CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) acreditó 15 investigaciones, seis de ellas de oficio, por violaciones a derechos humanos cometidas contra menores de edad internados en alguna de las Comunidades para Adolescentes, a las que consideró “un constante riesgo para la seguridad de las personas adolescentes y jóvenes que cumplen una sanción”. Por ello emitió una recomendación (12/2016) dirigida a la Secretaría de Gobierno en su calidad de autoridad responsable, así como a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en particular a la Dirección de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), en su calidad de autoridad colaboradora. Las Comunidades para Adolescentes están adscritas a la Dirección General de Tratamiento para Adolescentes (DGTA). El organismo que encabeza Perla Gómez aseguró que se documentaron y acreditaron las violaciones contra los menores, quienes "han sido objeto de lesiones graves, de tratos crueles, inhumanos y degradantes, y algunos también han sufrido discriminación, debido a su identidad de género". La CDHDF señaló que además las autoridades de la mencionada dirección no ha cumplido con su obligación de proteger a los adolescentes y evitar que sean agredidos de manera verbal o física por otros menores internados en la misma comunidad, incluso ellos mismos incurrieron en agresiones contra los jóvenes, así como elementos de un grupo operativo denominado GruSec, en cumplimiento a las consignas ordenadas por las autoridades adscritas a la dirección, a través del uso indebido y desproporcionado de la fuerza. Gómez mencionó que la DGTA tampoco ha cumplido con su obligación de dar el debido mantenimiento a las instalaciones y condiciones de infraestructura al interior de las Comunidades Especializadas, en específico la Comunidad de Tratamiento Especializado para Adolescentes y la Comunidad de Diagnóstico para Adolescentes, lo cual genera la violación al derecho a un nivel de vida adecuado. Así mismo, han omitido establecer al interior de las Comunidades Especializadas de Tratamiento, instalaciones para el ejercicio del derecho a la visita íntima. Respecto del Derecho a la Igualdad y a la No Discriminación de las Personas Adolescentes y Jóvenes que cumplen una medida de sanción por motivos de género, las autoridades de la Dirección General de Tratamiento para Adolescentes, basadas en estereotipos y prejuicios, obligaron a dos adolescentes de la Comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Trasvesti, Transexual, Transgénero e Intersex (LGBTTTI), a modificar su comportamiento y actitudes de una manera distinta a la identidad sexo-genérica que eligieron. La CDHDF halló una falta de capacitación y especialización por parte de las personas servidoras públicas para brindar una atención adecuada y tratamiento personalizado a estas dos personas, lo que vulneró sus derechos y constituyó diversas conductas de discriminación en su agravio durante su internamiento. Respecto al Derecho a un Nivel de Vida Adecuado y Trato Digno a las Personas Adolescentes y Jóvenes que cumplen una medida de sanción, las autoridades de la Dirección General de Tratamiento para Adolescentes no han cumplido con su obligación de dar el debido mantenimiento a las instalaciones y condiciones de infraestructura al interior de las Comunidades Especializadas, en específico a la Comunidad de Tratamiento Especializado para Adolescentes y la Comunidad de Diagnóstico para Adolescentes, lo cual genera la violación al Derecho Humano de las Personas Jóvenes y Adolescentes a un Nivel de Vida Adecuado en la ejecución de su medida de sanción. Se solicitó la colaboración de la Contraloría Interna en la Secretaría de Gobierno y de la Procuraduría General de Justicia, ambas de la Ciudad de México, para que se investigaran las presuntas responsabilidades de servidoras y servidores públicos; asimismo, se dio vista al Tribunal Superior de Justicia, a efecto de que la situación de violencia que prevalece en estas Comunidades, se hiciera del conocimiento de los Jueces de Ejecución especializados en Justicia para Adolescentes. Sobresale que se desconoce y/o no se cuenta con Protocolos de Revisión corporal de las personas que entran a las Comunidades, debidamente autorizada, así como de sus pertenencias y de los alimentos que ingresan a éstas, lo que motiva la investigación de algunas de las quejas que recibió el organismo. "Lamentamos que la Directora General de Tratamiento para Adolescentes no haya acudido al llamado de este organismo, que se le formuló por conducto de la Segunda Visitaduría General, con el objetivo de dar a conocer los casos que el día de hoy referimos en la presente Recomendación, así como los temas que nos preocupan con relación a esta población que vive en un contexto de vulnerabilidad", dijo la ombudsperson capitalina.