TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- El exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza, aseguró que al no cambiar la estrategia para acabar con el crimen organizado, los mexicanos pasamos de una crisis de derechos humanos a una mayor descomposición política, social, de justicia e inseguridad. En el marco del Congreso de Derechos Humanos organizado por la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), Álvarez Icaza también se refirió al caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, y destacó que se trata de uno de los más graves ocurridos en el sexenio de Enrique Peña Nieto. “Por aquiescencia se da ya de facto la responsabilidad del Estado mexicano, es decir, porque permitió que ocurrieran los hechos graves, porque aun cuando pudo evitarlo, nunca lo hizo. Y si a eso le sumamos responsabilidad en la investigación y hacer todo por ocultar una verdad, donde en vez de investigar premian a los malos investigadores, entonces esto se agrava más”, expuso. Añadió: “Lamentablemente hemos pasado de una crisis de derechos humanos a una mayor descomposición, y no sólo en materia de derechos humanos, de seguridad y justicia, sino política”. Y esta lógica de enfrentar al crimen organizado, subrayó, demuestra que no tenemos más seguridad y sí menos derechos. “La resultante de la intervención del Estado ha contribuido de manera muy significativa no sólo a espirales de violencia, sino a generar hechos muy graves como los fenómenos de las desapariciones forzadas (…). De acuerdo con el exombudsman capitalino, el uso de la fuerza por parte del Estado no sólo no ha contribuido a disminuir el fenómeno de la inseguridad, al contrario, ha contribuido a los fenómenos de violencia. Asimismo, explicó que el Ejército no está capacitado para el desarrollo de labores de fuerza pública, y dijo que le preocupa ver expresiones de altos jerarcas militares reclamando que les den más “atribuciones”. “Es un fenómeno que no existía: tener jerarcas militares pidiendo leyes para tener atribuciones. De facto es una confesión de parte de que no la tienen, pero han estado ahí estos diez años haciendo esa labor”, agregó. “Ahora el dilema es extraordinariamente grave, porque en una democracia lo que se hace no son leyes para regular las fuerzas del Estado, sino para regular a los ciudadanos, y lo que ha venido pasando en México estos diez años es la antítesis, pues se hacen leyes para regular la participación ciudadana, para controlar al individuo, restarle privacidad, contribuir a la opacidad y disminuir el acceso a la información pública, pero ninguna ley para regular la fuerza del estado. Es, pues, todo lo contrario de un Estado democrático”. El riesgo para los periodistas y los defensores de los derechos humanos se ha vuelto cada vez más alto en estos diez años, y lo peor es que el presidente Enrique Peña Nieto dijo que cambiaría la estrategia contra el crimen organizado, pero la agudizó aún más. Al concluir su participación, Álvarez Icaza pidió a los estudiantes de licenciatura y maestría en derechos humanos de la UNACH que trabajen de manera colectiva en la defensa de los derechos humanos. “De ninguna manera hagan una labor individual, porque es necesaria la unidad en tiempos de crisis en la materia”, dijo.