Interponen queja ante la CNDH contra funcionario de Colima por tráfico de influencias

El actual secretario general de Gobierno de Colima, Arnoldo Ochoa González. Foto: Especial El actual secretario general de Gobierno de Colima, Arnoldo Ochoa González. Foto: Especial

COLIMA, Col. (apro).- Los hermanos Francisco Javier y Alejandro Osorio Medina interpusieron una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en contra del exgobernador interino y actual secretario general de Gobierno de Colima, Arnoldo Ochoa González, a quien acusaron de recurrir al tráfico de influencias para despojarlos de un rancho.

En el escrito de queja, suscrito por Francisco Javier Osorio por su propio derecho y en representación de su hermano, se narra que en 2002 ambos agricultores compraron el rancho denominado “Las Ánimas” o “Los Coyotes”, de 284 hectáreas, en la localidad Los Ortices, del municipio de Colima y recibieron la posesión legal y material por parte de “su legítimo dueño”, Salvador Solís Orozco.

Sin embargo, semanas después se presentaron en el inmueble un hermano del entonces diputado federal Arnoldo Ochoa y un abogado, quienes argumentaron que el verdadero dueño era el legislador, quien supuestamente había comprado la propiedad a Solís.

Clasificada bajo el expediente 92157/2016, la queja ante el organismo humanitario refiere que “a través de los años, utilizando documentos y pruebas falsas y valiéndose de las influencias que ha tenido en el gobierno por los puestos que ha ocupado”, Arnoldo Ochoa pretende sacar a los dos hermanos del rancho que “con tanto esfuerzo, sacrificio y trabajo hicimos productivo”.

Francisco Javier Osorio señaló que han recurrido a todas las instancias legales posibles pero han topado con “el favoritismo, indiferencia y parcialidad” a favor del funcionario, por lo que consideró que éste y demás autoridades están violando los derechos humanos de él y de su hermano.

En entrevista, Francisco Javier Osorio señaló que en los últimos años Ochoa González ha utilizado a elementos y patrullas de la Policía Estatal y de la Procuraduría General de Justicia para intentar intimidarlos y presionarlos para que le entreguen el rancho.

De acuerdo con el quejoso, los recibos con los que el funcionario trató de acreditar el pago del rancho a Salvador Solís contienen firmas que fueron declaradas falsas a través de un examen grafoscópico, pero esas evidencias, dijo, no fueron tomadas en cuenta en el proceso judicial porque los recibos originales fueron sustraídos del expediente y sustituidos por copias.

Vidal Montaño Medina, hermano de los afectados, comentó a su vez que el peritaje en el que se concluyó que las firmas no provenían del puño y letra de Salvador Solís fue presentado como prueba superviniente, pero fue rechazado debido a “una serie de trucos que han utilizado en los juicios, además de que los jueces siempre han ayudado al funcionario por el tráfico de influencias”.

Con esta situación, añadió Vidal Montaño, “se están pisoteando los derechos de dos campesinos que han trabajado el rancho que tenía 15 o 20 años de abandono, que lo acondicionaron para la siembra de aproximadamente 90 hectáreas de caña de azúcar, con sistema de riego, bordos de almacenamiento de agua, canales de 3 kilómetros y medio y la introducción de la electricidad, pero ahora que está todo arreglado ese señor quiere quedarse con él”.

Osorio Medina indicó que después de que el asunto fue concluido en los juzgados locales, con apelaciones en segunda instancia y un juicio de amparo que resultaron a favor de Ochoa González, el caso no fue admitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y los hermanos Osorio Medina quedaron en la indefensión, por lo que decidieron recurrir a la CNDH y valoran también pedir la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington.

Francisco Javier Osorio recordó que a principios de este año él y su hermano interpusieron una denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia en contra del secretario general de Gobierno, pero ésta no ha avanzado.

Así también, presentaron una demanda de juicio político contra el mismo funcionario, pero de igual manera el asunto no ha prosperado en la Comisión de Responsabilidades del Congreso del estado.

En enero pasado, la única vez que se han referido al asunto, Gustavo González Chacón y Cuauhtémoc Gómez Cabezud, abogados del secretario general de Gobierno, afirmaron en rueda de prensa que Arnoldo Ochoa es propietario del rancho “Las Ánimas” o “El Coyote” desde hace 30 años.

Sin embargo, argumentaron que ante la tardanza de Salvador Solís Orozco para la escrituración, en 2002 entabló el juicio 603/02, mediante el cual le fue otorgada la escritura pocos años después.

Refirieron que después de varios procedimientos judiciales a los que recurrieron las partes, el 26 de febrero de 2015 se condenó a los hermanos Osorio a entregar el rancho con sus frutos, accesorios, instalaciones y todo aquello que se haya mejorado en la propiedad, además del pago de daños y perjuicios a través de una renta hasta que sea entregado.

En esa ocasión, Cuauhtémoc Gómez señaló:

“Es indudable que nuestro representado acudió a los tribunales, que le han dado la razón jurídica y han trascurrido 13 años, por lo que se puede advertir que nuestro apoderado jamás ha hecho uso de influencias o aprovechado de sus funciones de servicio público para obtener ventajas en algún asunto en particular”.

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