cerca de 117 mil 392 mujeres han abortado legalmente, de acuerdo con cifras del Instituto de las Mujeres capitalino.