Se tambalea caso Rodrigo Medina por modelo de justicia erróneo

El exgobernador priista Rodrigo Medina. Foto: Miguel Ángel Carmona El exgobernador priista Rodrigo Medina. Foto: Miguel Ángel Carmona

MONTERREY, NL (apro).- El proceso penal que se le sigue al exgobernador Rodrigo Medina de la Cruz, acusado de ejercicio indebido de funciones, podría descarrilar después de que una juez federal ordenara que el juicio que se le sigue a la exalcaldesa Margarita Arellanes debió ser llevado mediante un sistema penal diferente al que empleó el Poder Judicial del estado.

Así lo señaló hoy Aldo Fasci Zuazua, asesor jurídico del gobernador Jaime Rodríguez Calderón, quien dijo que, así como el de los anteriores edil y mandatario, hay centenares de juicios que tendrían que ser repuestos en su totalidad, por un criterio que empleó la justicia federal para determinar el cambio de modelos de justicia.

En conferencia de prensa, explicó que actualmente existen cuatro instancias en las que se pueden ventilar los procesos judiciales, y una juez de distrito, al conceder la suspensión definitiva, promovida por Arellanes Cervantes, optó por ordenar la reposición de todo el procedimiento, después de que el 5 de julio había sido imputada por ejercicio abusivo de funciones, al pagar 7.5 millones de pesos a un despachos de abogados para que la protegiera jurídicamente cuando dejara su puesto edilicio.

Esta determinación federal en el caso Arellanes ha comprometido la dirección que siguen muchos otros juicios, entre ellos el del exmandatario priista, quien actualmente se encuentra amparado para evitar que se le procese por el delito de ejercicio indebido de funciones, tras entregar estímulos aparentemente ilegales por 3 mil 600 millones de pesos a la armadora surcoreana KIA establecida en la entidad.

Actualmente este juicio se encuentra en una etapa intermedia en la que la Fiscalía obtuvo del juez de control una ampliación del plazo hasta el 26 de enero próximo para hacer acopio de más pruebas de cargo.

Según Fasci, el problema ahora surge debido a que Arellanes, Medina y otros centenares de personas procesadas en la entidad siguen los juicios de acuerdo con el Código de Procedimientos Penales del Estado que fue modificado para que entrara en funciones en la entidad a partir del 16 de enero del presente año.

Sin embargo, según el especialista, para el juez federal que ordenó reponer el proceso de la exalcaldesa panista, ésta debió ser sometida a juicio mediante el Código nacional, que entró en funciones en julio, una situación que ha generado confusión hasta en el mismo sistema penal estatal, pues según este criterio se toma como fecha cuando se cometió el delito, no cuando se presentó la denuncia.

La juez que procesa a Arellanes, denunciada penalmente el 1 de marzo pasado, consideró que debía seguir las reglas estatales, pero el Poder Judicial, ante el que la exalcaldesa se amparó, determinó lo contrario, pese a que la juez de control, antes de iniciar el juicio, efectuó un estudio para seguir el procedimiento correcto.

“El Código aplicable no era una decisión únicamente del juez de control, sino que también debían intervenir el MP y las partes. En el caso de Nuevo León, aunque el de Margarita Arellanes es la nota, hay cientos de casos iguales, de enero a junio, donde se aplicó el Código estatal y no el nacional, porque el nacional así lo establecía”, señaló.

El vocero estatal dijo que este embrollo jurídico no representa una derrota para la Fiscalía Anticorrupción, pues lo único que ocurrirá es que se reiniciará el procedimiento judicial con nuevas reglas, aunque en el fondo las imputaciones seguirán siendo las mismas.

Por eso, el Estado plantea la conveniencia de combatir la resolución del caso Arellanes ante un Tribunal Colegiado, porque si prevalece el criterio federal, afectaría muchos otros, lo cual representa un costo significativo a las finanzas de la entidad, pues en cada uno de los procedimientos se invierten recursos que ya no serán repuestos.

Luego señaló que no hay en México criterios aún definidos para casos como éste mediante jurisprudencia, pues el nuevo sistema apenas entró en vigor en julio, por lo que es relativamente nuevo.

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