Recortes en Relaciones Exteriores afectarán a 369 empleados

Claudia Ruiz Massieu, presidenta nacional del PRI. Foto: Germán Canseco Claudia Ruiz Massieu, presidenta nacional del PRI. Foto: Germán Canseco

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- En contraste con la retórica de la canciller Claudia Ruiz Massieu –quien anunció un “estado de alerta” en la red de 50 consulados mexicanos en Estados Unidos, así como 11 medidas de protección consistentes básicamente en atención vía telefónica y asesoría por internet–, el recorte presupuestal sí afectará a la dependencia que ella encabeza.

Esa reducción obligará a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a despedir a 369 empleados, que equivalen a 22% de los mil 654 trabajadores de las representaciones diplomáticas en Estados Unidos.

Los afectados fueron contratados en 2015 para atender a los migrantes mexicanos en el marco del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) y para el programa de Acción Diferida para Padres de Estadunidenses y Residentes Legales (DAPA).

Los dos programas formaron parte de las políticas de “perdón temporal” de la administración de Barack Obama para los llamados dreamers, los jóvenes llevados a Estados Unidos desde niños y que estaban estudiando en ese país.

Además, el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2017 determinó una reducción de 4% en comparación con 2016 para la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior y para el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, que recibirán sólo 305 millones de pesos (15 millones de dólares). El recorte de esta área puede ser de 8% si se toma en cuenta la devaluación del peso frente al dólar.

Los 305 millones de esta área no representan ni 5% de los 7 mil 718 millones de pesos del presupuesto total de la SRE. En los últimos dos años, de 2015 a 2017, el presupuesto total de la cancillería ha disminuido 20%, al pasar de 8 mil 100 millones de pesos en 2015 a 7 mil 718 millones en 2017. Esto, en medio de la amenaza de deportación de cientos de miles de mexicanos anunciada por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.

Un estudio revelador

En contrate con esta reducción a los recursos humanos y económicos en la red de 50 consulados mexicanos en Estados Unidos, un estudio elaborado por el internacionalista Emerson Segura Valencia revela que de 2013 a 2017 los recursos generados por protección, servicios y atención consulares se han incrementado en 27%, mientras que el presupuesto a los consulados ha disminuido 20%.

De acuerdo con los datos de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF), elaborada por la Secretaría de Hacienda, en 2013 –el primer año de la administración peñanietista– , los recursos generados por los consulados ascendió a 2 mil 270 millones de pesos. Para 2016 estos recursos ascendieron a 2 mil 875 millones; para el próximo año, Hacienda prevé obtener 3 mil 103 millones.

Los consulados mexicanos, por ejemplo, cobran 13 dólares por cada acta de nacimiento que tramitan, y también emiten otros documentos, como pasaportes, matrículas consulares, credenciales del Instituto Nacional de Elecciones (INE), cartillas militares y testamentos, entre otros.

La mayoría de estos recursos provienen de los 11 consulados que están en Texas y de otros 10 ubicados en California, los dos estados estadunidenses con mayor número de oficinas de la red consular mexicana.

“La articulación de una política exterior en un país como Estados Unidos, donde se encuentran alrededor de 35 millones de mexicanos, de los cuales 11 millones son indocumentados, con un presupuesto tan precario, resulta inoperante”, destaca el estudio de Segura Valencia.

En un escueto comunicado de prensa, la SRE confirmó que se recortarán 369 plazas que se autorizaron en 2015, por cierto, el año de mayor presupuesto anual para la cancillería mexicana: 8 mil 100 millones de pesos.

“Esta medida obedece estrictamente a las pérdidas cambiarias y a los recortes presupuestales”, afirmó la cancillería. Estos asesores de los dreamers eran contratados bimensualmente bajo la figura jurídica de servicios profesionales independientes.

Nada de estos recortes y despidos fue mencionado por la canciller Ruiz Massieu el 16 de noviembre pasado, cuando anunció las “11 medidas de protección”. Ninguna de estas acciones consiste en asesoría jurídica a los miles de migrantes, pese a la posibilidad de que sean deportados el próximo año por el gobierno de Donald Trump.

Ruiz Massieu anunció medidas que ya estaban incluidas en la red consular, como una línea directa 1-800 disponible las 24 horas del día, difundir el Centro de Información de Atención a Mexicanos y su línea telefónica 185 54-63-63-95, los llamados “consulados móviles”, el uso de la aplicación para teléfonos móviles Mi ConsulMex y “promover registros y expedición de actas de nacimientos de hijos de mexicanos nacidos en Estados Unidos”.

Así pretende defender la canciller Ruiz Massieu y los 50 cónsules en Estados Unidos a una comunidad que genera la tercera entrada de divisas para México. Tan sólo para 2016, BBVA Bancomer calculó que las remesas provenientes de los migrantes mexicanos ascenderán a 27 mil millones de dólares, 9.3% más que en 2015.

Trump prevé crear un impuesto de 5% para estas remesas, con lo cual obtendría mil 300 millones de dólares anuales.

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