Javier Duarte, el ocaso de su sexenio

Javier Duarte en conferencia de prensa luego de que el PRI le suspendió sus derechos. Foto: Yerania Rolón Javier Duarte en conferencia de prensa luego de que el PRI le suspendió sus derechos. Foto: Yerania Rolón

XALAPA, Ver. (apro).- Agremiados de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) echaron mano de tres tractocamiones, dos retroexcavadoras, una “mano de chango”, una pipa y varias unidades Torton para “taponear” las entradas a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) y las vialidades alrededor del inmueble gubernamental.

La medida, tomada el pasado jueves 6, fue para emplazar al gobierno de Javier Duarte a que cubra una deuda superior a 450 millones de pesos antes de que concluya su sexenio, el próximo 30 de noviembre.

A sólo 50 días de que el mandatario –suspendido de sus derechos como militante priista por el Comité Ejecutivo Nacional del partido– deje el poder, la protesta social y burocrática se encuentra en su punto de ebullición más alto.

Así, por ejemplo, estudiantes de la Universidad Veracruzana (UV) rompieron una piñata con el rostro de Duarte en protesta por el impago de becas “Manutención” desde hace cinco meses y el alza a la tarifa del transporte público, en tanto que maestros y jubilados exigen prestaciones pendientes a la Secretaria de Educación de Veracruz (SEV) y al Instituto de Pensiones del Estado (IPE), y campesinos y trabajadores de ingenios azucareros tomaron la Tesorería de Veracruz para reclamar el pago de proyectos productivos.

Más aún, dentro del aparato gubernamental, los trabajadores de la Secretaría de Salud encargados de prevenir y combatir el zika, dengue y chinkungunya llevan dos meses con protestas, paros de brazos caídos y quejas por el retraso en la nómina, mientras las enfermedades señaladas atacan con fuerza en zonas rurales y toman presencia en regiones urbanas.

Además, titulares del Poder Judicial del estado, Organismo Público Local Electoral (OPLE), Fiscalía General del estado, DIF y de la Secretaría de Desarrollo Social, entre otros, suelen quejarse en voz baja con los reporteros.

“No nos depositan las ministraciones y tenemos parados diversos programas. No hemos podido pagar a los empleados de confianza, no hay ni para viáticos. Tenemos que viajar por carreteras donde no se pague peaje, y se deben meses de servicios como agua y teléfono”.

En entrevista con Apro, magistrados del pleno del Consejo de la Judicatura dicen que de un presupuesto anual de mil millones de pesos al Poder Judicial del Estado (PJE), en este sexenio Duarte arrastra un pasivo de 500 millones de pesos.

En el IPE, Enrique Levet Gorozpe, integrante del Consejo Directivo, se quejó con la prensa y dijo que por concepto de cuotas de empleados y pensionados, el aparato judicial “debe” casi 400 millones de pesos. El PJE no niega el pasivo, y admite que la Tesorería de Duarte tiene pendientes millonarios por depositar.

Y el equipo jurídico de la Universidad Veracruzana (UV) ya solicitó a un juez de control que le autorice “el embargo precautorio” del World Trade Center (WTC) en Boca del Río y el Velódromo de Xalapa –con un costo de 400 millones de pesos, construido para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014–, para “garantizar” el pago de más de mil millones de pesos en subsidios estatales y transferencias federales que les adeuda el gobierno.

Así, Duarte de Ochoa, secretarios de despacho y exservidores públicos enfrentan más de medio centenar de denuncias que son revisadas por la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la Procuraduría General de la República (PGR).

Una treintena de estas querellas fueron presentadas por el departamento jurídico de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), y el resto por políticos de oposición (PAN y PRD), entre ellos el gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares.

Los delitos por los que la ASF y opositores acusan al gobierno de Duarte son los mismos: peculado, uso indebido de funciones, desvío de recursos y presunto enriquecimiento ilícito.

Deudas por todos lados…

Luego de 88 años de gobiernos priistas, por primera vez Veracruz será encabezado por una coalición opositora a la que Javier Duarte entregará el estado en condiciones muy adversas.

Tan solo la deuda bancaria del estado supera los 52 mil millones de pesos, además de que existe un “pasivo revolvente” con proveedores, contratistas y prestadores de servicios de 12 mil millones de pesos aproximadamente, admitió el titular del Órgano de Fiscalización (ORFIS), Lorenzo Portilla, en su última visita al Congreso local.

Y la deuda con “terceros institucionales” es incalculable, ya que varios titulares de Organismos Públicos Descentralizados u Organismos Autónomos no han querido revelarla por ser afines a Duarte.

El pasado jueves 6, las bancadas del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano citaron a rueda de prensa para informar que el presunto daño patrimonial a la Cuenta Pública 2015 asciende a 9 mil 231 millones 889 mil 559 pesos, lo que representaría el 10% del Presupuesto Estatal del Ejercicio fiscal 2015.

“Uno de cada diez pesos del presupuesto se lo robaron o no supieron en qué se lo gastaron. Son cifras históricas en el país”, fustigó el diputado Julen Rementería.

