LONDRES (apro).-- La británica Sandra Barclay, de 67 años de edad, manejó su coche Volkswagen por unos 800 kilómetros desde la localidad inglesa de Folkestone, en el condado de Kent, hasta las afueras de Zurich, en Suiza, para llevar a su esposo Andrew, gravemente enfermo, a la clínica Dignitas. Ese doloroso viaje, que llevó en total unas 10 horas y durante el cual la pareja escuchó sus canciones favoritas de toda una vida, rememorando años de felicidad en familia, sería el más difícil que haría la mujer. Sandra llevaba a su marido, con el que había estado casada por más de 30 años, a la conocida clínica suiza donde el hombre se sometería a un suicidio asistido. Andrew, de 65 años, padecía desde 1992 de una esclerosis múltiple en su etapa avanzada, que lo llevó a optar por el suicidio asistido debido a su “baja calidad de vida”. Durante ese viaje final de Folkestone a Suiza, la pareja decidió recorrer la ciudad y pasar por algunos de los sitios turísticos más reconocidos de Zurich, la catedral de Grossmunster, el Museo Nacional suizo, la iglesia de St Peter. La mujer incluso compró algunos recuerdos del “último viaje” de ambos, como postales y otros regalos artesanales. “Nuestra cita era el martes 8 de diciembre por la tarde. Nos habían dicho que todo el proceso (de suicidio asistido) duraría sólo 10 minutos”, contó. Sandra dijo que a Andrew los médicos le dieron una bebida anti-vómitos y luego le preguntaron por última vez si quería ingerir la dosis letal de drogas. El británico asintió con un gesto y consumió ese cóctel mortífero en un pequeño vaso plástico. “Los pacientes pueden quedarse en cama o sentarse en una silla. Andrew decidió sentarse en una silla porque estaba más cómodo. Me alegró que eligiera sentarse”, agregó la mujer. Algunos minutos más tarde, una enfermera ingresó a la habitación para controlar el pulso de Andrew. “Fue una muerte tranquila. No entiendo por qué no pudimos hacerlo en el Reino Unido. Hasta se permite que lo hagamos a perros y gatos, ¿Por qué no con nuestros seres queridos?”, continuó Sandra. “Adiós. Siempre te amé”, fueron las últimas palabras de Andrew la tarde del 8 de diciembre en la habitación de Dignitas, segundos antes de morir. Así el hombre ponía fin a una vida plagada de dolores físicos, angustias y años de depresión. Esa muerte hizo que un grupo de activistas británicos a favor de la muerte asistida exigiera al Parlamento del Reino Unido legislar a favor de esa opción, para evitar así que cientos de personas en el país se vean obligadas a viajar a Suiza para someterse a la eutanasia. Miedo para después de morir Pocas semanas antes de su muerte, Barclay, que en el pasado se desempeñaba como empleado público, le contó al periódico Daily Mail que tenía mucho miedo de que su esposa enfrentara una causa judicial en Gran Bretaña por acompañarlo a la clínica suiza donde él cumpliría su último deseo de morir. “Necesitamos de una ley específica que haga posible esa opción en el Reino Unido”, dijo el inglés. “Es un tema que debe ser controlado cuidadosamente, pero ¿Por qué no seguir aquí el ejemplo de Dignitas?”, agregó. Barclay contó que la opción de la clínica suiza “no fue para nada fácil”, no sólo por la cuestión económica, sino logística. “Uno precisa de reportes médicos y psiquiátricos, y además es uno el que debe llevar a cabo el acto final (de quitarse la vida). Ocurre a cientos de kilómetros de casa, en un lugar alejado y ajeno”, subrayó. Barclay contó que tuvo que pagar más de 10 mil libras esterlinas (cerca de 12 mil 500 dólares) y esperar unos 14 meses por su derecho a quitarse la vida en Dignitas. La clínica, ubicada en un barrio tranquilo a las afueras de Zurich, es una institución fundada en 1998 y donde han muerto desde entonces miles de personas, en su mayoría personas con enfermedades terminales o “cansadas de luchar para seguir viviendo”. Sin embargo, la entidad suiza también ha facilitado la muerte de personas con esquizofrenia y desórdenes bipolares. Su lema principal es: “Vive con dignidad, muere con dignidad”. El fundador del centro, Ludwig Minelli, incluso plantea ampliar el negocio a las personas sanas, que no padecen ninguna enfermedad terminal ni sufren dolores. La clínica tiene códigos estrictos, por ejemplo que una vez allí, el paciente debe tomar el vaso con sus manos e ingerir el cóctel letal de drogas sin ayuda alguna, ya que si alguien lo hiciera por él la muerte sería considerada un asesinato. El británico Barclay sentía que no tenía otra salida a su “martirio”. Fue diagnosticado con esclerosis múltiple en 1992 y, desde entonces, su estado de salud se deterioró significativamente. Comenzó a sufrir varios episodios neurológicos graves que lo dejaron durante semanas imposibilitado de moverse o incluso tragar o beber. Fueron semanas en que dependía completamente de su esposa o de una enfermera. En 2013, los médicos que lo trataban le informaron que su enfermedad había entrado