CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Miguel Alonso Reyes, exgobernador de Zacatecas y actual director del Fondo Nacional del Fomento al Turismo (Fonatur), fue acusado ante la PGR por un presunto desvío de 300 millones de pesos a través de empresas ficticias. La denuncia fue presentada por María Soledad Luévano, excandidata de Morena a la alcaldía zacatecana, quien también lo acusa de los delitos de ejercicio ilícito del servicio público, abuso público, ejercicio abusivo de funciones, peculado, enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada. Luévano, quien este martes acudió a presentar la denuncia en las oficinas de la PGR, aseguró que durante la administración de Alonso Reyes se detectaron malos manejos en el sector salud y en los recursos asignados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a la entidad. La denuncia interpuesta por Luévano incluye a los exsecretarios de Infraestructura y Finanzas de Zacatecas, Mario Rodríguez y José Francisco Ibargüengoitia. Esta es la segunda vez que Alonso Reyes es denunciado ante la PGR, pues el pasado 15 de septiembre el diputado Jorge Álvarez Máynez, de Movimiento Ciudadano (MC), dijo que el priista es el exgobernador más corrupto en la historia de Zacatecas. El pasado 25 de mayo un grupo de legisladores decidió presentar una demanda penal ante la PGR por el delito de peculado y enriquecimiento ilícito. “Para nadie es un secreto que su operador de actos de corrupción directo es su hermano Juan Manuel Alonso”, reveló el legislador en esa ocasión a El Universal. También aseguró que la empresa AB Alimentos Nutracéuticos, en donde tomaba las decisiones Lucía Alonso, hermana del exgobernador, fue una de las consentidas del DIF estatal. El diputado explicó que debido a los hechos de corrupción hubo tensiones permanentes con el gobierno federal por “saltarse” las reglas en el sector salud, entre ellas agotar los tiempos para declarar desiertas las licitaciones, provocando que durante seis meses hubiese un desabasto de medicamentos por corrupción. Incluso mencionó a otros involucrados: Le Roy Barragán Ocampo y Víctor Rentería, quienes fueron oficiales mayores, luego secretarios de administración y también operaron en el sector de obra pública, donde Alonso Reyes asignó contratos a cambio de “moches”, señaló el legislador.