Bloquea CNTE carretera Oaxaca-México para exigir avances en caso Nochixtlán

Uno de los bloqueos de la CNTE en Oaxaca. Foto: @Coordinadora1DM Uno de los bloqueos de la CNTE en Oaxaca. Foto: @Coordinadora1DM

OAXACA, Oax. (apro).- Maestros de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE-CNTE) bloquearon durante ocho horas la autopista Oaxaca-México en inmediaciones de Asunción Nochixtlán para presionar a la Procuraduría General de la República (PGR) a dar avances de las investigaciones del desalojo del pasado 19 de junio que dejó ocho muertos y más de 100 heridos.

Por acuerdo de la asamblea estatal, desde las 07:00 horas, 20% de los maestros de la región mixteca bloquearon la vía rápida y únicamente permitieron el paso libre en la carretera federal 190, mientras que se desarrollaba una mesa político-judicial en la Ciudad de México.

En el acto participaron la comisión política, el cuerpo jurídico y la PGR, así como representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.

El movimiento magisterial exigió justicia por “el ataque sangriento que sufrimos maestros y pueblo de Oaxaca en Nochixtlán y crucero de Viguera el domingo 19 de junio de 2016; lo que dejó como saldo 11 muertos, 27 detenidos, un número indeterminado de heridos y desaparecidos”.

Los manifestantes condenaron las “acciones criminales de las fuerzas represivas al impedir la atención de nuestros compañeros heridos al cercar los hospitales públicos y privados.

En su asamblea del pasado 12 de diciembre se pronunciaron contra el presidente municipal de Nochixtlán, Daniel Cuevas Chávez, y el diputado local, Herminio Cuevas Chávez, por permitir la entrada de las fuerzas federales a la población para realizar la masacre al pueblo y al magisterio oaxaqueño el día del desalojo.

Además, acordaron dar su respaldo político y jurídico al Comité de Víctimas de Nochixtlán por el hostigamiento y persecución a sus integrantes, al tiempo que responsabilizaron a los gobiernos municipal, estatal y federal de cualquier agresión física y psicológica a ellos y a sus familiares.

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