CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los procedimientos que implican el nuevo sistema de justicia penal en la Ciudad de México para denunciar el abuso sexual obstaculizan el acceso expedito a la justicia para las agredidas, asegura Teresa Incháustegui, directora del Instituto de las Mujeres (Inmujeres) capitalino. Por ello, sugiere que en este tipo de agresiones –que no llegan a considerarse como violación— los agresores deberían ser sometidos a multas económicas y a arrestos en un esquema similar al que opera el programa conocido como “Alcoholímetro”. En entrevista con apro, explica que en el Código Penal que rige en la Ciudad de México, el delito de abuso sexual está definido como “todo acto con fines sexuales que, sin llegar a la cópula, implique daño o sufrimiento a la víctima”. Sin embargo, afirma que de acuerdo con los nuevos procedimientos periciales, ese “daño y sufrimiento” se tiene que acreditar. “Entonces la víctima se vuelve objeto de un escrutamiento brutal porque tiene que pasar al escrutamiento médico, el jurídico, el psicológico. Es un problema del diseño del tipo penal y hay que revisarlo”, enfatiza. Feminista de larga trayectoria, Incháustegui comenta que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) define la violencia contra la mujer de la misma manera, es decir, todo acto que provoca a la mujer daño o sufrimiento. Entonces, añade, para hacer el tipo penal los legisladores “tomaron la definición y así la trasladaron al Código Penal obviando las necesidades que implica un tipo penal que sea operativo, porque el daño y sufrimiento dependen mucho de la persona”. Por ejemplo, explica que quienes son resilientes –es decir, que tienen capacidad para sobreponerse rápido a periodos de dolor emocional y situaciones adversas— un acto así puede causarle indignación, pero no daño o sufrimiento y si es así, no se acredita el delito. “Esa formulación de tipo penal es completamente negativa para un acceso expedito a la justicia” en el caso de mujeres víctimas de abuso sexual e inhibe la denuncia, según la directiva. De acuerdo con datos del Inmujeres capitalino, entre enero y julio de 2016, en el Ministerio Público se abrieron 188 carpetas de Investigación por abuso sexual y violación en el transporte público de la capital. Además, 178 personas fueron detenidas por casos de abuso y acoso sexual en operativos implementados por el gobierno capitalino  en los alrededores de los sistemas de transporte público de la ciudad, como parte del programa “CDMX Ciudad Segura y Amigable para Mujeres y Niñas”. [caption id="attachment_438387" align="aligncenter" width="702"] Con pancartas mujeres exigien un alto a los feminicidios. Foto: Octavio Gómez[/caption] Confusión vs derechos La directora del Inmujeres detalla que otro problema legal para combatir el abuso sexual contra las mujeres es que hay conceptos que “no ingresan” en la definición de abuso sexual mencionada, por ejemplo: que una persona se masturbe frente a otra, que le muestre sus órganos sexuales, que la siga y la grabe con un teléfono celular o le saque fotos con el mismo. “Eso no está en el catálogo de eventos que puedan incluir en el tipo de abuso sexual, no encaja. Ese es el problema”, enfatiza. Peor aún. Según Incháustegui, cuando la víctima llega al Ministerio Público a acusar de acoso a un imputado “los agentes se hacen bolas porque no saben cómo van a aplicar el tipo penal a una cuestión que debería tener otra penalización que no encuadra en la pena de uno a tres años”. La situación se complica porque la autoridad ministerial debe abrir una carpeta de investigación, la víctima y el imputado deben presentarse a audiencias “y por eventos de estos, al Ministerio Público como se dice coloquialmente, se le hace engrudo el atole”. Parte del problema, asegura la funcionaria, es que el personal no acaba de entender “que las mujeres tenemos derecho a que nadie nos agreda por nada. Decir: ‘yo tengo derecho a que este señor no me moleste, independientemente de lo que me haya hecho, me ofenda o no, me agreda o no, él me faltó porque yo tengo derecho a que él no me moleste’. Así tendría que ser”. Según su análisis, para los delitos sexuales el Código Penal capitalino debería tener “un tipo muy limpio, muy operativo, que eliminara el tema del daño y sufrimiento y evitara la revictimización”. [caption id="attachment_432864" align="aligncenter" width="702"] Mujeres marchan contra la violencia en la CDMX. Foto: Xinhua / Alejandro Ayala[/caption] Multas y arresto en “El Torito” En aras de buscar acciones más adecuadas para atacar el problema del abuso sexual, la directora del Inmujeres de la Ciudad de México, Teresa Incháustegui, sugiere que a los infractores se les apliquen automáticamente multas económicas y arrestos similares a los que se aplican en el programa Conduce sin Alcohol, mejor conocido como “Alcoholímetro”. Para ello, sugiere la construcción de una especie de “registro de agresores” y que, en el momento de cometer una agresión, se les apliquen multas y en el caso de ser reincidente, llegar a una detención por horas. “Como el Alcoholímetro y El Torito: te llevan por dos tequilas (sic), cuando te conviertes en una amenaza pública te detienen 36 horas. Si eres un agresor y además reincidente, que te guarden 36 o 72 horas y te manden a pláticas para que ahí estés reconociendo y te estén sensibilizando sobre los derechos de las mujeres”. Según la funcionaria, con este tipo de modificaciones a la ley se lograría una operación “completamente quirúrgica para que la víctima no tuviera que ir a una fiscalía y pasarse horas, perder todo su día porque la agredieron; sino que el procedimiento fuera automático, mecánico”. La directora de Inmujeres asegura que el cambio debe iniciar desde la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México en el Código Penal y la Ley de Justicia Cívica. “Si tenemos una legislación de este tipo, por muy generalizada que esté la conducta en muchos hombres, seguramente en cinco años de aplicación rigurosa, bajamos el delito porque lo bajamos”, concluye.