CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El procurador general de Justicia del Estado de México, Alejandro Gómez Sánchez, no descartó que el “justiciero” de la México-Toluca, pueda pertenecer a alguna corporación policial. Aunque aclaró que no hay elementos para asegurarlo, “por el tipo de arma, estrictamente por el tipo de arma, podríamos pensar que se trata de un arma de las que usan reglamentariamente algunas corporaciones policiales, pero es por el tipo de arma, no es otra cosa más que eso hasta este momento”. Según la versión difundida hasta ahora, el pasado lunes 31 de octubre, cuatro sujetos a bordo de un autobús que se dirigía a la Ciudad de México, amenazaron a los pasajeros con un arma de fuego para despojarlos de sus pertenencias. Sin embargo, cuando los presuntos delincuentes se disponían a descender de la unidad, uno de los pasajeros se puso de pie y les disparó, por lo que las lesiones realizadas les causaron la muerte. El autobús continuó su camino, pero el pasajero que realizó los disparos descendió de la unidad minutos adelante, sin que ninguno se percatara de su destino. Ayer, en un video en el que explica cómo ocurrieron los hechos, de acuerdo a versiones de testigos, el procurador Gómez Sánchez señaló que tienen pocas evidencias que pudieran llevar a la identificación del llamado “justiciero”. Al inaugurar la Oficina Coordinadora de Riesgos Asegurados (OCRA) de Atizapán de Zaragoza, este día el procurador mexiquense mencionó que la dependencia a su cargo trabaja para poder encontrar a una mayor cantidad de pasajeros que viajaban en el autobús, a fin de que den su versión de los hechos y éstos sean cotejados. Con respecto al surgimiento de “justicieros”, Gómez Sánchez explicó que los ciudadanos están facultados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a llevar a cabo una detención en flagrancia, siempre y cuando no pongan en riesgo su propia vida y la de terceros; no obstante, su obligación es poner a disposición a la o las personas ante la autoridad próxima y ésta, a su vez, ante el Ministerio Público, por lo que no se puede coartar este derechos establecidos desde 1917.