PUEBLA, Pue. (apro).- Tras calificar el sexenio de Rafael Moreno Valle como el peor que ha tenido Puebla en los últimos 50 años, organizaciones sociales, activistas y políticos de distintos partidos anunciaron que se unirán para promover un juicio político en contra del mandatario en cuanto concluya su mandato. Al faltar 40 días para que termine el sexenio, las agrupaciones y ciudadanos conformaron el “Movimiento de agraviados e indignados” para realizar una serie de acciones que visibilicen el saldo negativo que dejará el gobierno morenovallista. Como primera acción anunciaron que el próximo 30 de enero harán una marcha a la que se sumarán, entre otros, familiares de presos políticos, estudiantes, maestros, habitantes de Juntas Auxiliares, víctimas de feminicidios, agrupaciones como “la 28 de Octubre” y hasta el exalcalde panista Eduardo Rivera Pérez. “Este tirano que ya se va, no puede hacerlo en la impunidad. Al día siguiente que deje el cargo y pierda fuero, ya hay un grupo de abogados que prepara la demanda de juicio político en su contra para que responda por todo el desastre que generó en su sexenio”, señaló el académico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Eudoxio Morales. De acuerdo con las organizaciones, a las movilizaciones también se integrarán miembros del Polo de Fuerzas Progresistas de Puebla, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Partido de la Revolución Democrática (PRD) y hasta de Acción Nacional, partido en el que milita Moreno Valle. En rueda de prensa hicieron un balance de los “agravios” que dejará este sexenio, entre los que mencionaron el endeudamiento de más de 75 mil millones de pesos, la aprobación de leyes anticonstitucionales, imposición de los integrantes del Poder Judicial, sumisión del Congreso local, persecución y encarcelamiento de activistas y ciudadanos. “El Poder Legislativo cayó en la más absoluta y lacayuna dependencia de los caprichos de Moreno Valle, todas sus ‘iniciativas’ presentadas por él o por sus dependientes fueron aprobadas sin oposición, con la salvedad del diputado Julián Peña, de Convergencia Ciudadana, y la diputada Socorro Quezada del PRD”, precisaron. De igual manera, mencionaron la actuación de los jueces Tercero y Noveno, y del juzgado penal de San Pedro Cholula, quienes se convirtieron en “jueces de consigna” por concentrar las sentencias y procesos en contra de las personas que resultaron incómodas para el gobierno de Moreno Valle por protestar, denunciar o diferir. Resaltaron la subordinación que imperó en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, porque el ombudsman Adolfo López Badillo, subrayaron, convirtió al organismo en una “oficina de despacho del Ejecutivo”. “El endeudamiento que deja Moreno Valle por más de 75 mil millones de pesos es un monumento a la opacidad; las deudas contraídas mediante los llamados PPS no son otra cosa que un disfraz que pretende ocultar el dispendio y la malversación de los recursos públicos”, reclamaron. E indicaron que “en este rubro no actuó solo, contó con la complicidad de Antonio Gali Fayad, quien como (próximo) gobernador no sólo cuidará las espaldas de Moreno Valle, sino las suyas, ya que la fortuna que acumuló a partir de su ingreso al círculo morenovallista es insultante. Su casa, una de las mansiones más costosas del país, es la prueba más irrefutable”. El colectivo reclamó la salida de “la legión extranjera”, el círculo de colaboradores de primer nivel de Moreno Valle compuesto por personajes ajenos al estado y cuyos principales operadores son el diputado federal Eukid Castañón y el exgobernador de Oaxaca Diódoro Carrasco. Indicaron, asimismo, que uno de los rubros más sentidos en la administración morenovallista fueron las recurrentes violaciones a los derechos humanos, la más grave de las cuales ocurrió el 9 de julio de 2014 contra habitantes de San Bernardino Chalchihuapan, que derivó en la muerte del niño José Luis Tehuatlie Tamayo. “Además del desempleo que generó la prohibición de mototaxis, el cierre de verificentros, la persecución de vendedores informales, la simulación y el enriquecimiento personal y de sus corifeos en el caso de Audi. Son agravios que los ciudadanos poblanos no podemos dejar pasar por alto”, destacaron las organizaciones.