JOJUTLA, Mor. (apro).- El titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que en los últimos cuatro años se ha reducido considerablemente el delito de secuestro en México. En el marco del Congreso Internacional de Lucha contra el Secuestro y la Extorsión, el funcionario federal dijo que en los primeros tres años del gobierno de Enrique Peña Nieto (de 2012 a 2015), el índice de secuestro disminuyó 25%, pero de 2013 a la fecha bajó hasta 35%, lo que –añadió– representa un enorme logro. Ante especialistas de más de 25 países, donde se anunció la creación de una Agencia Internacional para el Combate al Secuestro, Osorio Chong aseguró que entre 2008 y 2012 ese delito iba al alza, pero las decisiones tomadas por el gobierno de Peña Nieto, subrayó, ayudaron a mejorar la situación. Y destacó que el presidente de la República lanzó la iniciativa de crear la Coordinación Nacional Antisecuestros “para terminar con los esfuerzos aislados y para acabar con la competencia absurda entre autoridades”, dado que eso no abonaba a la resolución del problema, sino que más bien traía como consecuencia que se multiplicaran los casos. El exgobernador de Hidalgo hizo un llamado a responder a las víctimas con acciones y dejar los discursos y las buenas intenciones. Por ello, dijo, para disminuir el secuestro a tasa cero es fundamental el “fortalecimiento de las instituciones actuando de manera conjunta, frontal y castigando a los delincuentes”. Al evento acudieron el gobernador de la entidad, Graco Ramírez; el titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales Heredia; la comisionada nacional Antisecuestros, Patricia Bugarín, y representantes de seguridad pública de otros estados de la República y de otras naciones. Una de las propuestas que causó mayor revuelo entre los participantes fue la de un ombudsman que defienda los derechos humanos de policías, militares y marinos, lanzada por la organización Alto al Secuestro en el contexto de la reciente agresión que padeció un convoy militar en Culiacán, con saldo de cinco militares muertos. Años atrás el general brigadier José Francisco Gallardo Rodríguez propuso la creación de un ombudsman militar, lo que le costó la cárcel, en épocas en que el secretario de la Defensa Nacional era Antonio Riviello Bazán. Morelos es ejemplo de “forensia”: Graco El gobernador de Morelos presumió que su gobierno es un “ejemplo” en “la forensia” (sic) al haber “transparentado y regularizado” lo que ocurrió en las fosas clandestinas de Tetelcingo. En conferencia de prensa, el perredista aseguró que las fosas habilitadas por la Fiscalía General de Morelos “no son clandestinas, son legales en un panteón irregular”. Por ello, agregó, “vamos a pedir como gobierno que, siguiendo el ejemplo que se hizo en la fosa de Tetelcingo, en Cuautla, vamos a proponer a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que se haga una recomendación para todos (los gobiernos de los estados) y se pueda comenzar con la regularización de todas las fosas comunes que según (son) regulares, pero tienen fallas en el sistema de identificación y forencia que permita la identificación de víctimas”. Si el panteón de Tetelcingo es “irregular”, es un “asunto de los municipios”, sostuvo. “Hay muchos panteones irregulares, no regulados, por los municipios”, pero la fosa clandestina de la Fiscalía, apuntó, “es legal”. Asimismo, adelantó que los familiares de Oliver Wenceslao tendrán la reparación del daño que corresponde, de acuerdo con la Ley de Víctimas vigente en el estado. Las fosas clandestinas de Tetelcingo se abrieron en 2014 y en ellas se inhumaron más de cien cuerpos, entre ellos el de Oliver Wenceslao, quien fue secuestrado y asesinado en 2013. A pesar de estar plenamente identificado, el cadáver del joven fue inhumado y rescatado por su familia en diciembre de 2014. Desde entonces iniciaron la lucha para que las fosas fueran abiertas y los cuerpos plenamente identificados y entregados a los familiares. El pasado 6 de octubre, cuando la CNDH emitió una recomendación al gobierno de Graco, el ombudsman Luis Raúl González aseguró que las fosas tenían condiciones de clandestinidad y muchas similitudes con las que cavan los grupos de la delincuencia organizada. Según Graco Ramírez, la recomendación del organismo de derechos humanos reconoció el trabajo “de forensia” de las autoridades morelenses y, por ello, ahora él “recomendará a la CNDH” un protocolo para que se haga lo mismo en los otros estados del país.