en una segunda etapa de avance progresivo, con síntomas más graves que los hasta entonces padecidos. Fue así como el británico se vio confinado a una silla de ruedas y sus movimientos físicos fueron reduciéndose mes a mes, afectando su calidad de vida. Su lucha contra la parálisis muscular, la incontinencia física y una ceguera parcial lo llevaron a sufrir por meses de depresión y angustia, en algunos casos muy agudas. “He tenido algunos momentos de felicidad. Pero el resto de esos años ha sido una lucha espantosa que ya no tiene sentido pelear. Por eso tomé la decisión de quitarme la vida”, contó Barclay al Daily Mail. Sandra estuvo a su lado en todo momento y admitió sentirse “devastada” cuando su esposo le dijo por primera vez que estaba considerando la opción del suicidio asistido. Después de hablarlo juntos, ella le dijo que respetaría su derecho a morir en caso que esa fuera la última opción que tenía. “Si amas a alguien, lo último que quieres es verlo sufrir y que ese dolor se agrave día a día. Fue durísimo aceptar que se quería suicidar, pero por otro lado lo veía sufriendo más y más”, agregó. La mujer se sumó ahora a los pedidos para que se apruebe una ley de suicidios asistidos en el Reino Unido. “Hay muchos que creen que la gente no debería tomar la decisión de quitarse la vida, que es sólo una decisión de Dios. Todos tienen derecho a opinar, pero para los que pasamos por esto, lo mejor es que haya un marco legal adecuado”, contó Sandra. Bajo la ley de suicidio de 1961 en el Reino Unido, cualquier persona que ayuda o asiste a otra a quitarse la vida puede ser sentenciada y condenada hasta 14 años en prisión. Norma en espera En febrero de 2010, el entonces director de la Fiscalía Pública, Keir Starmer, dio a conocer una serie de lineamientos y regulaciones que clarificaban la posición para las familias que viajaban a clínicas como Dignitas en Suiza, con el fin de ayudar o asistir a sus seres queridos a morir. Esas normativas indicaban que cualquier persona que mostrara “compasión" para ayudar a poner fin a la vida de un ser querido no enfrentaría cargos en su contra ni pena alguna en prisión. Ese documento fue publicado luego de un dictamen judicial en 2009 a favor de la británica Debbie Purdy, quien desde hacía años sufría de una esclerosis múltiple grave, una enfermedad crónica del sistema nervioso central. Los jueces lores aceptaron entonces que la mujer tenía derecho a saber si su marido, Omar Puente, iba a ser condenado en caso que la ayudara a viajar a Suiza para suicidarse. En 2015, un grupo de parlamentarios, entre ellos el entonces primer ministro, David Cameron, rechazó una ley para legalizar los suicidios asistidos en Gran Bretaña, aunque una segunda legislación fue propuesta por la Cámara de los Lores en junio de ese año, que aún sigue sin ser aprobada. La oposición a una reforma de dicha ley creció en los últimos años por parte de muchos grupos, incluidos activistas que consideran que personas con distintos tipos de discapacidad mental podrían ser presionadas para suicidarse u otros que creen que la eutanasia podría volverse un lucrativo negocio en el país. El suicidio asistido también es rechazado por grupos religiosos --católicos, protestantes, judíos y musulmanes-- y pro-vida, que sostienen que quitarse la vida, incluso cuando la persona sufre de enfermedades graves o terminales, va en contra de todo designio divino. La eutanasia es legal en Bélgica, Holanda, Luxemburgo y Canadá, en tanto que ciertos casos de suicidio asistido por un médico están regulados en estos países y, además en Suiza y en cinco estados de Estados Unidos, entre ellos Oregon, Washington, Montana y Vermont. En los países mencionados, a los adultos y también a los adolescentes a partir de los 12 años en Holanda, no se les requiere un diagnóstico médico para solicitar la eutanasia. En Suiza, el suicidio asistido por un médico no necesita de diagnóstico médico. Por el contrario, en cuatro de los cinco estados de Estados Unidos el solicitante debe estar en una situación clínica terminal, con una esperanza de vida inferior a seis meses. Con respecto a América Latina, el único país donde es legal la eutanasia es Colombia, que aprobó esa medida en 2015, aunque allí ese procedimiento es muy problemático para ciertos sectores de la sociedad, especialmente los más religiosos. Sarah Wootton, directora del grupo a favor de la eutanasia “Dignity in Dying” (Dignidad al morir), considera que es “una tragedia” y algo “inaceptable” que en el Reino Unido siga habiendo casos como el de Debbie Purdy o Andrew Barclay. Para la activista, es hora que Gran Bretaña apruebe la ley del suicidio asistido, sumándose así a otros países. “Es una trágica realidad que personas seriamente enfermas como Andrew sientan que no tienen más opción que pasar sus últimos días viajando cientos de kilómetros a Suiza para poder tener una muerte digna como buscan”, concluyó Wootton.