CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras pagar una fianza de 50 mil dólares cada uno, Karla Escalante y Jorge Carlos Escalante, esposa e hijo del expresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Tijuana, Baja California, Jorge Escalante Martínez, abandonaron la cárcel para enfrentar en libertad los cargos por lavado de dinero de los que se les acusa en Estados Unidos. No obstante, el regidor panista Luis Torres Santillán, otro de los acusados, permanecerá en prisión hasta su próxima audiencia fijada para el 3 de enero. De acuerdo con información difundida por el diario ZETA, poco antes de las 2 de la tarde de ayer dio inicio la audiencia múltiple en la que declararon nueve de los más de 20 indiciados por lavado de dinero, en una investigación que involucra tres expedientes dentro de la Fiscalía de San Diego y que, de acuerdo con el fiscal a cargo, John Dunn, podría derivar en más arrestos. Entre los asistentes a la sala 11 de la Suprema Corte de San Diego se encontraba el empresario Jorge Escalante, así como la esposa, hermano y padre del regidor Torres Santillán, y otros miembros de la familia del matrimonio David Javier Espinosa y Claudia Ramírez. El primero en ser presentado ante el juez David J. Danielsen fue Torres Santillán, quien en 2011 se convirtió en apoderado legal de Fernando Beltrán, concesionario del gobierno del estado y amigo del gobernador Francisco Vega y el secretario de Finanzas, Antonio Valladolid. Torres Santillán, quien formalmente no ha solicitado licencia a su cargo como regidor de Tijuana, portó el uniforme azul de la Cárcel Central de San Diego, se encontraba esposado de manos y lucía una crecida barba. En más de una ocasión volteó la cabeza hacia las bancas de la sala, en cuya primera fila se encontraba su familia. A través de su abogado, el sandieguino Anthony Colombo, Torres Santillán pidió se aplazara la audiencia en la que se le fijara fianza, ya que su representante requiere más tiempo para presentar argumentos que apelaran a una reducción de la fianza de 5 millones de dólares solicitada por la Fiscalía. El regidor permanecerá en prisión por lo menos hasta el 3 de enero de 2017, cuando la Corte de San Diego celebrará tanto la audiencia para revisión de fianza como la audiencia preliminar, en la que se leerán los detalles de los diez cargos por lavado de dinero que la Fiscalía presentó en su contra. A su lado izquierdo fue presentada Claudia Ramírez, esposa del casa cambista tijuanenses David Javier Espinosa, exempleado de Fernando Beltrán en Promociones Zanfer. La mujer también pidió que la fianza le fuera fijada en una audiencia posterior, por lo que se le agendó en la misma fecha. Por su parte, tanto Karla Escalante como Jorge Carlos Escalante lograron que se les redujera la fianza de un millón de dólares a 50 mil dólares. Sus abogados argumentaron que Karla Verena Lamas de Escalante es una mujer ama de casa, dedicada al cuidado de sus cinco hijos, entre ellos dos que padecen autismo, y al ser ciudadana estadunidense, residente de ese país y sin antecedentes penales, no existe el riesgo de que huya. Casi los mismos argumentos fueron utilizados a favor de su hijo, Jorge Carlos, de quien su abogado aseguró que padece un espectro autista, es un estudiante universitario y desde 2002 vive en Estados Unidos. David Javier Espinosa, Mario Rodríguez-Rivera y dos detenidos más que se encuentran acusados dentro de un expediente adjunto, en la misma investigación por lavado de dinero, también fueron citados hasta el 3 de enero para sus audiencias de revisión de fianzas y sus audiencias preliminares. En tanto, Liza Ampudia, otra de las 12 acusadas junto con Luis Torres Santillán, se presentó en la Corte sin haber sido arrestada y también apeló a una reducción de fianza, ya que su abogado aseguró que la mujer de 47 años es una ama de casa, ciudadana estadunidense, con tres hijos, uno de los cuales juega en una liga infantil de béisbol, por lo que mantenía fuertes vínculos con su comunidad. A la mujer también se le redujo la fianza a 50 mil dólares y se le citó también para continuar el proceso penal en su contra el miércoles 3 de enero. Al final de la audiencia, Anthony Colombo, abogado del regidor Torres Santillán, aseguró que su cliente se declarará no culpable de los cargos en su contra. También detalló que al presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Cabildo de Tijuana se le acusa de cruzar dinero en efectivo de Tijuana a San Diego para depositarlo en cuentas bancarias y desde Estados Unidos transferirlo de vuelta a México, pero aseguró se trata de dinero legítimo con el que pagaba a proveedores de empresa por “grano”.