Argentina: Una revancha de clase y de género

Sala. Prisionera política Sala. Prisionera política

Milagro Sala ha sido una molestia constante para las nuevas autoridades argentinas. La activista defiende los derechos de las clases oprimidas en una provincia, la de Jujuy, sumida en un régimen casi feudal. Así, el gobierno local decidió encarcelarla a principios de este año, en un acto calificado de ilegítimo por la mayoría de los organismos internacionales defensores de los derechos humanos. Incluso juristas conservadores señalan que primero ocurrió la aprehensión y luego se buscó el cómo justificarla. Se trata, simplemente, de que la quieren tener encerrada.

BUENOS AIRES (Proceso).- “Acá adentro, en Argentina, a la mayoría de los argentinos nos ha parecido que había una cantidad de delitos importantes que se habían cometido por parte de Milagro Sala, que ameritaban todas esas causas que tiene abiertas”, respondió el presidente Mauricio Macri a la prensa, el sábado 3, cuando se le preguntó si su gobierno accedería a liberar a la dirigente social encarcelada en la provincia de Jujuy, tal como le había reclamado un día antes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“No voy a liberar a esa mujer”, dijo Gerardo Morales, gobernador de Jujuy y aliado del presidente Macri, cuando en altas esferas del gobierno nacional se discutió otro reclamo por la libertad de la dirigente, cursado el 21 de octubre por el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria, de la ONU.

Morales admitió involuntariamente, con ese exabrupto, que su voluntad es la causa primera por la cual Milagro Sala sigue presa.

El gobernador de la provincia del noroeste argentino mantiene con la dirigente social una disputa encarnizada desde hace más de 10 años. Morales la acusa de haber erigido en Jujuy, mediante la organización Túpac Amaru, un “Estado paralelo”. La acusa de valerse de métodos violentos y de usar a discreción los fondos públicos que le giraba el kirchnerismo.

La dirigente social ve en Morales a un gerente de los sectores más conservadores de una provincia de características feudales, cuyo símbolo es la familia Blaquier, dueña del ingenio Ledesma. Milagro Sala –mujer, indígena, activista– desafió esas estructuras. Su encarcelamiento también puede verse como una revancha de clase y de género.

Todos los organismos oficiales y no gubernamentales, internacionales y locales, de protección de los derechos humanos han reclamado ya al gobierno argentino por el encarcelamiento de la dirigente: la CIDH, la ONU, Amnistía Internacional y el argentino Centro de Estudios Legales y Sociales.

El Papa Francisco envió un rosario bendecido a Sala. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, intercedió frente a Macri por la suerte de la dirigente. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, y el director de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, refrendaron en sendas cartas el pedido de “liberación inmediata” por considerar que la detención es arbitraria y no están dadas las garantías de juicio justo.

El gobierno de Mauricio Macri, al que se le cursan los reclamos, pretende eludir el escándalo diciendo que “toma nota” y que los gira a la justicia de Jujuy para que ésta decida lo que corresponda. La burda ampliación del Supremo Tribunal de Justicia de Jujuy, asegurándose una mayoría adicta, fue la primera medida importante que tomó Morales al asumir su cargo el 10 de diciembre de 2015. La segunda fue impulsar la detención de Milagro Sala.

Cuestión de clase

La disputa entre el gobernador y la activista es personal, política y de larga data. Uno y otra se han denunciado varias veces frente a la justicia. De origen humilde y madre desconocida, Sala representa la lucha del sector social más desfavorecido del noroeste argentino. Se formó políticamente en el movimiento piquetero, el que enfrentó en las calles las políticas neoliberales de los noventa. Con su organización, Túpac Amaru, llegó a coordinar la tarea de un centenar de cooperativas de desocupados que construían sus propios barrios.

Túpac Amaru ha edificado en Jujuy más viviendas sociales que todos los gobiernos provinciales juntos desde que en 1983 se recuperó la democracia. La organización dispone de sus propias fábricas de material y prescinde casi por completo de proveedores, constructores y arquitectos.

Su verticalismo, sus modos ásperos y su gigantesca obra le han granjeado a Sala lealtades y odios. Su resentimiento es la contracara del racismo que aún sufren en Argentina quienes tienen rasgos indígenas.

Morales es un político tradicional de una provincia donde el poder real sigue girando alrededor de la familia de Carlos Pedro Blaquier, el dueño del ingenio Ledesma. Morales fue secretario de Desarrollo Social de la Nación en el gobierno de Fernando de la Rúa, cuyas políticas de ajuste permanente llevaron a la crisis terminal de 2001. Túpac Amaru desplazó al citado ingenio azucarero como principal empleador no estatal de la provincia.

