Mitos y dudas en el nombramiento del chino Meng al frente de Interpol

Se desconoce el paradero de Meng Hongwei, presidente de Interpol, desde el 29 de septiembre pasado. Foto: Xinhua Se desconoce el paradero de Meng Hongwei, presidente de Interpol, desde el 29 de septiembre pasado. Foto: Xinhua

BEIJING (apro).- La reciente fotografía de Yang Xiuzhu bajando del avión, esposada, en el aeropuerto pequinés, clausuraba una fuga de 13 años. China la perseguía desde que la ahora septuagenaria huyó con 40 millones de dólares robados de la alcaldía de Wenzhou (provincia de Zhejiang).

La “reina de la corrupción”, que compró un edificio de cinco plantas en Manhattan, encabezaba la lista de los 100 fugitivos más buscados por Beijing. La promesa de un trato “indulgente” y el rechazo de varios gobiernos a acogerla precipitaron su entrega.

“Todos somos chinos. Nuestro hogar es China”, señaló Yang, animando al resto de los integrantes de la lista a seguirla.

Yang certifica la estrecha y saludable colaboración de Beijing con Interpol para atrapar a criminales chinos fugados y especialmente a los corruptos. Las campañas foxhunt y skynet han devuelto a China a casi 2 mil delincuentes económicos en los dos últimos años. El problema de los corruptos que han huido tiene dimensiones bíblicas: unos 2.83 billones de dólares robados salieron de China entre 2005 y 2011, según la organización estadunidense Global Financial Integrity Group.

Muchos gobiernos afrontan un dilema: no quieren ser el refugio de corruptos, pero tampoco entregarlos a un país con garantías procesales dudosas. Casi el 40% de los fugitivos que regresaron a China el año pasado fueron “persuadidos” en lugar de repatriados a la fuerza. En esa caza por todos los confines del mundo de los corruptos chinos, Interpol es el instrumento clave.

Pero la colaboración entre Beijing y el organismo policial con sede en Lyon, señalan algunas voces, se ha estrechado demasiado con la elección del primer chino para presidirlo. En el congreso anual de la Interpol celebrado el mes pasado en Indonesia fueron nombrados el chino Meng Hongwei como presidente y el ruso Alexander Prokopchuk como vicepresidente. No llegan de países reconocidos por su pulcro respeto a los derechos humanos.

La policía global está integrada por 190 países y los votos se emiten de forma secreta. El nombramiento demuestra la creciente influencia china en organizaciones globales tradicionalmente regidas por Occidente.

Meng tiene sobrada experiencia internacional. Acudió a una cumbre policial europea en septiembre, y en marzo se reunió con representantes del Departamento de Policía de Nueva York. Hasta ahora era viceministro de Seguridad Pública, una cartera que engloba a policía, justicia y servicios secretos. Gestionaba desde 2004 un cuerpo formado por más de un millón de policías y militares. La Policía Armada fue creada en 1983 y su papel se acentuó después de las protestas en Tiananmén de 1989. En los últimos años ha sido enviada a zonas conflictivas como la frontera norcoreana o las provincias de Tíbet y Xinjiang, donde Occidente ha denunciado campañas represivas contra las minorías étnicas.

“La política primero, el partido primero y la ideología primero es el principio fundamental de las fuerzas para el mantenimiento de la paz”, aleccionaba dos años atrás Meng. No es más que la previsible jerga comunista, pero rechina en quien liderará la policía global.

Las organizaciones de derechos humanos han recordado que la policía china, además de asegurar el orden y respeto a la ley, también protege al Partido Comunista y sus métodos no son siempre escrupulosos con los estándares internacionales.

Las dudas no sólo llegan por el cargo anterior de Meng, sino por los presuntos antecedentes. Su elección es “extremadamente alarmante” por la “vieja práctica” china de perseguir disidentes y refugiados políticos a través de Interpol, señalaba un comunicado de Amnistía Internacional.

“No tomamos postura sobre nombramientos individuales de organizaciones internacionales”, añade por teléfono William Nee desde Hong Kong, “pero mostramos nuestra preocupación porque China ha utilizado Interpol antes contra refugiados y activistas democráticos”.

Interpol no envía agentes, practica arrestos ni dicta sus propias órdenes de detención, pero sí emite las llamadas “notificaciones rojas” que piden “la localización y detención de una persona” buscada por un tribunal para su extradición. Nee espera que las órdenes de Beijing sean examinadas de forma exhaustiva en los cuatro años de mandato de Meng.

