Después de varios meses de gestiones administrativas, la delegación Tlalpan, encabezada por Claudia Sheinbaum, del Movimiento de Regeneración Nacional, decidió demoler dos de las tres cabañas construidas por Carlos Hernández Mirón y Eloy Fuentes Ortega, exfuncionarios de la demarcación, en el paraje La Rufina, zona del Ajusco. Ninguno de los dos comprobó ser el auténtico propietario, mientras que el tercero, Higinio Chávez, aún conserva su finca mediante argucias administrativas. El operativo del martes 6 se realizó semanas después de que Proceso documentó las tropelías de Chávez, quien estuvo al frente de la demarcación en el trienio 2009-2012. CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El martes 6, alrededor de 200 trabajadores de la delegación Tlalpan acudieron al paraje conocido como La Rufina –de casi 15 mil metros cuadrados, en el bosque del Ajusco– y derribaron dos de las tres fincas campestres construidas por exfuncionarios de la demarcación en ese lugar, considerado uno de los principales pulmones de la Ciudad de México. Acompañados por uniformados de la delegación y dos trascabos vaciaron una de las dos viviendas –la de Eloy Fuentes Ortega; la otra, perteneciente al diputado perredista Carlos Hernández Mirón, estaba semivacía– y procedieron a derruirlas. Higinio Chávez García, quien fue jefe delegacional de 2009 a 2012 y es el presunto propietario de la tercera cabaña, estuvo ese día en el lugar y grabó con su celular todas las maniobras. Más tarde dijo a los reporteros que los dos inmuebles derruidos pertenecían a sus excolaboradores Hernández Mirón y Fuentes Ortega, a quienes él mismo se las vendió. Y declaró que la tercera vivienda edificada en la zona no es suya. Eluin Fuentes Monzón, hijo de Fuentes Ortega, intentó infructuosamente frenar la demolición. Se subió a uno de los trascabos y le exigió al operador mostrarle la orden correspondiente. “Esto es un atropello”, vociferó. Los uniformados presentes en el operativo lo bajaron de la máquina. Antes de retirarse, Fuentes Monzón responsabilizó a este semanario de la destrucción de las cabañas por informar en julio pasado sobre las suntuosas fincas campestres construidas a la altura del kilómetro 14 de la carretera Picacho-Ajusco, en suelo de conservación del Ajusco (Proceso 2072). “Todo es culpa de la revista Proceso por publicar la información”, acusó. El contrato privado de Fuentes Ortega Aun cuando ninguno de los usufructuarios de los tres predios ubicados en La Rufina tiene títulos de propiedad ni licencias de construcción, las autoridades delegacionales sólo pudieron derruir dos cabañas: la de Hernández Mirón –quien fue director general de Desarrollo Social en Tlalpan entre 2009-2012, precisamente cuando Chávez García era el titular de la demarcación; hoy es diputado federal por el PRD– y la de Fuentes Ortega, director general de Servicios Urbanos en el mismo trienio. Ninguno de los dos afectados acreditó en tiempo y forma interés jurídico alguno sobre la propiedad usufructuada; tampoco promovieron ningún juicio de nulidad o de amparo durante todo el proceso de desahogo del procedimiento administrativo. Ortega Fuentes intentó hacerlo en un primer momento. No tuvo éxito. Según la resolución administrativa emitida en noviembre último por la Dirección General Jurídica y de Gobierno de la delegación Tlalpan, el 24 de agosto el exfuncionario presentó un contrato privado de compraventa con el que pretendió acreditar la propiedad del predio de mil 864 metros cuadrados donde construyó su cabaña y un salón de fiestas. El contrató con reserva de dominio fue suscrito el 17 de enero de 2008, un año antes de asumir la dirección general de Servicios Urbanos de la demarcación. Como parte vendedora del predio aparece el nombre de Chávez García, quien en 2009 asumió la jefatura delegacional. En las cláusulas del contrato, Fuentes Ortega se comprometió a pagarle a Chávez García 700 mil pesos por el terreno en varias exhibiciones: 400 mil de enganche y el resto a plazos, según la copia del documento consultado por Proceso. Asimismo, el vendedor consignó que el predio en cuestión fue adquirido a través de un contrato privado de cesión de derechos celebrado con Roberto Esquivel Romero el 25 de enero de 2005. Sin embargo, el jurídico de la delegación rebotó la documental de Fuentes Ortega con