Sala, apoyada por el kirchnerismo, encabezó las movilizaciones que posibilitaron que Blaquier fuera procesado en 2012 por su complicidad con los crímenes de la dictadura. En 2015, sin embargo, la Cámara Federal de Casación Penal revocó el procesamiento.

El pasado jueves 1 el Supremo Tribunal de Jujuy rechazó dos recursos de inconstitucionalidad presentados por los abogados de Milagro Sala, y se le mantuvo en prisión preventiva.

El máximo tribunal jujeño no tiene la legitimidad necesaria para impartir justicia de manera independiente. Morales se aseguró allí una mayoría decisiva tres días después de haber asumido el cargo.

Los diputados oficialistas Pablo Baca y Beatriz Altamirano, que acababan de votar la ley de ampliación del número de magistrados de cinco a nueve, propuesta por Morales, al día siguiente renunciaron a sus bancas y asumieron como jueces supremos. Un procedimiento idéntico vació de credibilidad la Corte Suprema de Justicia de la Nación durante los gobiernos de Carlos Menem (1989-1999).

Sala fue detenida el 16 de enero por “instigación al delito”, por una protesta frente a la sede de gobierno de Jujuy. Cuando la arbitrariedad del procedimiento se hizo evidente, el propio gobernador amplió su denuncia, imputándole ser jefa de una asociación ilícita y haber cometido fraude contra la administración pública. La fiscalía provincial creó un departamento especial contra Sala.

Desde allí se da forma a un “entramado de acusaciones consecutivas e inicio de causas judiciales para sostener su privación de libertad de manera indefinida”, según denuncia la ONU en su reclamo al gobierno argentino.

“La prisión preventiva es excepcional, sólo puede extenderse por un periodo razonable y no puede ser usada como una medida punitiva”, dice el documento. Y califica la detención de Sala como “arbitraria y violatoria de los estándares del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del cual Argentina es parte”. En este documento se basa también el reclamo de la CIDH.

Pareceres

Para el constitucionalista Roberto Gargarella, la dirigente social ha cometido algunos de los delitos que se le imputan. Considera, sin embargo, que aquí lo que cuenta no es la opinión particular de nadie sino el respeto a los procedimientos legales y las decisiones judiciales basadas en evidencias contundentes.

“El proceso que ha llevado a encarcelar primero y mantener detenida a MS después, pareció desde un principio estar motivado por la decisión política del actual gobernador jujeño, de mantenerla detenida, en razón de la enemistad política que los separa”, escribió el jurista en su blog Seminario de Teoría Constitucional y Filosofía Política. “Cada paso que dicho gobierno tomó desde entonces mostró tener la misma marca de origen: mantenerla detenida primero, ver de qué modo se podía justificar esa detención después”, añade.

Gargarella cree que el reclamo en favor de la libertad de Sala se fundamenta en la presunción de inocencia, la protección especial de la crítica y protesta políticas, la ausencia objetiva de un riesgo de fuga.

El gobierno de Macri invitó a la CIDH y a los expertos de la ONU a que visiten el país. Y delega en la justicia de Jujuy la responsabilidad de rechazar cada pedido.

“¡No me podés comparar a Leopoldo López con Milagro Sala!”, había reaccionado de manera airada Macri el 21 de enero, en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, cuando un periodista trazó una comparación entre el encarcelamiento de la dirigente social en Argentina y la del político opositor en Venezuela. “¿Me lo estás diciendo en serio? –se indignó el mandatario–. López no hizo nada malo como para que lo compares con Milagro Sala”, dijo, antes de dar un final abrupto a la conferencia de prensa.

El presidente argentino siempre ha respaldado personalmente a López, a quien considera un preso político. El reclamo de los organismos internacionales de derechos humanos y de altos dirigentes que también interceden por el opositor venezolano ponen de manera tácita a Sala en el mismo plano. Los grandes medios, que apoyan al gobierno, sostienen que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en marzo rechazó intervenir en el caso, lo tomaría antes de fin de año. Una eventual liberación de Sala por este medio es la derrota más decorosa a la que hoy puede aspirar el gobierno.

El lunes 5 el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria aceptó la invitación de Macri para visitar Argentina. Pero su director, Roland Adjovi, advirtió que el viaje –previsto para mayo de 2017– no puede constituir una respuesta a su reclamo y que “la única respuesta satisfactoria es la liberación” de Milagro Sala.

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