CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), James Cavallaro llamó al gobierno de Enrique Peña Nieto a desechar de una vez por todas la hipótesis de que los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula. En la presentación del plan de trabajo del Mecanismo de Seguimiento del caso Ayotzinapa, Cavallaro alertó que hay sectores que pretenden seguir alimentando la “verdad histórica”, a pesar de la imposibilidad científica de que el destino final de los jóvenes haya sido el descrito por el exprocurador Jesús Murillo Karam. Acompañado del relator para México, Enrique Gil Botero, y el secretario ejecutivo del organismo, Pablo Abrao, Cavallaro reiteró que la posición de la CIDH es la del Grupo Interdisciplinario del Expertos Independientes (GIEI), y que el mecanismo de seguimiento velará para que las observaciones formuladas en sus dos informes sean implementadas en la investigación para dar con el paradero de los estudiantes. Al insistir en que “hay que seguir las líneas factibles y tratar la investigación de forma coherente e integral”, Cavallaro lanzó varias preguntas a las que PGR estaría obligada a responder una vez que quedó científicamente comprobado que los jóvenes no murieron quemados en el basurero de Cocula. “Corresponde a la investigación responder ¿por qué seis personas dieron declaraciones en ese sentido (de que murieron en Cocula)?, ¿qué habrá pasado con varias de esas personas que sufrieron lesiones corporales?, ¿habrá habido presiones o qué intereses habría detrás para que se diesen declaraciones falsas?”, cuestionó. Cavallaro reconoció que “no se ha descartado, en todos los espacios del Estado, de forma definitiva esta hipótesis, esta idea del basurero de Cocula, y nuestra posición es la posición del GIEI, una posición basada en el estudio científico que demuestra la imposibilidad de un incendio suficientemente fuerte para incinerar 43 cuerpos”. Luego recordó que la recomendación de los expertos independientes “es que se descarte esa posibilidad, y se indague el porqué de las seis declaraciones sobre algo imposible, y cómo fueron construidas esas declaraciones”. Al contestar esas inquietudes, consideró el presidente de la CIDH, se llegaría a identificar a quienes “han obstaculizado la justicia y podríamos llegar a investigar cuál es el interés de seguir ciertas líneas sin fundamento en la realidad, en la posibilidad física de la ciencia”. El presidente de la CIDH delineó entre los temas pendientes a abordar las entrevistas con integrantes del 27 Batallón de Infantería, a los que no tuvieron acceso los miembros del GIEI; el análisis de telefonía celular de los estudiantes, aparatos que estuvieron activos después de los hechos de la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014. Además, el enriquecimiento de los funcionarios implicados en los hechos; las posibles torturas a que fueron sometidos 60 de 80 detenidos, casos analizados por el GIEI, y de manera particular esclarecer por qué el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (Tomás Zerón de Lucio) realizó diligencias en el río San Juan el 28 de octubre de 2014, mismas que no fueron integradas al expediente. Enrique Gil Botero recordó que es obligación del Estado mexicano, y no de la CIDH, “encontrar a los desaparecidos y de investigar, según las leyes nacionales e internacionales, para llegar a la verdad”, por lo que el mecanismo de seguimiento no lo releva de su responsabilidad con las víctimas y sus familias. Como responsable del equipo técnico de dar seguimiento puntual a las recomendaciones del GIEI, que surgen para atender las medidas cautelares 409-14 a favor de los estudiantes desaparecidos, Gil Botero refrendó la posición de Cavallaro, al señalar que “la cremación en el basurero de Cocula ha sido descartada”. A través del trabajo del GIEI, abundó, “es un aspecto histórico que ha sido derrumbado bajo elementos lógicos y científicos, por lo que tenemos que explorar unas posibilidades racionales y unos escenarios que nos den una satisfacción desde el punto de vista racional, del derecho y de las humanidades”. El relator para México resaltó que, debido al acuerdo firmado con el Estado mexicano