CHILPANCINGO. Gro. (apro).- A la sombra del narco, la violencia, la corrupción y el nepotismo, Héctor Astudillo Flores cumple un año en la administración estatal, donde la opacidad y la falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos ha caracterizado su gobierno. El 27 de octubre del año pasado, Astudillo anunció durante su toma de protesta en el Congreso local que en un año iba a disminuir la incidencia delictiva y reestructurar los cuerpos policíacos en la entidad. Se comprometió a transformar la administración pública para construir “un gobierno honesto” para estimular la cultura de la legalidad y erradicar la impunidad, así como “los privilegios de unos cuantos”. También, habló sobre la conformación de un gabinete con personas de alta solvencia ética y moral, comprometido con “la rendición de cuentas, la transparencia y los derechos humanos”. Incluso, criticó a la administración de sus antecesores, Rogelio Ortega y Ángel Aguirre Rivero, al señalar que la crisis económica en la entidad ascendía a más de 18 mil millones de pesos y dijo que había detectado “gastos inadecuados” en la Secretaría de Educación, así como adeudos pendientes y desvío de recursos para cubrir la nómina del sector central. En ese entonces afirmó que la crisis había crecido con la nómina burocrática de “discutible eficacia y eficiencia” y ante el desvío de recursos de programas sociales para cumplir con los gastos de los trabajadores del sector central. No obstante, en los hechos, la administración de Astudillo ha replicado las mismas prácticas e irregularidades que criticó y, a la fecha, el nivel de inseguridad y violencia se mantiene igual que hace 10 años, es decir, con un promedio anual de dos mil homicidios dolosos y la estadística oficial refleja un repunte en extorsión y secuestro. Además, Astudillo decidió comprometer las participaciones federales del próximo año destinadas a inversión social para solventar el millonario desvío de recursos públicos generado a partir de la administración de sus antecesores, Ángel Aguirre y Rogelio Ortega, que asciende a más de 6 mil 600 millones de pesos. El miércoles 19, Apro dio a conocer que en el proyecto de presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2017 Astudillo privilegia el gasto corriente burocrático y contempla un donativo de 47 millones de pesos para la fundación Teletón por concepto de “gasto público en salud”. El documento oficial enviado al Congreso local, advierte que, para “enfrentar el problema de los créditos fiscales” que reclama la federación por concepto del no pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y un adeudo con el Sistema de Administración Tributaria (SAT) desde 2013, el gobernador está “concertando” una estrategia con el presidente Enrique Peña Nieto y funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La estrategia buscaría “establecer convenios para liquidar de forma diferida, incluso con quitas (recorte a las participaciones federales) al nivel del saldo deudor”. La intención es solventar con recursos públicos el millonario desvío de sus antecesores, dándoles impunidad, en lugar de fincarles responsabilidad administrativa o penal por retener a los trabajadores estatales el ISR y utilizarlo para otros fines, en lugar de transferirlo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Corrupción y opacidad Otro ejemplo del pacto de impunidad que mantiene Astudillo con Aguirre se refleja en el hecho de que la empresa Silimpia, propiedad de Igor Aguirre Vázquez, ha sido beneficiada con la adjudicación irregular de contratos millonarios del gobierno estatal por el concepto de brindar seguridad privada en el parque industrial El Ocotito y realizar limpieza de hospitales en el puerto de Acapulco, indican documentos oficiales. Aguirre Vázquez es sobrino del ex gobernador Ángel Aguirre y durante su administración se desempeñó como director administrativo de la Promotora y Administradora de Playas de Acapulco, y en marzo de 2012 fue denunciado por el director del organismo público autónomo en ese entonces, Rogelio Hernández Cruz, por haber desviado tres millones de pesos. A pesar de la denuncia por presuntos actos de corrupción, Astudillo premió a Igor Aguirre y su empresa convirtiéndola en uno de los principales proveedores de servicios del gobierno estatal, mientras las autoridades mantienen en la opacidad la cantidad y el monto de los contratos que le han otorgado a Silimpia, que lo mismo ofrece servicios de limpieza, fumigación, seguridad privada y renta de camionetas blindadas, cuando la información se considera como pública de oficio. La opacidad y falta de transparencia del gobierno de Astudillo también se reflejan en el gasto de publicidad oficial, ya que se han negado de manera sistemática a informar sobre el uso de esta partida millonaria que los funcionarios siguen distribuyendo conforme a criterios políticos e intereses privados. Al respecto, las organizaciones civiles Artículo 19 y Fundar han advertido que existe una preocupación particular por la opacidad que existe en Guerrero desde el sexenio pasado, porque este hecho se ha convertido en el medio idóneo para controlar las líneas editoriales de los medios, práctica implementada por gobernadores opacos que es definida como “censura sutil o indirecta”. Inseguridad En el tema de seguridad, la administración de Astudillo no ha logrado cumplir con el compromiso público de certificar las corporaciones policiacas estatales y los 81 municipios que conforman la entidad. A la fecha, de los 4 mil 189 policías agentes de la policía estatal, solo 834 elementos se encuentran acreditados, refiere un informe de la Secretaría de Seguridad Pública que fue entregado al Congreso local a mediados de este año. El documento oficial refiere que entre 70 y 80 policías estatales están adscritos en cada una de las ocho regiones que conforman la entidad, debido a que el resto, 77 por ciento de la fuerza estatal, realiza labores de escoltas de funcionarios, empresarios y activistas, así como vigilancia de las cárceles y edificios públicos. Astudillo, tampoco ha consolidado el proyecto de mando mixto policial, esquema que ha sido aceptado por 55 alcaldes, mientras que otros 26 lo han rechazado. En el caso de la conformación de su gabinete, Astudillo optó por designar a personajes de negro historial y cedió puestos importantes a hijos de caciques, amigos y compadres. En este contexto, Astudillo cumple un año en la administración estatal en medio del impulso de cinco proyectos estratégicos de desarrollo enfocados en el sector minero y portuario en zonas controladas por el narco donde los nexos de autoridades y delincuentes es cada vez más evidente.