el argumento de que presentaba algunas inconsistencias, mismas que debían subsanarse en los siguientes cinco días hábiles. El 9 de septiembre Fuentes Ortega presentó de nueva cuenta el escrito, pero no acreditó interés jurídico sobre la propiedad usufructuada, por lo que el jurídico delegacional dio por concluido el procedimiento administrativo el 15 de noviembre con la orden expresa de demoler la finca. La finca de Hernández Mirón El caso de Hernández Mirón fue distinto. El diputado federal perredista asumió una actitud pasiva de principio a fin al no mover un dedo para frenar la acción de la autoridad. En declaraciones a la prensa, posteriores a la demolición, el legislador perredista insistió en que la cabaña derruida no era de su propiedad, pese a que su “padre político” –Chávez García–, lo desdijo al declarar públicamente que él mismo le vendió el predio de 2 mil metros cuadrados. En ambos casos, la decisión de demoler estuvo sustentada en buena medida en los dictámenes ambientales que la delegación comandada por la delegada Sheinbaum, de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), realizó previamente, como parte del procedimiento administrativo. Según los estudios, el polígono de los tres predios se encuentra dentro de una zona prolija en vegetación ordinaria que, por su estructura y función, favorecen la recarga del acuífero y la conservación de la biodiversidad, por lo que “está estrictamente prohibido el desmonte y la caza, y, por ende, el uso de suelo habitacional”. Elaborados por un equipo de trabajo encabezado por la titular de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Columba Jazmín López Gutiérrez, y por peritos de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, los dictámenes destacan que las construcciones en el polígono de referencia ocasionaron la remoción de una buena parte de la vegetación nativa y propiciaron la propagación de flora exótica. El impacto ambiental que esto produce, consigna uno de los reportes, es la pérdida de la capacidad de infiltración fluvial y la de almacenamiento de carbono orgánico. Con imágenes satelitales de Google Earth, entre otras periciales, los expertos corroboraron también que los tres predios ocupados formaban parte del bosque templado del Ajusco, que se derribaron árboles maduros y que, en síntesis, se modificaron los patrones ecológicos y evolutivos de la biodiversidad de ese pulmón de la Ciudad de México. “La única forma de resarcir los daños es realizando los trabajos necesarios para que los predios vuelvan a su estado natural, es decir, mediante la demolición de las construcciones”, concluyeron los expertos. Argucias del exdelegado De los tres inmuebles, el único que no pudo ser tocado fue el de Chávez García, pues durante su gestión como delegado se borraron las evidencias de las irregularidades cometidas y se terminaron de construir las tres cabañas. La suya es la más grande y suntuosa: ocupa una superficie de 9 mil 100 metros cuadrados, de los cuales 810.74 se encuentran construidos (Proceso 2072). Chávez García, diputado del PRD con licencia, logró frenar provisionalmente la orden de demolición emitida por la Dirección General Jurídica y de Gobierno de la delegación Tlalpan al conseguir, el pasado 16 de noviembre, una suspensión definitiva de amparo que promovió ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de esta capital, así como la protección provisional de la justicia federal. Amparado en un contrato de derechos posesorios que presuntamente le cedió un comunero de San Miguel Ajusco, de nombre Guillermo Vega Camacho, el 10 de marzo de 1999, Chávez García comenzó a litigar el asunto casi un mes después de que las autoridades delegacionales arrancaron el procedimiento administrativo en su contra –el 11 de agosto último–, con una visita de verificación al predio. El 25 de agosto Susana García Cárdenas, esposa de Chávez García, acudió a la delegación a presentar un escrito de observaciones. Cuatro días más tarde, el Jurídico de la demarcación emitió un acuerdo de prevención para que la supuesta propietaria acreditara el interés jurídico y aportara pruebas de la legítima propiedad del predio. Un par de días después, una vez notificada, García Cárdenas promovió un juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso, mismo que fue admitido por la Primera