La exvocera de Calderón, consentida en el gobierno de Peña

Alejandra Sota en Palacio Nacional el día que Peña despidió a Luis Videgaray. Foto: Miguel Dimayuga Alejandra Sota en Palacio Nacional el día que Peña despidió a Luis Videgaray. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La estrecha relación con el gobierno de Enrique Peña Nieto le ha sido muy lucrativa a la exvocera de Felipe Calderón, Alejandra Sota: este año recibió al menos dos contratos, uno de Pronósticos Deportivos y otro de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), por más de 3 millones de pesos.

Ambos contratos del gobierno de Peña con la empresa propiedad de Sota, Integra Metas Estratégicas, S.A. de C.V., se suman a los que obtuvo del Sistema de Administración Tributaria (SAT), por casi 20 millones de pesos, y del Instituto Mexicano del Seguro Social, de casi 400 mil pesos, entre 2014 y 2016.

Otro cliente de Sota ha sido el priista gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, quien contrató a su empresa el 13 de septiembre de 2013 –10 meses después de concluido el sexenio de Calderón– e inclusive nombró como su vocero a Alejandro Echegaray, subordinado de ella en la Presidencia de la República.

En la elección presidencial de 2012, Sota Mirafuentes fue acusada por Josefina Vázquez Mota, candidata presidencial del PAN, de traición y de “trabajar” para la campaña de Peña Nieto, cuyo coordinador era Luis Videgaray, el exsecretario de Hacienda que le asignó un jugoso contrato de casi 20 millones de pesos en 2014 (Proceso 2041).

Tan estrecha es la relación de Sota con Videgaray, que se reunió en privado antes y después de la conferencia de prensa en la cual éste anunció, el pasado 7 de septiembre, su renuncia como secretario de Hacienda, tras haber sido el artífice de la visita de Donald Trump a México para entrevistarse con Peña. El hecho lo constató el fotógrafo Miguel Dimayuga.

De acuerdo con excompañeros del gobierno de Calderón y del PAN, en el que militó hasta el fin de ese sexenio, Sota Mirafuentes es publirrelacionista de Videgaray, señalado también como artífice de los jugosos contratos que ha obtenido.

Mientras estudiaba de manera irregular en la Universidad de Harvard –cursaba una maestría sin estar titulada de la carrera de ciencias políticas–, Sota Mirafuentes fundó, en abril de 2013, la empresa Integra Metas Estratégicas, S.A. de C.V., de la que posee 70% de las acciones; el otro 30% lo tiene Maira Yazmín Colín García, su subordinada en la Presidencia de la República.

El 17 de junio de este año, la empresa de Sota recibió un contrato por adjudicación directa, con vigencia de seis meses, de Pronósticos Deportivos para la Asistencia Pública, dirigida por el exdiputado federal Pedro Pablo Treviño Villarreal y que está adscrita a la Secretaría de Hacienda, que en esa fecha aún encabezaba Videgaray.

El objeto del contrato, que asciende a 2 millones 757 mil 485 pesos con 65 centavos y que vence el próximo 31 de diciembre, es proporcionar el “servicio de asesoría en planeación estratégica para la modificación y/o creación de nuevos productos para Pronósticos para la Asistencia Pública” (sic).

El segundo contrato que recibió la empresa de Sota, que ascendió a 324 mil 800 pesos y también por adjudicación directa, fue de la Sedesol, que al momento de su firma, el 23 de mayo, estaba encabezada por José Antonio Meade Kuribreña, actual secretario de Hacienda y quien ostentó ese mismo cargo y el de Energía en el gobierno de Calderón.

El objeto del contrato con la Sedesol, con vigencia de apenas dos meses –del 23 de mayo al 31 de julio–, fue por “servicio de investigación de mercado pre-test para conocer el impacto, comprensión y grado de aceptación que tiene el mensaje entre el público objetivo al que va dirigida la campaña ‘acciones sociales’”.

Con estos dos contratos suman cuatro los que el gobierno de Peña ha asignado a la empresa de Sota Mirafuentes, que suman 23.5 millones de pesos, un promedio de casi 1 millón de pesos al mes, más lo que cobra al gobierno del priista Eruviel Ávila en el Estado de México.

Sólo con el contrato que le asignó el SAT en 2014, Sota Mirafuentes cobró durante dos años más de 800 mil pesos mensuales por preguntarles a mexicanos cómo recauda los impuestos el secretario Videgaray.

Como lo informó Proceso en su edición 2041 (12 de diciembre de 2015), Sota obtuvo un contrato bianual por 20 millones de pesos en una turbia licitación del SAT: su empresa le ganó a tres que son propiedad de sus exempleados y que, a su vez, favorecieron desde el gobierno a amigos mutuos con multimillonarias asignaciones.

Reveses

Pero no todo había sido positivo para Sota Mirafuentes: el 30 de noviembre del año pasado perdió la demanda por difamación que presentó en Estados Unidos contra la periodista Dolia Estévez, quien la incluyó en el reportaje Los 10 mexicanos más corruptos, publicado en diciembre de 2013 en la revista Forbes.

En esa fecha el juez Liam O’Grady, de la Corte Federal del Distrito Este del estado de Virginia, desechó los tres cargos de la acusación por difamación y daños económicos que interpuso Sota contra la periodista. “Los argumentos que hace Sota son en su mayor parte opiniones de Estévez que no pueden razonablemente ser declaradas o implicadas en hechos falsos”, se lee en el fallo.

Y apenas en noviembre pasado, el esposo de Sota Mirafuentes, Benjamín Hill Mayoral, fue despedido del cargo de jefe de la Unidad Especializada en Ética y Prevención de Conflictos de Interés de la Secretaría de la Función Pública, por su nueva titular, Areli Gómez.

Hill Mayoral sólo duró un año en el cargo que le dio el antecesor de Gómez, Virgilio Andrade, tras exonerar de conflicto de interés a Peña Nieto por la compra de la “Casa Blanca” de las Lomas de Chapultepec a Armando Hinojosa Cantú, su contratista favorito desde que era gobernador del Estado de México.

Areli Gómez, hermana del vicepresidente de Televisa, Leopoldo Gómez, también despidió como jefa de la Unidad de Transparencia y Cooperación Internacional a Teresa Gómez del Campo Gurza, hermana de la senadora Mariana y prima de la aspirante presidencial Margarita Zavala.

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Reportero de Proceso desde 1994, Premio Nacional de Periodismo en periodismo de investigación y autor de tres libros.

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