XALAPA, Ver. (apro).- Elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Procuraduría General de la República (PGR) continúan con el marcaje personal a los suegros del exgobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, en el sur de Coatzacoalcos. A través de sus abogados, Antonio Tony Macías y su esposa María Virginia Yazmín Tubilla Letayf, padres de Karime Macías de Duarte, lograron un amparo indirecto (1191/2016) –en poder del reportero– en el que piden la intervención de la justicia federal, alegando “actos de intimidación y tortura psicológica” por la “vigilancia fija” de los elementos de la PGR. Los apoderados legales de los suegros de Duarte realizaron este miércoles una inspección en la calle de Puebla número 401, de la colonia Petrolera, una de las zonas residenciales de Coatzacoalcos, para mantener el marcaje personal en el domicilio de Antonio Macías Yazegey. El 20 de octubre pasado, el propio Macías Yazegey y su cónyuge tramitaron amparos ante el Juzgado Noveno del Circuito del Poder Judicial de la Federación para evitar ser detenidos por una autoridad ministerial local o federal, pero también para no ser impedidos de viajar fuera del país. El amparo de la familia Macías Tubilla fue exhibido en la lista de estrados y en la página electrónica de la Dirección de Estadística del Poder Judicial de la Federación, y difundido también por el columnista de Informe Rojo, Mussio Cárdenas; a partir de ahí, el recurso otorgado se volvió viral en redes sociales. El Juzgado Noveno asignó los números de expediente 1167/2016 y 1168/2016, donde al calce se reclaman actos específicos: “La orden de alerta migratoria que pretenden ejecutar en mi contra limitando mi libertad de tránsito, deambulatorio y a la libertad personal sin orden judicial y sin haber sido oído y vencido en juicio”. Desde hace casi un mes, el exgobernador y varios de sus colaboradores se encuentran prófugos de la justicia –acusados de delincuencia organizada, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, peculado y uso indebido de funciones–, luego de ocasionar un quebranto patrimonial global de 180 mil millones de pesos, equivalentes casi a dos ejercicios fiscales anuales en el Estado. Al día de hoy, varios familiares y amigos de Duarte continúan siendo investigados por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la PGR.