BOGOTÁ (apro).- Este año que concluye podría ser el último de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela. A menos que ocurra una abierta ruptura del orden constitucional, al gobernante chavista le resultará extremadamente complicado mantenerse en el poder en 2017. El gobierno y los poderes del Estado que le son incondicionales, el Judicial y el Electoral, ya agotaron las argucias legales para evitar la realización, en 2016, del referendo revocatorio del mandato de Maduro promovido por la oposición. Pero esa consulta popular parece ineludible en 2017. No sólo porque la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de paralizar el proceso hacia el referendo en octubre pasado se basa en fallos judiciales de cinco tribunales regionales que, según la oposición, carecen de todo sustento jurídico y son insostenibles, sino porque una nueva maniobra de ese tipo por parte del gobierno podría desembocar en una movilización popular desestabilizadora para el régimen. En un contexto de profunda crisis económica, política y social, resultaría suicida para Maduro buscar mantenerse en el poder a toda costa. Dirigentes de la oposición y hasta sectores del chavismo moderado consideran que la Fuerza Armada, cuya cúpula ha sido leal al gobierno de Maduro a cambio de cada vez más posiciones de poder –ministerios, empresas públicas, gobiernos regionales--, no va a participar en una represión que implique un baño de sangre. Y en el interior del chavismo también hay voces críticas que deploran la manera en que el gobierno de Maduro ha conducido la economía y en que ha solapado y participado en casos de corrupción que, según exministros como Héctor Navarro y Jorge Giordani, han propiciado un saqueo de las arcas públicas por más de 300,000 millones de dólares. Los escándalos que enfrenta el régimen –todos los cuales atribuye a un plan desestabilizador del “imperialismo yanqui”— incluyen las denuncias de nexos entre altos funcionarios y militares chavistas con los cárteles de la droga. En noviembre pasado, un jurado federal de Nueva York declaró culpables de tráfico de cocaína a dos sobrinos de Maduro, Efraín Campo y Francisco Flores. Según la acusación, ellos planearon el envío de esa droga un avión que partió del hangar presidencial en el aeropuerto de Caracas, hizo escala en Honduras y tenía como destino final Estados Unidos. Crisis y enojo popular Los venezolanos están irritados con el gobierno no sólo por las denuncias de la voraz corrupción y de las relaciones del poder político y militar con el crimen organizado, sino por el desabasto de alimentos, medicinas y productos básicos en el mercado, y el profundo deterioro de las condiciones de vida. En sólo tres años, entre 2014 y 2016, la economía venezolana acumuló un desplome del 19.6%. Es decir, en ese lapso de tiempo el Producto Interno Bruto (PIB) perdió la quinta parte de su valor. Más de la mitad de la población vive en la pobreza y este año la inflación cerrará en 475%, según proyecciones del Fondo Monetario Internacional. En 2017, este índice llegará a 1,660%. Esta escalada de precios pulveriza los salarios. El sueldo mínimo mensual equivale a solo 32 dólares. Y la violencia se convirtió en uno de los problemas más sentidos por los ciudadanos. Un informe que divulgará esta semana el Observatorio Venezolano de Violencia señala que el índice de homicidios en el país rebasó este año los 90 por cada 100,000 habitantes, el más alto del mundo para una nación que no está en guerra. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) estima, por su parte, que este año se registraron más de 6,500 protestas, un tercio más que en 2015, y al menos 850 saqueos o intentos de saqueos de comercios o camiones repartidores debido al desabasto de alimentos. El OVCS ha expresado su preocupación por la posibilidad de que se produzca un estallido social en Venezuela si el gobierno de Maduro continúa tensionando el orden constitucional. El presidente venezolano logró que las polémicas decisiones de cinco tribunales regionales detuvieran en octubre el proceso para recolectar las firmas necesarias que requiere la convocatoria a un referendo revocatorio. Con esto, el gobernante anuló la posibilidad de que el referendo se realice en 2016. Si esto hubiera ocurrido y si, como anticipaban todas las encuestas, los votantes hubieran optado por revocarle el mandato, se tendrían que haber convocado elecciones para reemplazar al gobernante. Esto, en los hechos, hubiera significado la salida del chavismo del poder. El referendo revocatorio que, según los tiempos que maneja el Consejo Nacional Electoral, se realizaría en 2017, el chavismo tiene una ventaja: si Maduro pierde esa consulta, el vicepresidente, un cargo que designa el propio gobernante, debería asumir la presidencia. El actual vicepresidente, Aristóbulo Istúriz, es un exlíder magisterial ubicado en el chavismo dialogante y moderado. Pero en un escenario de inminente referendo revocatorio, es poco probable que Istúriz permanezca en ese cargo. Maduro, en cambio, podría nombrar como vicepresidente a su esposa, Cilia Flores, o al número dos del régimen, Diosdado Cabello, el líder de la línea más dura del chavismo y un exmilitar señalado por Leamsy Salazar, exjefe de seguridad de Hugo Chávez, como el jefe del Cártel de los Soles, como se conoce en Venezuela a los militares involucrados en el negocio del narcotráfico. De esta manera, si Maduro pierde el referendo revocatorio la presidencia quedaría en manos de Cilia Flores o de Diosdado Cabello. Es decir, del chavismo duro. Según la mayoría de los sondeos, entre el 80% y el 90% de los venezolanos quiere que Maduro deje el poder, y ocho de cada 10 votaría a favor de revocar el mandato al presidente si se realiza un referendo revocatorio. De acuerdo con el director de la firma de estudios de opinión Datanalisis, Juan Vicente León, “las encuestas indican que la población tiene sentimientos de frustración, miedo y de rabia y quiere un cambio de gobierno, y votará por una mayoría contundente en contra de Maduro en un referendo revocatorio”. Lo único que podría evitar un referendo revocatorio en 2017, además de una ruptura del orden constitucional, es una negociación política que permita adelantar las elecciones presidenciales que están previstas para 2019. El gobierno y la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) sostienen desde octubre pasado, con la intermediación de El Vaticano, un diálogo en busca de una salida a la crisis política. Pero justamente este domingo 25 de diciembre la alianza opositora anunció que no asistirá al reinicio de los diálogos, previsto para el próximo 13 de enero, debido a que el gobierno ha incumplido varios compromisos, entre ellos el de fijar un cronograma electoral para la realización de un referendo revocatorio o, eventualmente, para adelantar los comicios presidenciales. Lo que quedaría, entonces, es la movilización ciudadana para exigir al gobierno de Maduro cualquiera de estas dos salidas electorales en momentos en que el presidente enfrenta el rechazo de la mayoría de los votantes.