AI alude a un par de uigures, la etnia minoritaria musulmana de Xinjiang. El primero es Dolkun Isa, director del Congreso Uigur Mundial (WUC), a quien India le denegó este año el visado para una conferencia. La excusa oficial es que aparecía como terrorista en una alerta roja emitida por China. Beijing desconfía con sobradas razones de la WUC y de cualquier otra organización sufragada por la National Endowment for Democracy (que es señalada de apoyar a la CIA en tareas de desestabilizar gobiernos hostiles), pero hay dudas razonables de que Isa, quien viaja sin problemas por el mundo, sea un terrorista.

El otro caso, aún más confuso, data de 2011. Ershidin Israil huyó a Kazajistán tras una revuelta uigur que dejó casi 200 muertos y de ahí fue deportado a China. Las teorías sobre quién es Ershidin se multiplican: desde un terrorista a un espía chino enviado por Beijing a Kazajistán para dividir a la comunidad uigur en el exilio. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) le retiró el estatus de refugiado tras recibir “nuevas informaciones”.

Ni Amnistía Internacional ni Human Rights Watch, contactados por esta revista, conocen más casos. Tampoco les consta que ninguna de las 100 alertas rojas emitidas el año pasado por China se dirigiera contra disidentes o refugiados. La web de la ONG británica Fairtrials, que desde 2002 fiscaliza a la policía global, no incluye a China en la lista de países que la han usado de forma abusiva ni incluye ningún caso de ciudadano chino entre sus campañas. Jago Russell, su presidente, reconoce por e-mail que su organización sólo ha trabajado en el caso de Dolkun Isa, aunque matiza que los datos no son recogidos de forma sistemática.

No son discutibles las violaciones de derechos humanos y excesos que sufren disidentes políticos en China. Ni las oscuras capturas de sus ciudadanos en el extranjero: los libreros hongkoneses trasladados por la fuerza a China mientras estaban en la excolonia o Tailandia sirven de ejemplo. Tampoco se discute que la lucha contra la corrupción incluya estándares inadmisibles en una cultura de respeto a los derechos humanos. Pero, con los precedentes referidos, parece complicado sostener que China haya utilizado de forma sistemática Interpol para cazar disidentes o refugiados, como se ha repetido estos días hasta la extenuación y ha sido publicado en la prensa occidental alegremente y sin ninguna contrastación.

Un editorial del prestigioso diario South China Morning Post de Hong Kong (el único territorio de China con prensa libre) señalaba que la elección de Meng podría ayudar a cambiar “la percepción en algunos países de que cualquiera que ha huido de China, y al que las autoridades quieren que regrese, es víctima de persecución”.

La elección de Meng es una mala noticia para los corruptos chinos prófugos. Si Meng pretendía utilizar su cargo para persecuciones políticas, y hablamos de conjeturas indemostrables, las alarmas por su nombramiento tendrán un efecto profiláctico. “La decisión de elegir al vicepresidente de una policía conocida por los abusos no son buenos presagios para la organización y eleva las posibilidades de que se pueda abusar de sus poderes en el futuro”, señala a esta revista Maya Wang, de Human Rights Watch.

Interpol es un arma eficaz contra criminales, terroristas y fugitivos. Los nuevos retos de la seguridad global explican que el número de notificaciones se haya multiplicado en la última década. Su Constitución prohíbe la interferencia en asuntos políticos, pero las denuncias sobre sus abusos se han multiplicado y son necesarias reformas para frenarlas. Un estudio realizado tres años atrás por Fair Trials sostenía que los filtros sobre las notificaciones rojas y las difusiones (un tipo de alerta menos formal) eran “ineficaces” y recientemente añadía que era “demasiado fácil” para los países utilizar Interpol para perseguir refugiados, periodistas y activistas más allá de sus fronteras. Rusia o Irán son los principales señalados.

Las notificaciones rojas no llegan a las oficinas policiales nacionales hasta que no han sido revisadas. “El problema radica en las dudas sobre cómo esa revisión se lleva a la práctica, cómo Interpol detecta casos de abuso o qué fuentes consulta”, señala Russell. “Las difusiones, que pueden tener el mismo efecto, son propagadas por el sistema de Interpol, pero sólo se chequean una vez que han sido ya enviadas”, añade.

La elección de Meng subraya el debate sobre las tensiones entre el respeto a los derechos humanos y la lucha contra el crimen en un contexto global de nuevas y mayores amenazas. Margaret Lewis, experta en leyes chinas y profesora de Seton Hall University, recuerda que Interpol reconoce los primeros pero sitúa su foco predominante en la segunda. “La preocupación de cualquier organización encargada de luchar contra el crimen, ya sea doméstica o internacional, es que la presión contra los sospechosos empujará al lado a los derechos humanos. Esa preocupación es aún mayor cuando sus dirigentes vienen de la lucha contra el crimen”, señala por e-mail.

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