COLIMA, Col. (apro).- El Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig) detectó la presunta sustracción de 66 millones 800 mil pesos de recursos de la hacienda pública, de la que responsabilizó al exgobernador Mario Anguiano Moreno y la exsecretaria de Finanzas y Administración Blanca Isabel Ávalos Fernández, por lo que propuso inhabilitarlos para ocupar cargos públicos por un periodo de 14 años y sancionarlos económicamente con el resarcimiento de la cantidad señalada. Según el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2015 del Poder Ejecutivo del Estado de Colima, dado a conocer este día por la instancia fiscalizadora, con las pruebas documentales obtenidas durante la investigación “se acredita fehacientemente la inexistencia y simulación de actos jurídicos” por parte de los exfuncionarios “para disponer de recursos públicos a fines distintos de su objeto público”. Lo anterior, añade el Osafig, se realizó “mediante la apertura, administración y utilización de dos cuentas bancarias no registradas en la contabilidad del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Colima, que si bien es cierto, están a nombre del Gobierno del Estado, sus operaciones financieras no eran registradas en la contabilidad”. Suscrito por el titular del Osafig, Carlos Armando Zamora González, el informe –que también involucra a servidores públicos de menor rango– señala que se constataron 12 operaciones bancarias, por el importe de 66 millones 800 mil pesos, realizadas de la cuenta de cheques 300085464, del Banco Interacciones SA, a nombre del gobierno del estado de Colima, consistentes en transferencias bancarias a cuatro cuentas a nombre del gobierno de Colima. Sin embargo, de la revisión de las cuentas bancarias que presentaron salidas de efectivo y que no se encuentran registradas en la contabilidad, a través de compra de cheques de caja, expedición de cheques, traspasos y transferencias electrónicas, “se observó que de acuerdo a los movimientos registrados, el destino de los recursos y los beneficiarios identificados, no se acredita que las salidas de recursos económicos estén directamente vinculadas a la operación del gobierno del estado de Colima y de las que se desprende un desvío hacia fines distintos a los autorizados en el Presupuesto de Egresos 2015”. El Osafig requirió al ente fiscalizador para que justificara que el destino de los recursos correspondió a los objetivos y fines públicos del gobierno del estado, o en su defecto procediera, por los responsables, a la devolución de los recursos públicos transferidos a las cuentas. Al respecto, los exfuncionarios argumentaron la celebración de un contrato de los servicios de suministro, desarrollo, instalación, implementación, asesoría y capacitación de un Sistema de Armonización Contable para lograr los acuerdos aprobados con el Consejo Nacional de Armonización Contable, con la empresa Soluciones en Servicios CYPEC SA de CV, con domicilio legal en Monclova, Coahuila. No obstante, en su conclusión el órgano fiscalizador manifestó que “del análisis de la información y documentación presentada por la entidad fiscalizada y exservidores públicos, se determina que los argumentos formulados y documentación proporcionada no lograron desvirtuar la observación planteada, y acreditar el destino de los recursos observados”. El Osafig determinó que el contrato y los documentos exhibidos que de él se desprenden, “carecen de eficacia, al existir pruebas que desvirtúan su contenido y veracidad”, ya que se descubrió que el supuesto domicilio de la empresa Soluciones en Servicios CYPEC SA de CV corresponde a una finca deshabitada que no muestra en su fachada publicidad alguna que haga referencia a la empresa. Conforme a las evidencias colectadas por el órgano fiscalizador se acreditó la inexistencia de la empresa en el domicilio contractual en Monclova, Coahuila, así como la inexistencia de funcionamiento y relación comercial o profesional con el gobierno de Colima en la matriz de Monterrey, Nuevo León, además de que tampoco existe vínculo contractual, laboral, o de representación legal de los beneficiarios de los cheques girados de las cuentas bancarias con la supuesta empresa contratante, máxime que se trata de personas físicas trabajadoras del gobierno de Colima. De igual forma, agrega el informe, se advirtió la ausencia total de procedimiento de adjudicación “licitación pública nacional” respecto al importe o concepto de gasto que el ente pretendió hacer valer, ya que el contrato fue de forma directa por la exsecretaria de Finanzas y Administración, sustentada bajo un acuerdo de autorización y otorgamiento de suficiencia presupuestal por el entonces gobernador, Mario Anguiano Moreno. Por lo anterior, puntualiza el Osafig, “se considera necesario determinar la presunta responsabilidad administrativa sancionatoria y solicitar la imposición de sanciones administrativas y económicas por las conductas u omisiones de los servidores públicos que en ejercicio del cargo violentaron, sea dolosa, culposa o por negligencia la normativa que regula su actividad, causando daños o perjuicios a la hacienda pública, proponiendo la imposición de sanciones administrativas”. Hace unos meses, el Osafig también propuso sancionar administrativamente a Mario Anguiano Moreno y cuatro de sus colaboradores por el mal manejo de un crédito de 638 millones de pesos, además de que interpuso denuncia penal en su contra, pero hasta ahora el Congreso del estado no ha concluido el procedimiento de juicio político y la Procuraduría General de Justicia no ha dado a conocer los resultados de sus investigaciones.