CAMPECHE, Camp. (apro).- A una semana de que el gobierno de Yucatán declaró su territorio libre de transgénicos, en esta entidad el Colectivo Apícola de Los Chenes y representantes de comunidades mayas denunciaron que, pese a la prohibición de la SCJN, continúa la siembra de soya genéticamente modificada. Los productores adelantaron que interpondrán una queja por responsabilidad administrativa en contra de las autoridades federales por evadir su deber de vigilar el cumplimiento de ese mandato judicial, alentando así la impunidad. En un comunicado, el colectivo Apícola de Los Chenes y los representantes de los pueblos mayas que participan en el proceso de consulta indígena por la siembra de soya transgénica reprocharon la actitud de las instancias federales involucradas en el asunto y les exigieron “que cumplan la ley y hagan su trabajo, sancionando a quienes sembraron ilegalmente en zonas donde no hay un permiso vigente”. Luego recordaron que además de los amparos que la Corte les concedió para detener la siembra de soya transgénica en Campeche, se pactaron varios acuerdos con autoridades de la Sagarpa, Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem) y Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). Aun así se ha detectado y denunciado por diversas vías que persiste la siembra de soya transgénica en la entidad, concretamente en el municipio de Hopelchén, pero las autoridades federales han hecho caso omiso. “La temporada de soya comenzó en junio y, después de estos meses, en sus informes nos reportan que han realizado sólo tres monitoreos que suman ocho días de trabajo, cinco pruebas de laboratorio y 10 visitas de verificación en todo el estado de Campeche”, acusaron. También insistieron en que “pese a que 24 muestras dieron positivo a soya transgénica por tira reactiva, éstas no se han asegurado por las autoridades”. Por ello, destacaron que al cabo de tres reuniones “en las que no se avanza, y que ha llegado el tiempo de la cosecha sin tener ningún avance al respecto”, decidieron interponer una queja por responsabilidad administrativa ante el Órgano Interno de Control de Senasica y de Sagarpa. “Porque los funcionarios no han cumplido con eficiencia y responsabilidad las obligaciones que la ley les otorga, en particular la de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados, la Constitución y los tratados internacionales que protegen nuestros derechos”, recalcaron. Además de que “estamos denunciando estas omisiones ante los órganos más altos del sistema jurídico mexicano y ante instancias internacionales de defensa de derechos humanos”. “Nos entristecemos y sentimos vergüenza por la inutilidad de nuestras autoridades federales cuando se trata de defender los derechos de las comunidades indígenas”, acotaron, pues en su región “se está conformando un ambiente de impunidad, como si no hubiera gobierno, propiciado por la omisión y el tortuguismo de las autoridades federales”. Asimismo, cuestionaron la confiabilidad del proceso de consulta a las comunidades indígenas sobre la siembra de soya transgénica que la SCJN, acción que se les ordenó reponer. “La falta de diligencia, legalidad, eficacia, transparencia y de buena fe demerita la participación respetuosa y ordenada de nuestras comunidades en la consulta”, señalaron y exigieron a los funcionarios involucrados que “si no tienen la capacidad para hacer valer la ley, se retiren de sus cargos”, pues su omisión es “un riesgo” a la salud y a las actividades productivas y “un ultraje” a los derechos de los mayas. Por último, exhortaron a los gobiernos de Campeche y Quintana Roo a respaldar su lucha y replicar la postura del de Yucatán que, la semana pasada, decretó su territorio libre de transgénicos y ordenó alentar los cultivos orgánicos.