XALAPA, Ver. (apro).- En el sexenio inconcluso del expriista Javier Duarte de Ochoa se constituyeron más de 600 “empresas fantasmas”, que operaban en una red que abarcaba a la mayoría de dependencias estatales de Veracruz, aseguró el excontralor general del Estado, Iván López Fernández. “Yo no me aguanté de nada, las denuncias e irregularidades yo puse al tanto a la Auditoria Superior de la Federación… El famoso escandalito de las empresas fantasmas no son 17 ni 25 como lo han dicho ustedes (la prensa), son más de 600. Yo tengo los documentos”. En entrevista, detalló que de la constitución de empresas inexistentes para desviar recursos tenía conocimiento el entonces gobernador, Javier Duarte, los secretarios de despacho, el titular del Órgano de Fiscalización (ORFIS) –ente local similar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF)-- y los contralores generales del Estado que lo sucedieron en el cargo, como Mauricio Audirac –hoy inhabilitado por el gobierno de Veracruz-- y el actual, Ricardo García Guzmán. “Estaban avisados todos, a ustedes (reporteros) no tenía por qué decirles nada. Lo sabía el gobernador, lo sabía el ORFIS, todos lo sabían”, reviró. López Fernández dijo desconocer el monto asignado a las más de 600 empresas “fantasmas”, pero insistió en que la constitución apócrifa de proveedores de servicios ocurría en “casi todas” las dependencias del gobierno. Contralor general durante el primer tercio del sexenio de Duarte de Ochoa, se quejó de que con el caudal de escándalos que ciernen a la actual administración, el actual contralor, Ricardo García Guzmán, lo ha querido “extorsionar” con dinero. Sin embargo, se negó a detallar el monto. “No tengo por qué decirles la cantidad para saciarlos (sic). Voy a actuar ante la autoridad correspondiente”, respondió. A Iván López, la clase priista en el Palacio de Gobierno también lo incrimina de haber tejido negocios y constituido empresas y despachos contables para hacer auditorías externas a las dependencias del gobierno de Duarte y a los ayuntamientos, apoyado por el hoy diputado federal del PVEM, Edgar Spinoso, exoficial mayor de la Secretaria de Educación de Veracruz (SEV) y muy cercano a Javier Duarte. Durante su comparecencia ante diputados locales, el actual contralor general, Ricardo García Guzmán, aseguró que no vio nada extraordinario en la declaración patrimonial de su entonces “jefe”, pues los documentos en los que los servidores públicos incluyen sus propiedades y bienes muebles e inmuebles se reciben “de buena fe”. Excontralor general en el sexenio de Miguel Alemán y exoperador político del PRI y del PAN, expuso que al ser Duarte “su jefe”, él no tenía a quien rendirle cuentas sobre sus acciones y movimientos, razón por lo que la ley no lo facultaba para obligarlo a la rendición de cuentas. García Guzmán señaló que en el caso de otros servidores públicos, muchas veces “revisó” propiedades, empresas o terrenos que la vox populli decía que pertenecían de forma irregular a empleados estatales en función. Sin embargo, cuando se constataba, los dueños resultaban ser “otras personas” o estar “constituidas como empresa”.