El panista recriminó que de este daño patrimonial, 2 mil 993 millones 930 mil 306 pesos corresponden al IPE. “Seguramente son de la Reserva Técnica que Pensiones (sic) le prestó al gobierno de Veracruz para pagar lo apremiante y que no ha regresado, y probablemente no regresará”.

En el noticiero de Loret de Mola, el titular de la ASF, Juan Manuel del Portal, fue claro sobre los responsables del quebranto financiero a Veracruz: “No son (solo) contra Duarte, sino contra los recursos mal usados, o sea, toda la administración de Veracruz. Nosotros no puntualizamos responsable directos, sino los hechos que encontramos”.

Duarte “masificó” la corrupción: UV

Para Hilario Barcelata Chávez, del Observatorio de Finanzas Públicas de la Universidad Veracruzana, lo que sucedió con el gobierno de Duarte fue que “masificó la corrupción” para “licuar”, sin dejar rastro, “las participaciones federales” y desviar miles de millones de pesos.

“Corrompieron prestanombres, gente de catastro, notarios públicos, del registro público, funcionarios públicos de la Tesorería, jueces, magistrados, gente de la Fiscalía… Construyeron dentro del gobierno una empresa bien aceitada del crimen organizado”, resume.

Alberto Olvera Rivera, del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana, refiere que esta nueva oleada de “funcionarios priistas corruptos” tuvieron como referencia “el mantra histórico” heredado por el exgobernador Fidel Herrera Beltrán –hoy cónsul en Barcelona–, quien solía decir: “Todo lo que tiene precio, sale barato”. Sin embargo, Olvera advierte que la actual administración actuó como si los recursos fueran eternos.

“Hubo cantidades inadmisibles a funcionarios de pensiones (IPE), dinero a manos llenas a sindicatos magisteriales, compraron a los campesinos, cooptaron a la oposición. Hubo dinero sin control, sin cálculo, gastaron como si el dinero fuera a durar toda la vida. Hubo un manejo clientelar masivo”, expone el investigador universitario.

De igual manera, sostiene que durante la primera mitad del sexenio, el gobierno de Javier Duarte y sus colaboradores quisieron resolver, matizar y disuadir cualquier tipo de protesta con dinero, siempre con manejos “obscuros” y discrecionales.
“Hicieron cuentas y repartieron recursos como si el dinero fuera inacabable. Las etiquetas presupuestales del gobierno federal fueron solo una ilusión óptica. Jamás respetaron las normas en un estado donde el 95% de los recursos son federales. Ejercieron el dinero como Dios les dio a entender”.

Con una tabla estadística presupuestal de recursos no ejercidos, elaborada durante el sexenio de Duarte, Hilario Barcelata ataja que se dejaron de ejercer 10 mil millones de pesos en seguridad, 11 mil millones en subsidios para la educación y 11 mil millones de pesos en fondos para el desarrollo social (combate a la pobreza y al Seguro Popular).

“Tampoco le transfirieron recursos al IPE, no le pagaron a la Universidad Veracruzana, no le pagan a los pensionados vitalicios, tampoco solventan los pasivos con contratistas y proveedores. Y hoy ya no le pagan ni transfieren a nadie”, subraya.

Y advierte que en una hipotética “licuadora” que hicieron con los recursos federales, la Secretaria de Finanzas y Planeación actuó como una “mafia”, con una doble contabilidad para “maquillar” las entradas y salidas.

En ese actuar, el investigador duda de la escolaridad del aún mandatario veracruzano: “Duarte firma como doctorado en economía, pero yo dudo que lo sea, es más, yo tengo su tesis y está demasiado cuestionable. Desde siempre nos demostró que no estuvo apto para el cargo, no era elegible”.

Ambos investigadores de la UV coinciden en que pese al desastre financiero, las vejaciones y destrozos al sector salud y al educativo, así como la crisis en materia de inseguridad en que Javier Duarte deja el estado, la impunidad que persiste en el sistema político mexicano lo hará salir avante y sin responsabilidad penal.

“Hoy a Duarte le gritamos, le mentamos la madre ¿Y?… Nos sigue debiendo (a la UV) ¿Y? Se va a ir impune”, lamenta Barcelata.
A su vez, Alberto Olvera explica que Duarte pertenece a la clase de sátrapas de gobernadores locales que desinstitucionalizaron a los gobiernos locales a través de la corrupción, la filtración de los grupos criminales y la incompetencia, como pasó –apunta– no sólo en Veracruz, sino en Quintana Roo, Chiapas y Chihuahua, aunque la entidad veracruzana, ataja, se lleva el primer lugar.

“Por la inconcebible incapacidad política y administrativa de Javier Duarte, fue particularmente incompetente, enloquecido por el poder, al igual que los otros”.

Sin embargo, advierte que gracias a los “pactos informales” con el gobierno federal, el “intercambio de favores”, el financiamiento de campañas y el otorgamiento discrecional de cargos públicos, Duarte “y otros mandatarios” hoy tienen la seguridad de que van a quedar impunes.

“Hay una cadena de impunidad en donde existe una corresponsabilidad de los estados con la Federación”, resume Olvera. Y sostiene que la Auditoría Superior de la Federación supo año con año de los malos manejos del gobierno de Veracruz porque nunca intervino la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

 

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