GUANAJUATO, Gto. (apro).- El presidente el Supremo Tribunal de Justicia, Miguel Valadez Reyes, planteó la necesidad de que los jueces locales que llevan casos que se prevén peligrosos o que involucren a personajes específicos en materia de delincuencia organizada, reciban protección, así como vehículos especiales para su traslado. El magistrado habló sobre el asesinato del juez guanajuatense Vicente Bermúdez Zacarías, perpetrado el lunes 17 por un sicario cuando la víctima corría cerca de su casa en Metepec, Estado de México. Y es que el asesinato, dijo Valadez, “pone de manifiesto que si se creía que la labor del juez es puramente técnica, desde el punto de vista personal, de lo que cada juzgador realiza en su función, tiene riesgos muy graves y es imprescindible poner atención en lo que esto significa”. El juez debe prepararse para enfrentar situaciones cada día más difíciles, apuntó, al señalar que los impartidores de justicia en Guanajuato deben atender cada vez más casos que están vinculados con delincuencia organizada, con los peligros que esto conlleva. Casos de secuestro y narcomenudeo que son llevados por los jueces estatales están relacionados con el crimen organizado, ejemplificó. “Lo aconsejable no es que se requiera un guardaespaldas para cada uno de los y las jueces, y no lo hemos solicitado, pero sí creo que deberíamos ir pensando en que en asuntos muy delicados o con personajes muy específicos, pudieran brindarnos una protección policiaca para quien tenga a su cargo este asunto, de manera excepcional en esos casos”. La otra opción sería contar con vehículos con alguna seguridad para el traslado el juez mientras lleva estos casos, propuso. El magistrado recordó que en algunos sistemas se ha recurrido a los llamados “jueces sin rostro”, como se implementaron en Colombia en los años críticos del combate a los cárteles del narcotráfico, pero opinó que sería muy difícil transitar a ese sistema para garantizar que sean juzgadores plenamente certificados quienes lleven a cabo estas tareas. “Debe buscarse que se equilibre la seguridad jurídica del procesado y la seguridad del propio juzgador”, puntualizó.