CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Un día de 2009 Alicia Saláis Orrantia, activista por los derechos humanos de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, llegó a las oficinas de la Procuraduría General de la República (PGR) en Ciudad Juárez a denunciar el acoso al que, afirmaba, la sometían militares. Su queja fue a parar a manos del Ejército, porque la instrucción (una “instrucción superior” que nunca fue especificada) era que todas las denuncias contra militares fueran enviadas a la guarnición de la plaza. Alicia fue a quejarse dos veces más a la PGR. Meses después asesinaron a su hijo. Después, a su esposo. Al final la mataron a ella. Saláis Orrantia, de la Asociación Civil de Derechos Humanos en Nuevo Casas Grandes, fue secuestrada afuera de su oficina el 5 de noviembre de 2009 luego de testificar sobre el homicidio de su esposo, Paz Rodríguez Ortiz, ocurrido un mes antes y tras denunciar el asesinato de su hijo Paz Alberto. Todos eran activistas por los derechos humanos. Con 10 casos de defensores de derechos humanos ultimados, 2009 fue el peor año para éstos en Chihuahua. Acoso gubernamental En 2008 la abogada Rosa María Sandoval Chávez fue defensora particular de tres hombres detenidos en Ciudad Juárez, a quienes les encontraron drogas y una caja fuerte con dinero. La caja la abrieron soldados, quienes entregaron poco más de 100 mil pesos a las autoridades. Los detenidos dijeron que había más de 300 mil, según el expediente PGR 277/2008. Tiempo después Sandoval colaboró con el gobierno de César Duarte: fue fiscal en la Unidad Especializada en Control, Análisis y Evaluación de la Fiscalía del estado de Chihuahua. En ese puesto fue acusada por Manuel García –ayudante de Marisela Escobedo, la activista social asesinada en diciembre de 2010 frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua mientras protestaba por la desaparición de su hija Rubí Marisol Fraire Escobedo– de presionarlo y amenazarlo para que cambiara su declaración ministerial y se incriminara junto a su fallecida compañera, de pertenecer al cartel de Joaquín El Chapo Guzmán. Manuel García aseguraba que la acusación, según la fiscal Sandoval, la iba a armar basada en una narcomanta aparecida el 21 de diciembre de 2010 en Ciudad Juárez, y en la cual supuestamente la organización criminal se solidarizaba con la familia de Escobedo y solicitaba información sobre Sergio Rafael Barraza Bocanegra, asesino de Rubí. Recordaba que se negó a “manchar la memoria de Marisela Escobedo”. Fue amenazado de muerte y le retiraron la protección policiaca que tenía tras el homicidio de la activista. En diciembre de 2011 declaró a losangelespress.org que tuvo que salir por sus propios medios de Ciudad Juárez, pues su vida corría peligro. El caso Unzueta Federico Unzueta fue detenido por soldados y encerrado en la guarnición militar casi un mes. Su delito fue vivir en un barrio conflictivo y saber quién era quién en el lugar. Durante su paso por la base militar de Ciudad Juárez lo tuvieron vendado de los ojos todo el tiempo, pero aun así pudo platicar con otro detenido del mismo barrio, pues los colocaron juntos. Era lo que contaba su esposa, quien iba a preguntar a diario a las oficinas de la PGR por él. Comentaba que en el cuartel militar le decían que ahí no estaba. Después de casi un mes, un muchacho buscó a la mujer, le dijo que traía un recado de su esposo. A este chico lo torturaron para sacarle información y lo dejaron salir. Unzueta creyó, porque así le dijeron, que él también iba a salir. Entonces le comentó a la esposa que no se preocupara, que lo iban a dejar salir, que sólo le habían sacado información de todos los consumidores de drogas del barrio. Pasaron los días, Federico no aparecía y el Ejército seguía diciendo que no lo tenía. Después, con huellas de tortura, su cadáver apareció en la calle. Testigos dijeron que fue arrojado desde un automóvil. Su esposa lo encontró dos semanas después, en calidad de desconocido, en el Servicio Médico Forense. Se tenía que iniciar una averiguación por homicidio contra quien resultara responsable. Pero el agente de la PGR no quiso hacerlo por temor a los militares y porque a él le hubiera correspondido la investigación e integración del expediente. Así que se levantó acta circunstanciada. Se iba a elevar a averiguación previa pero se archivó el expediente. Testimonios de exfuncionarios “Hubo un tiroteo entre sicarios en Ciudad Juárez. Los que quedaron en el lugar de los hechos iban en una camioneta Durango azul. Al parecer había cuatro tripulantes. Uno quedó muerto al volante; otro, en el asiento trasero. Hubo un sobreviviente que recibió un tiro en la cadera y quedó paralítico. Estuvo en una clínica privada y nunca se supo quién pagaba la cuenta. El médico decía que era una obra de ‘humanidad’”, narra un exfuncionario de la PGR quien pide la reserva de su nombre. “El caso”, continúa, “es que uno de los sicarios muertos era gemelo de un (agente del) Ministerio Público del estado asignado a homicidios. Cierto día en las instalaciones de la Procuraduría de Justicia de Chihuahua, los agentes federales estaban dando fe de la camioneta, mientras los militares tomaban los chalecos antibalas que estaban dentro del vehículo. Se llevaron lo que pudieron… parecían aves de rapiña. “Días después llevaron detenidos a los hermanos del sicario muerto, el que era Ministerio Público del fuero común