Sala, ponencia dos. Antes de que el Contencioso resolviera el asunto, el área jurídica de la delegación siguió adelante con el procedimiento y el 30 de septiembre ordenó la clausura del predio, previa notificación a los usufructuarios y su publicación en estrados. El caso se atoró ahí porque el 27 de octubre la Primera Sala de lo Contencioso reconoció la validez de los actos impugnados por la quejosa en el juicio de nulidad I-78802/2016 de fecha 11 de octubre. No conforme con ello, la defensa legal de Chávez García buscó la protección de la justicia federal con la promoción de un amparo ante un Juzgado de Distrito para evitar la demolición de la finca y el cobro de la sanción pecuniaria impuesta por la autoridad delegacional. El 16 de noviembre el juzgado le otorgó la suspensión definitiva en el juicio de amparo 1647/2016. Un día después, Chávez García obtuvo otro triunfo en la batalla legal que libra con la delegación Tlalpan al ganar otro juicio de nulidad III/96008/2016 en el Tribunal de lo Contencioso: la resolución impide de momento a la autoridad ejecutar la demolición de la cabaña y cobrar la multa administrativa correspondiente, cuyo monto asciende a 5% del valor de la construcción. El rancho Los Frutales De acuerdo con un avalúo realizado por la esposa del exdelegado el 21 de agosto de 2015, un mes antes de que Claudia Sheinbaum asumiera las riendas de la delegación, la finca se cotizaba en 16 millones 200 mil pesos. Bautizada por sus propios dueños como rancho Los Frutales, el inmueble, ubicado en los límites de los pueblos de Santo Tomás y San Miguel Ajusco, tiene estacionamiento para seis automóviles, vivienda para conserje, horno para barbacoa, terraza-bar, casa de muñecas, salón de fiestas con dos baños y medio, gallineros, baños exteriores y amplios jardines. Construida con tabique rojo recocido y coronada con acabados de madera, la cabaña principal cuenta con sótano y dos niveles. En la planta baja hay dos terrazas –una de ellas con jardín–, cocina, antecomedor, comedor, oratorio, estancia doble, bar, baño, recámara en tapanco, acceso principal y chimenea; la de la parte alta tiene tres recámaras con clósets; todas tienen baño, y una cuenta con un baño extra para los invitados. Los pisos son de loseta cerámica y de cantera en el exterior, y en el interior predomina la duela de madera natural. Chávez García no escatimó en gastos. En el jardín mandó instalar un temascal y un spa con vestidor y regaderas, así como un cuarto de masajes. También construyó un estanque artificial rodeado de árboles frutales, cinco caballerizas, un picadero y una palapa de descanso, desde donde se puede apreciar la inmensidad del bosque del Ajusco, al que le quitó un pedacito. Aunque hasta ahora la batalla legal se ha inclinado a favor del exjefe delegacional, la delegación todavía tiene un as bajo la manga para lograr su cometido de recuperar los casi 15 mil metros cuadrados escamoteados al bosque del Ajusco. Se trata de una denuncia penal por la presunta comisión de delitos ambientales interpuesta contra Chávez García, Hernández Mirón y Fuentes Ortega. La querella fue presentada por la representante legal de la delegación, Valeria Magdalena de la Rosa Tapia, el pasado 5 de septiembre en la agencia investigadora del Ministerio Público “B” de la Fiscalía Desconcentrada en Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana, misma que quedó radicada en la carpeta de investigación CI-FEDAPUR/A/UI-3 C/D/00124/08-2016. No sería la primera querella contra el exdelegado. Detrás de la posesión de al menos uno de los dos predios que vendió a sus allegados hay una historia: En 2007, Juan Antonio Urías Sandoval lo denunció por despojo. Según la indagatoria iniciada en aquel entonces –FTL/TLP/72/00446/07-5–, Chávez García le quitó a la fuerza un predio de 2 mil metros cuadrados en el paraje La Rufina, luego de que se negó a vendérselo. Precedido de la amenaza de quitarle la propiedad “a como diera lugar”, el 5 de mayo de ese año Villegas Fabián encontró invadido el terreno por huestes del entonces diputado federal. En su declaración ministerial quedó asentado que Chávez García “me dijo que tenía fuero, que no se podía proceder en su contra y que, como ya había visto, podía controlar al fiscal, al Ministerio Público, al jefe delegacional y a la PGJ”. No pasó nada.