CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Integrantes de Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño en Defensa del Territorio (Apoyo) expresaron su rechazo a un nuevo proyecto de generación de energía eólica que se instalará en esa región, como resultado de la Segunda Subasta de Largo Plazo organizada por la Secretaría de Energía (Sener). Luego de señalar que con el proyecto “Gunaa Sicarú”, de la empresa Eólica de Oaxaca, se incrementa a 25 el número de parques eólicos instalados en aproximadamente 100 hectáreas de terrenos comunales y ejidales, Bettina Cruz Velásquez resaltó que hasta ahora los pueblos indígenas han sido ignorados en la instalación de estas plantas, violando acuerdos internacionales firmados por México –como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)– y haciendo a un lado las recientes recomendaciones del Grupo de Trabajo de Derechos Humanos y Empresas también de la Organización de las Naciones Unidas. En conferencia de prensa, Cruz Velásquez reprobó que el gobierno federal disponga de su territorio “para beneficio de empresas privadas”, a pesar de que una de las financiadoras de uno de los proyectos, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ha reconocido los daños causados a las comunidades indígenas. Cruz se resaltó que el BID financió el parque eólico Mareña Renovable, proyecto sobre el cual el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación emitió un dictamen que reconoce impactos negativos. Entre las conclusiones del Mecanismo, la lideresa tehuana destacó un extracto: “Consideramos que efectivamente las comunidades indígenas del Istmo enfrentan el riesgo de pérdida de identidad y costumbres. Esto se refiere en particular a la pérdida del principio de gobernanza comunitaria y bien común a favor de los esquemas de decisión y desarrollo centrados en el individuo”. El documento publicado el 14 de septiembre, apuntó, reconoce que en la región del Istmo hay “serios conflictos que ponen en riesgo la vida y seguridad” de los defensores, y agregó que en la defensa del territorio, al menos 60 líderes indígenas de la región han sido sometidos a procesos judiciales, entre ellos la misma Bettina, mientras que el año pasado se registró el homicidio de una activista. Nashieeli Valencia Núñez agregó que como parte de las movilizaciones en contra de los proyectos de energía eólica, además de las mineras que afectan a la región del Istmo, este jueves un grupo representativo de miembros de Apoyo  se “auto invitó” a la “Primera Reunión de Beneficios Sociales Compartidos de Proyectos de Energía”, encabezada por la Secretaría de Energía y el BID. Contó que los asistentes al encuentro eran sólo empresarios “que estaban viendo cómo se iban a repartir nuestro territorio, sin considerar a los pueblos indígenas, para quienes sólo contemplan entregar balones de futbol y pintar iglesias. Sólo dádivas, excluyéndonos del desarrollo”. Valencia Núnez señaló que en el evento se manifestaron los pueblos indígenas para resaltar que no están “en contra del desarrollo ni de la energía eólica, sino en contra de la forma en que se están llevando a cabo estas obras, imponiéndose en las comunidades”. A la conferencia de prensa también asistieron dirigentes indígenas mayas de Yucatán, donde se pretende instalar un “megaproyecto de generación fotovoltaica”,  del que los pobladores no tenían información. Según Pedro Regalado Uc Be, representante de Articulación Social sobre Energía Renovable en Yucatán, en la comunidad de Ticul se busca establecer un megaproyecto que afectaría 640 hectáreas de selva. Ezer Roboam May May, de la misma organización maya, acotó que la práctica de comprar a autoridades comunitarias y ejidales, por parte de empleados de las empresas transnacionales, es común, además de que se hace firmar contratos a comunitarios y ejidatarios sin proporcionar información clara de lo que se pretende hacer en sus terrenos. Contó que en su comunidad, Kimbalá, representantes de la empresa española Elecnor, generadora de energía fotovoltaica,  “hizo tratos de manera oculta con el comisario ejidal, quien buscó hacer firmar a la asamblea sin conocimiento previo del contrato”, lo que no pudo lograrse una vez que los habitantes se enteraron en su propio idioma, el maya, de las condiciones en las que se daría el trato, a costos bajísimos de 800 pesos anuales por propiedad. El investigador Alejandro Castaneira, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH), alertó que las comunidades advierten daños al medio ambiente y a la fauna silvestre del Istmo, pero hay hermetismo al respecto. Tras señalar que desde 2002 investigaciones realizadas en Estados Unidos advirtieron del potencial de la zona del Istmo de Tehuantepec para generar energía eólica, Castaneira dijo que un  grupo interdisciplinario de investigadores universitarios ha solicitado información a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para que informe de los daños a “algunas especies de aves en peligro de extinción, así como de murciélagos, pero no se nos da información, ni siquiera les interesa”. Los dirigentes indígenas acusaron que una vez más se está excluyendo del desarrollo a los pueblos originarios, y el gobierno está avalando una nueva “colonización” de los territorios indígenas por parte de empresas extranjeras.