Urgen al Senado a dictaminar la Ley de Archivos sin candados ni reservas restrictivas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Más de 20 colectivos ciudadanos a favor del acceso a la información y a la transparencia, así como académicos y especialistas, exhortaron al Senado para que se dictamine y apruebe una Ley General de Archivos que está pendiente desde febrero de este año.

También pidieron apoyar al Archivo General de la Nación, cuyo presupuesto para 2017 prevé una drástica reducción de 78% al pasar de 321.2 millones de pesos a 67.5 millones de pesos.

En una carta pública enviada al presidente del Senado, Pablo Escudero, a los coordinadores de las bancadas y a los presidentes de las comisiones de Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Gobernación y de Estudios Legislativos, los colectivos y académicos denuncian que desde inicios de 2016 se formó un grupo plural de trabajo para redactar una Ley General de Archivos.

“Por razones que desconocemos, las propuestas trabajadas se encuentran detenidas y no se han presentado formalmente como iniciativas”, precisan en su carta organizaciones como Alianza Cívica, Fundar, Cencos, Artículo 19, Colectivo por la Transparencia, Incide Social y decenas de especialistas.

Los impulsores de esta Ley General de Archivos consideran que ésta es una “condición indispensable” para la materialización del derecho a la información, ya que “una incorrecta gestión puede minar la producción académica, histórica e investigativa”.

También subrayan que debe ser el Archivo General de la Nación (AGN) y no la Secretaría de Gobernación la institución que ejerza el modelo de rectoría del sistema nacional de archivos.

“El Archivo General de la Nación tiene la capacidad, profesionalización y conocimientos técnicos, y la Secretaría de Gobernación no debe ser la instancia encargada de plantear los lineamientos”, puntualizan.

La capacidad de acción del AGN ante sus nuevas obligaciones “no han sido consideradas” en los proyectos de ley ni en el presupuesto de 2017, ya que se propone una reducción de 78% de sus recursos.

“Los archivos históricos deben conservar su carácter público. Cualquier restricción debe ser eliminada sin ambigüedades, es decir, no debe ser considerada como reservada ni confidencial”, sentencian en su carta.

El riesgo es que los archivos históricos, como los relacionados con la guerra sucia de los años 70 y con los de la reciente guerra contra el crimen organizado, sean reservados por varios años ante la ausencia de una Ley General de Archivos.

El otro riesgo es que no se cuente con una ley que organice y administre de manera homogénea los archivos de los tres órdenes de gobierno para determinar las bases de organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Archivos.

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