al establecer el mecanismo de seguimiento, el personal de la CIDH no debe tener obstáculos para entrevistar y desarrollar “todas las perspectivas que tengan que ver con los avances de la investigación, todo lo que sea pertinente, y esa es la esencia del Mecanismo, se puede llevar a cabo”. El comisionado destacó que el Mecanismo determinará el cumplimiento de las 20 recomendaciones más relevantes del GIEI, así como verificará las “más de 200 falencias, y las líneas de investigación que falta por explorar y material probatorio pendiente de revisar”. Botero reveló que previo a la conferencia de prensa se reunieron con la canciller Claudia Ruiz Massieu, con el procurador Raúl Cervantes Andrade, así como con los subsecretarios de Relaciones Exteriores y de Gobernación, Miguel Ruiz Cabañas y Roberto Campa Cifrián, además del subprocurador Eber Betanzos. Por su parte, el secretario ejecutivo de la CIDH, Pablo Abrao, informó que para garantizar el funcionamiento del Mecanismo, proyectado para operar hasta noviembre del próximo año, el Estado mexicano aportó 565 mil 236 dólares, recursos con los que se podrá contratar peritos especializados de acuerdo con las sugerencias del equipo técnico, que estará integrado con cinco personas adscritas a la Secretaría Ejecutiva del organismo. El funcionario de la CIDH destacó que, tras una revisión del expediente, la próxima semana “se estará enviando a las autoridades mexicanas las primeras observaciones de diligencias que se requieren hacer, y el Estado mexicano estará obligado a dar una respuesta sobre la realización de esas acciones”. También destacó que entre las solicitudes de información que el Mecanismo de Seguimiento enviará al Estado mexicano se encuentra “por qué no hay una determinación oficial de la investigación que se abrió a Tomás Zerón”. Abrao presentó un cronograma de actividades que iniciaron este jueves con el encuentro con las autoridades y la prensa, para continuar este viernes 11 con una visita a la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, donde presentarán el plan de trabajo a los padres de los desaparecidos. De acuerdo con el cronograma, a partir de este jueves y hasta noviembre de 2017 se tienen programadas cuatro visitas oficiales que serán presididas por el relator Botero, y otras cuatro del equipo técnico, además de que se tienen consideradas tres audiencias públicas y tres reuniones de trabajo para la revisión del cumplimiento de las medidas cautelares. Sobre el encuentro sostenido este jueves, en un comunicado conjunto de las secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores, así como de la PGR, se señaló que en la primera reunión de trabajo entre el coordinador del Mecanismo, el comisionado Gil Botero, y representantes de “alto nivel”, se informó que “hasta el momento la Procuraduría ha dado cumplimiento a 93% de las recomendaciones que en su momento hiciera el GIEI, y que la indagatoria continúa siguiéndose en todas las líneas de investigación, sin excluir ninguna de ellas”. Según la comunicación oficial, se notificó al relator de México sobre “el uso de tecnologías avanzadas para la realización de nuevos operativos de búsqueda, y las medidas tomadas hasta ahora para atender integralmente a las víctimas”. Se indica que en el encuentro “se reafirmó la voluntad del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto no sólo para continuar trabajando en la atención del presente caso, sino también en lo que se refiere al seguimiento a las recomendaciones de la CIDH que resultaron de su visita en 2015, así como a otros casos pendientes ante la Comisión, con miras a identificar aquellos susceptibles de solución en el mediano plazo, de conformidad con los estándares internacionales”. Por último, las dependencias sostuvieron en su comunicado que la realización de la primera visita del Mecanismo de Seguimiento “es una muestra no sólo del compromiso para fortalecer la cooperación con la con la Comisión y con el relator Gil Botero, sino también para atender de manera efectiva el caso Iguala, privilegiando la interlocución que el gobierno de la República ha establecido con los familiares de las víctimas y sus representantes”.