SAN LUIS POTOSÍ, SLP (apro).- Luego de un intenso debate público y un proceso parlamentario irregular, en el que se echó por tierra un dictamen previo, la mayoría de diputados en el Congreso local desechó este jueves –en una votación rápida y sin discusión– la reforma al Código Familiar del estado que abría las puertas al matrimonio entre personas del mismo sexo. Al conocer el rechazo, la Red de Diversificadores Sexuales, en voz de su coordinador Jesús Paul Ibarra, anunció que interpondrán una controversia constitucional, “pues con este proceso plagado de anomalías los diputados nos han dado muchos elementos para que se declare inconstitucional este dictamen”. Vía telefónica, el representante de la población LGBTTTI dijo que “hace una semana todavía estaban en un fuerte debate, en favor o en contra, y de repente hoy salen con todo acordado. Nos resulta ruin que los propios partidos de izquierda o identificados como progresistas votaran en contra, como el PRD”. Según Ibarra, la Legislatura se mostró “como la peor de la historia, la que más ha vulnerado los derechos de la población LGBT, los ha pisado de manera sistemática y por la vía legal”. Informó que hace una semana un tribunal federal concedió un amparo para obligar al gobierno estatal a publicar íntegra una sentencia de amparo para aprobar un matrimonio entre dos personas del mismo sexo, y a la fecha han sido promovidos 60 amparos para bodas gay. Hasta ahora se han celebrado 25 bodas de ese tipo, y este viernes se efectuará la número 26 en el estado. Efectivamente, el rechazo a la reforma fue avalado por una mayoría en la que incluso se alinearon tres de los cuatro diputados de la bancada del PRD. Sólo la perredista Dulcelina Sánchez de Lira votó en contra del dictamen, junto con el representante de Morena, Jesús Cardona Mireles, y la de Movimiento Ciudadano, Lucila Nava. La diputada priista Martha Orta se abstuvo de votar y abandonó la sesión durante el trámite. En realidad, este jueves se votó un segundo dictamen elaborado por integrantes de la Comisión creada ex profeso para el tema, pues un primer documento elaborado el 19 de septiembre a favor de la reforma al Código Familiar, para eliminar la limitante “hombre y mujer”, fue echado por tierra con el argumento de que no se convocó a todos los integrantes de la Comisión, y algunos de los asistentes se echaron para atrás. En ese entonces el presidente de la comisión, el priista José Luis Romero Calzada, arguyó supuestas fallas en la convocatoria que provocaron la inasistencia de tres de los siete integrantes, así que determinó reponer el procedimiento. La Comisión se reunió nuevamente la semana pasada para elaborar un segundo dictamen. Sin embargo, este encuentro se efectuó a puerta cerrada, lo que provocó la inconformidad de integrantes de la población LGBTTTI que han dado seguimiento al proceso legislativo y han aportado argumentos en favor de la reforma. Finalmente, este jueves se presentó el dictamen en el pleno, ahora en sentido contrario al que originalmente se había redactado, para declarar improcedente la reforma a los artículos 15, 105 y 133 del Código familiar, que pretendía establecer el matrimonio civil como “la unión legal entre dos personas”. Aunque se esperaba otro ríspido debate, como los que el tema ha despertado entre los legisladores, en esta ocasión todo parecía resuelto. Sin intervenciones a favor o en contra, 20 diputados del PRI, PAN, PRD, Panal, PVEM y Conciencia Popular avalaron el rechazo; tres votaron en contra, y se registró una abstención. Los tres diputados del PRD que votaron a favor de desechar la iniciativa son: Sergio Enrique Desfassiux Cabello, María Graciela Gaytán Díaz y J. Guadalupe Torres Sánchez. En el dictamen aprobado se apeló a la autonomía de los estados “para decidir cómo y cuál es su forma de organización familiar”, además de que se planteó que la Ley de Amparo no incluye a los congresos o gobiernos de los estados entre los obligados a acatar la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya se pronunció sobre la inconstitucionalidad de los códigos y leyes civiles en los estados que limitan la unión matrimonial por lo civil a un hombre y una mujer. “Este Congreso, contrario a lo que los promoventes señalan en la exposición de motivos de su iniciativa, no se encuentra vinculado para cumplir con los criterios jurisprudenciales que establecen la permisión de matrimonios entre personas del mismo sexo”, se expuso en el dictamen aprobado. Después de rechazar la reforma, la diputada panista e integrante de la Comisión, Josefina Salazar, pidió apoyar a las mujeres víctimas de violencia, y también se aprobó reformar la Ley de Adultos Mayores para incluir a las personas de la tercera edad en un consejo gerontológico.