BRUSELAS (apro).- A pesar de que la Unión Europea (UE) reconoce que la “intensidad y escala de los bombardeos en Alepo han causado muchas bajas civiles y devastado gran parte de la ciudad”, el ministro belga de Asilo y Migración, un polémico ultraderechista, se niega a obedecer una orden de la justicia de su país para que otorgue visas humanitarias a una familia siria originaria precisamente de aquella localidad en guerra. La historia es la siguiente: en octubre pasado una familia siria con dos pequeños hijos, de 5 y 8 años de edad, solicitó al gobierno de Bruselas la expedición de visas humanitarias para poder huir de Alepo e instalarse en Bélgica. El gobierno, a través de su Oficina de Extranjería, rechazó la petición. Los abogados de la familia en Bélgica acudieron al Consejo de lo Contencioso en Materia de Extranjería, un órgano independiente con facultades para interponer recursos contra las decisiones de la Oficina de Extranjería. El pasado 20 de octubre, tal consejo decidió que el gobierno tenía que otorgar las mencionadas visas, basándose en la Convención Europea de Derechos Humanos, que prohíbe la expulsión de un refugiado a un país donde corre peligro, y que, según los jueces, también aplica cuando hay que acogerlos. El secretario de Asilo y Migración, Theo Francken, no aceptó el fallo y apeló dicha orden ante el Consejo de Estado para que la revirtiera. Al mismo tiempo, el Tribunal de Primera Instancia ordenó que cada día de retraso en el otorgamiento de las visas implicaría el pago de una indemnización de más o menos cuatro mil euros por día (mil por cada integrante de la familia). De lo contrario, el Estado sería embargado. Hasta la tarde del martes 13, ese monto alcanzaba 20 mil euros y la familia anunció que donará ese dinero a una asociación belga de lucha contra la pobreza. El 7 de diciembre último, la Corte de Apelaciones de Bruselas confirmó que el gobierno debe proporcionar las visas humanitarias a esa familia, pero Francken se empeña en no cumplir con el veredicto e introdujo un recurso de casación que aún está en marcha. Francken alega que el otorgamiento de ese tipo de visas es una competencia del poder ejecutivo y no del judicial, por lo que ha lanzado una dura campaña mediática contra lo que califica como “un gobierno de jueces”, además de advertir que si permite la entrada al país de esa familia siria habría que esperar una oleada de refugiados exigiendo lo mismo a Bélgica. El político rebelde no está solo. Bart De Wever, el líder de su partido, la Nueva Alianza Flamenca (N.VA), que compone la coalición gobernante, ha declarado que el fallo es “contrario a la ley e irrealista” y que “amenaza a la democracia”. También apoyan al controvertido secretario los dirigentes del Partido Popular Europeo (PPE), al que pertenecen las fuerzas políticas regionales de derecha, entre ellos los partidos en el gobierno de España y Alemania o en los ultraconservadores de Hungría o Polonia. En un comunicado del 9 de diciembre, el PPE denuncia que “un juez no puede sustituir al poder político cuando se trata de decisiones de acogida o no de migrantes”. La visa humanitaria permitiría a los solicitantes viajar a Bélgica de manera segura. Una vez en el país, la familia podría realizar una demanda de asilo, que puede o no ser rechazada por la Oficina de Extranjería o el Comisariado General para los Refugiados y los Apátridas. Sin embargo, la obtención de ese tipo de visa no es un derecho en Bélgica, sino una concesión del gobierno. Bélgica otorgó 208 visas humanitarias en 2014 y 843 el año pasado, cuando también concedió 244 a cristianos de Alepo que fueron extraídos de Siria en secreto por las autoridades belgas. No obstante, el número de visas humanitarias aceptadas por el país europeo el año pasado corresponde a 0.6% de las 38 mil 990 solicitudes totales. En riesgo, el sistema democrático Recíprocamente, el gremio de los magistrados y los abogados, así como los partidos de la oposición, acusan a Francken de estar destruyendo las bases del sistema democrático. La diputada socialista Julie