CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Diversas organizaciones no gubernamentales (ONG), entre ellas Artículo 19, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en México (Fundem), Serapaz y la Red TDT, manifestaron su preocupación por las iniciativas que se ha planteado para que las fuerzas armadas desempeñen tareas de seguridad pública en el país. Tras destacar la gravedad del saldo de la guerra contra las drogas en México, precisaron que en diez años “hemos acumulado más de 200 mil homicidios, más de 28 mil personas desaparecidas, los feminicidios han aumentado con expresiones de violencia cada vez más atroces y hay cientos de miles de personas desplazadas de sus hogares”. Los datos muestran que la ruta que emprendió el expresidente Felipe Calderón y que ha continuado el gobierno de Enrique Peña Nieto es equivocada, puntualizaron en un comunicado. De acuerdo con las ONG, el endurecimiento de las medidas no ha logrado ni logrará disminuir la violencia en México. “Hoy vivimos en un país mucho más inseguro, con instituciones más débiles y un sistema de justicia penal que no termina de funcionar correctamente”. El sistema adversarial que entró en pleno vigor este año, agregaron, está en continua lucha con el legado inquisitivo que dependía de prácticas como la tortura. “Nuestras policías e instituciones de justicia son más débiles hoy que hace diez años. La dependencia del Ejército y las fuerzas armadas para realizar funciones de seguridad pública, que constitucionalmente corresponden exclusivamente a las autoridades civiles, también es mayor”. Por ello, manifestaron su preocupación sobre las iniciativas legislativas que se han planteado en la dirección de normalizar la presencia e intervención militar. “Se pretende normalizar lo que en cualquier democracia sería una excepción: el involucramiento del Ejército en tareas de seguridad públicas, desde patrullaje, detenciones hasta la investigación del delito”. Si bien destacaron la importancia de dotar de un marco jurídico a las Fuerzas Armadas, también advirtieron que éstas han realizado un trabajo que las autoridades civiles “no han podido o querido hacer, tareas que constitucionalmente no les corresponden y que no están entrenados para realizar”, lo que ha puesto a sus miembros en una situación de vulnerabilidad jurídica. “Sin embargo, dicho marco jurídico no puede simplemente plantear –como hacen las propuestas legislativas de seguridad interior propuestas por Roberto Gil Zuarth (PAN) y César Camacho Quiroz (PRI– que se normalice y haga permanente lo que hoy sucede de forma inconstitucional. Tampoco se debe abogar por suspender las garantías individuales para que el Ejército pueda realizar sin controles y sin transparencia la tarea que corresponde a la autoridad civil. Destacaron que de acuerdo con la experiencia internacional, los estados de emergencia, por definición, atentan contra la médula constitucional, contra los derechos fundamentales y contra la división de poderes, “por ello deben preverse con cuidado las reglas que aseguren que esas restricciones sean acotadas y fáciles de revertir”. Según el comunicado de las ONG, el proyecto de Ley Reglamentaria del artículo 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no contempla contrapesos serios ni tiempos máximos para la suspensión de garantías. Además, apuntan, la iniciativa incluye definiciones laxas para justificar la declaratoria de estado de excepción. “Los frenos y contrapesos que plantea el proyecto son casi inexistentes. El papel del Congreso y del Poder Judicial son limitados, cuando debieran ser proactivos, de vigilancia extrema y respuesta inmediata ante cualquier posible violación a los derechos humanos. Por la gravedad de la medida –que prevé suspender los derechos y garantías de las y los ciudadanos– deben incluirse medidas de vigilancia fuertes y claras”. Subrayaron que la ley no establece un tiempo máximo de duración para la suspensión y permite su prórroga –y modificación de los alcances–, aun antes de concluir el periodo original. “Esto crea incentivos para maximizar, no minimizar el uso de la medida. El hecho de que el Congreso pueda extender los poderes extraordinarios del Ejecutivo mientras éste goza de poderes extraordinarios, es riesgoso”. Añadieron: “No podemos negar la situación extrema en que se encuentran importantes territorios del país y la necesidad de la intervención de las fuerzas federales. Pero las medidas que normalizan la presencia militar y el estado de excepción no son un buen camino para lograr la paz, para lograr la profesionalización de las policías o para fortalecer el estado de derecho. Es en un esquema de seguridad humana y de procuración y administración de justicia eficaz, donde se debe legislar e invertir recursos para revertir la violencia e impunidad que existe en el país”. En ese sentido, demandaron a la Cámara de Diputados “que no apruebe de forma apresurada estas leyes que hacen permanente la presencia militar y que vulneran los derechos de las y los mexicanos”.