CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Víctimas de los operativos policiacos violentos en San Salvador Atenco y Texcoco en mayo de 2006, durante la gestión de Enrique Peña Nieto como gobernador, anticiparon una nueva condena del Estado mexicano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por tortura sexual, detención ilegal y arbitraria, así como falta de debido proceso y denegación de justicia. En conferencia de prensa, seis de las 11 mujeres que denunciaron el caso de la represión y tortura sexual durante la intervención violenta de fuerzas policiacas federales y del Estado de México recordaron que acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2008, dos años después de no encontrar justicia en el país. Los representantes de las denunciantes, abogados del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y del Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), señalaron que durante diez años la respuesta del Estado mexicano ha sido la falta de voluntad política para investigar y sancionar la cadena de mando y a los autores intelectuales. Apuntaron que en diciembre de 2015 la CIDH dio a conocer el Informe de Fondo del caso, que concluye la responsabilidad internacional del Estado, pero que ante la falta de respuesta y al menos tres solicitudes de prórroga por parte de representantes de México, es que el organismo determinó enviar el caso a la CoIDH el pasado lunes 17 de septiembre. También aclararon que si bien el Sistema Interamericano no establece responsabilidades individuales, en el informe enviado a la Corte habría una mención de la pertinencia de investigar sobre la responsabilidad de quien era gobernador del estado, Enrique Peña Nieto. Santiago Aguirre, subdirector del Centro Prodh, apuntó que si bien el Sistema Interamericano de Derechos Humanos no establece “responsabilidades penales individuales”, el Informe de Fondo de la CIDH “sí menciona la necesidad de indagar la posible responsabilidad de quien fuera gobernador del Estado de México, al menos en dos niveles, el primero en la posible emisión de declaraciones que comprometieran la posible independencia de las investigaciones y, en un segundo, a la ausencia de investigación de la posible responsabilidad de la cadena de mando”. Stephanie Brawer, del Centro Prodh, delineó la ruta por la que transitará el caso antes de que la CoIDH emita su sentencia, muy probablemente antes de que Peña Nieto termine su mandato. La abogada explicó que durante nueve meses, después de que el Estado fue notificado del Informe de Fondo, “no mostró voluntad de hacer justicia, particularmente al no tomar acciones encaminadas a sancionar las responsabilidades por cadena de mando, la participación de fuerzas federales en el operativo, y las acciones y omisiones de altos funcionarios que hayan contribuido a la falta de esclarecimiento y sanción de los hechos”. Araceli Olivos Portugal destacó que “actualmente hay dos procesos penales en los que policías de bajo rango están siendo procesados, pero ningún mando medio o superior ha sido llamado a declarar y mucho menos acusado por los abusos”. Consideró injustificable la falta de una investigación exhaustiva, sobre todo porque “la cadena de mando está disponible para el Estado desde 2006, ya que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determinó responsabilidades en razón del mando, determinó que éstas debían indagarse, amén de que en su resolución calificó como inexcusable e incomprensible en un operativo de esa magnitud supervisado por aire y por tierra que ninguna acción se haya tomado para detener la represión”. Marcia Aguiluz, directora de Cejil para América Central y México, destacó que el caso de las mujeres de Atenco se sumaría a la lista de “ocho casos envidados a la CoIDH contra México, tres con sentencias relacionadas con la violencia sexual contra mujeres, lo que significa que no es un problema resuelto y que el Estado no ha dado los resultados adecuados”. En nombre de sus compañeras Claudia Hernández, Patricia Torres e Italia Méndez recordaron que hace diez años, cuando denunciaron las agresiones sexuales durante las detenciones arbitrarias, fueron tachadas de “mentirosas” y de “aprehenderse el manualito”, por parte de funcionarios del gobierno del Estado de México, en tanto que quien fungía como gobernador, Peña Nieto, se comprometió a “castigar si se comprobaban los abusos”. Al señalar que cuando fueron detenidas los policías les decían que nada les habría ocurrido “si se hubieran quedado en su casa a hacer tortillas”, Claudia Hernández, quien estuvo cinco años sometida a proceso penal, puntualizó que la decisión de la CIDH de enviar el caso a la Corte es prueba de que “no somos mentirosas, y que el Estado es responsable de lo que nosotros denunciamos, de su ineficacia y denegación de justicia”. Patricia Torres, quien hace una década con 23 años preparaba una tesis en Ciencias Políticas que no concluyó, puntualizó que la pretensión de las 11 mujeres de llevar el caso ante el tribunal interamericano es la búsqueda de justicia en hechos que involucraron a “143 detenidos, entre ellos más de 40 mujeres, y dos muertos”. Italia Méndez, quien en 2013 rindió su testimonio en una audiencia en la CIDH, dijo que las mujeres de Atenco recibieron la noticia con “júbilo, porque hace diez años se castigó la rebeldía de un pueblo, pero ahora nuestra pretensión es que se castigue a los responsables y a la cadena de mando, para que nunca más vuelva a ocurrir otro Atenco”. Méndez apuntó que las mujeres de Atenco esperan que su caso sirva para sancionar otros similares, en los que mujeres han sido víctimas de tortura sexual y se encuentran en las cárceles del país, “y romper el círculo de impunidad”.