Urge CIDH a Peña indagar si crimen de juez está ligado a casos que tuvo a su cargo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió al gobierno de Enrique Peña Nieto a esclarecer el asesinato de Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, juez quinto de Distrito en Materia de amparo y juicios civiles federales con sede en Toluca, ocurrido el pasado 17 de octubre, así como a dar garantías de seguridad a los impartidores de justicia del país.

En un comunicado, el organismo de la OEA condenó el crimen y conminó a “incluir entre las hipótesis de la investigación la posibilidad de que el crimen esté vinculado a las causas que el juez tuvo a su cargo” y advirtió que “ha recibido información sobre otros casos de asesinatos, agresiones y amenazas contra jueces y juezas en México”.

La CIDH expresó su preocupación por el homicidio de Bermúdez Zacarías, quien fue ejecutado de un tiro en la cabeza en las inmediaciones de su domicilio en el municipio de Metepec, muy próximo al penal de alta seguridad del Altiplano.

El organismo llamó al Estado mexicano a “adoptar en forma inmediata y urgente todas las medidas necesarias a fin de garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de juezas y jueces y de todos los operadores de justicia en el país”.

El organismo tomó nota “de las palabras del presidente de México, Enrique Peña Nieto, quien lamentó la muerte del juez (…) y pidió a la Procuraduría General de la República (PGR), atraer el caso, realizar las investigaciones correspondientes y establecer responsabilidades”.

Al recordar que casos como el de Bermúdez, es obligación del Estado investigar de oficio, la CIDH reconoció la declaración del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar Morales, sobre la importancia de garantizar la seguridad a los impartidores de justicia, de manera que puedan tomar decisiones de forma imparcial.

“En efecto, es indispensable que México garantice la seguridad de sus operadores de justicia, porque de lo contrario el ejercicio de la función jurisdiccional puede verse gravemente afectada, frustrando el acceso a la justicia”, agregó la CIDH.

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