Fernández-Fernández, una de las tantas críticas de la postura de Francken, declaró: “Usted no está por encima de las leyes. Como cualquier ciudadano, debe respetar la ley. En este caso, señor Francken, el único en la ilegalidad es usted”. También tocó el aspecto moral: “¿A qué estamos jugando? Es más que cínico, es indecente. La situación en Alepo es dramática. La gente está realmente en peligro. Hablamos de una familia a la que podemos salvar, que puede ser acogida, que responde a todas las condiciones, que hay una decisión de la justicia a su favor; y del otro lado tenemos a un secretario de Estado que piensa antes que todo en fortalecer su posición en la extrema derecha”. Theo Francken y su partido mantienen una reputación conflictiva. La N.VA es un partido que busca la separación de la región belga de Flandes, al norte del país, y que sostiene posiciones de extrema derecha. Su meteórico crecimiento, que lo posicionó como el más votado del país desde las elecciones de 2010, se debió en gran parte a que logró ofrecer una imagen renovada del nacionalismo flamenco y a que arrebató una gran cantidad de electores del partido de extrema derecha más radical, Vlaams Belang, cuyos dirigentes fueron condenados por incitación al odio racial la década pasada. En octubre de 2014, la N.VA formó un gobierno federal con tres formaciones de derecha. Poco tiempo después de tomar su encargo como secretario de Asilo y Migración se hizo público que Francken había asistido a la fiesta del cumpleaños número 90 de Bob Maes, quien durante la Segunda Guerra Mundial fue miembro de las Juventudes Nacional-Socialistas de Flandes para luego unirse a la Liga Nacional Flamenca, que colaboró con los nazis. Desde 1985 es senador honorario. Su fiesta fue organizada en Zaventem, una localidad en la periferia de Bruselas, a iniciativa de la sección local de la N,VA. La noticia desató una cascada de peticiones para que se retirara del cargo gubernamental, pero Francken no sólo decidió quedarse, sino también defender al excolaborador nazi, señalando que Maes ha sido desde el principio miembro de la N.VA. Provocativo a más no poder, lo arropó de halagos: “Él (Maes) es respetado, tanto en el seno como al exterior del nacionalismo flamenco, por su importante aportación y su combate democrático por la emancipación flamenca”. No terminaron ahí los escándalos. Pocos días después un exempleado de la N.VA filtró correos electrónicos en donde aparecían expresiones homofóbicas de Francken. Le siguió la divulgación de un mensaje en Facebook de 2011 en el que el político cuestionó el “valor agregado” que podrían aportar a la economía belga los inmigrantes de Marruecos, Congo y Argelia, en comparación con el que sí aportarían los judíos, chinos e indios. Francken finalmente pidió una disculpa pública. Con estos antecedentes, el caso de la familia siria incendió fácilmente el escenario político belga e indignó a una gran parte de la opinión pública. Los abogados alertaron este lunes 12 que el domicilio de la familia en Alepo fue atacado con balas explosivas, por lo que urgía solucionar el problema. Para facilitar las cosas, le propusieron al gobierno belga que, si las visas humanitarias encuentran tantas trabas, conceda entonces a la familia un salvoconducto (un laissez-passer) y un permiso de residencia de larga duración, tomando cualquier base legal que elijan (no necesariamente la humanitaria), y que esa documentación sea expedida por el Ministerio de Exteriores y ya no por la Oficina de Extranjería que depende de Francken. Sorprendente fue la respuesta del gobierno belga, que ofreció a la familia irse a Líbano, país con el que negoció su acogida. Los abogados rechazaron de inmediato tal proposición, considerada “indecente”, “brutal” y “vergonzosa” por la oposición. Francken –a quien la prensa belga considera un fuerte candidato para ganar próximamente la presidencia de su partido–, insiste en que él no puede otorgar esas visas. Hacerlo, dice, “llevaría las fronteras europeas a los consulados y embajadas de los países de la Unión a través del mundo”.