y otro, de la Policía Municipal, junto con la esposa del primero, que también era perito en la Procuraduría local. Los tres habían estado detenidos varios días en la guarnición militar sometidos a torturas; a la mujer la desnudaban y la hacían darse vuelta y dice que le tomaban fotos. Siempre negó que la hubieran violado. “Los presentaron ante la PGR con drogas y armas y fueron consignados. Después un periódico publicó que la camioneta en la que supuestamente los detuvieron había sido decomisada días antes en la cochera de una casa donde se hizo un cateo y ahí salía en la foto. Así que todo el parte informativo de los militares era una farsa y así lo manejó el defensor de los detenidos y logró tumbar el proceso. Pero ellos no querían salir libres, decían que los militares los fueron a amenazar al Cereso: si salían, los matarían. “Dos o tres meses después, al revisar los objetos de los sicarios, se hallaron las pertenencias de un policía municipal que había desaparecido ese mismo día (el del tiroteo de sicarios en Ciudad Juárez) al salir del turno a las seis de la mañana. Su cartera estaba salpicada de sangre, estaba su licencia, su IFE, su credencial de policía, su placa, además de documentos personales; también fornitura. Pero nunca se supo si él iba en la camioneta Durango y escapó durante el tiroteo. “Era la cuarta persona, porque había rastros de sangre de la camioneta hacia la banqueta cercana y ahí se perdían. Nos pareció un caso extraordinario para investigar, pero el jefe no quiso. Decía que si se iba a fondo podrían matar a todos. Y así quedó. Nos comunicamos con la esposa para entregarle sus cosas y lo agradeció, porque la Policía Municipal le iba a cobrar la fornitura, la credencial, la gorra. Porque según ellos había sido abandono de trabajo, aunque no había cuerpo. Increíble. Fue en 2008 en las instalaciones de la guarnición militar de Ciudad Juárez, que se encuentra al lado del Cereso.” El saqueo “Por esos meses en la guarnición se veían camionetas último modelo estacionadas junto a cuatrimotos de colores brillantes, hasta remolques con lanchas. ¿Lanchas en Ciudad Juárez? Se sabía que era todo lo que robaban los militares en los cateos. A veces abrían las puertas de las camionetas verdes del Ejército y se veía pintura roja o de otro color en la orilla de la puerta y varias tenían rines cromados”, narra a Proceso otro exfuncionario de la PGR adscrito en esa época a Ciudad Juárez. “Cierta ocasión los militares detuvieron a un hombre, ya no recordamos cuáles fueron los cargos, pero la camioneta no era objeto de delito y la fue a reclamar la esposa. Un oficial del cuartel no la quería entregar, le daba muchas vueltas hasta que llamó por teléfono; antes preguntó de qué color estaba pintada… la señora dijo que roja. Entonces comentó al hombre con el que hablaba que la volvieran a pintar de rojo, porque se iba a entregar.” “Otro día, eran como las seis de la mañana, cuando salimos de trabajar. Vimos un camión militar de redilas grande como con un menaje de casa: llevaba televisiones, refrigeradores, lavadoras, sillas, motos, micros, de todo. Iba rumbo a la guarnición. Era requisito que cuando llevaran autos decomisados, siempre deberían ir con el número de averiguación previa que correspondía. Pero a veces había más de 10 vehículos que decían les habían sobrado –obvio, desvalijados–, sin número de averiguación ni nada. “Muy probable, porque eso se comentaba, que el general Felipe de Jesús Espitia Hernández, comandante de la Operación Conjunta Chihuahua, repartiera el botín antes de salir de Juárez. Se había hecho muy cercano de una agente del Ministerio Público Federal; cada que ella estaba de turno casualmente era cuando más detenidos llegaban, porque la Ministerio Público hacía negocio con los detenidos, ya que los cargaban ligero de drogas o con armas para que alcanzaran fianza y ahí era el negocio. “Muchas de las armas que llevaban con los detenidos eran recicladas, porque las reconocíamos al verlas tanto el perito de armas como el resto de los agentes. A veces llevaban matrícula o se la borraban, pero eran las mismas. “Muchos de los detenidos eran ‘cargados’. Nos decían que al ser asegurados les encontraban droga para su consumo –eran consumidores–, pero los militares les decían: ‘Si me llevas con tu vendedor, a ti te suelto’. Y ellos con esa esperanza los llevaban. Al llegar, los soldados extorsionaban al vendedor y consignaban al consumidor cargándolo con más droga. Varios detenidos declararon lo mismo. Después se supo que algunos salieron porque comprobaron que no traficaban ni vendían.” La prepotencia “Cuando se desató la violencia en Ciudad Juárez, iba acompañada de desapariciones. Por tal motivo había muchos amparos de toda la gente desaparecida que era detenida por militares y llevada a la guarnición, donde estaba el puesto de mando de la Operación Conjunta Chihuahua”, cuenta a este semanario otro exfuncionario de la PGR. “Entonces los actuarios de los juzgados iban a buscarlos a la guarnición y los dejaban esperando a veces horas antes de dejarlos entrar para buscar a los detenidos. Porque los militares siempre negaban tener detenidos ahí. Después de que los dejaban pasar, los llevaban por toda la guarnición, y el actuario gritaba los nombres de los desaparecidos… y nada. Y los militares les decían: ‘Ya ve, aquí no tenemos a nadie’. “Después un detenido reveló el truco. Resulta que cuando iban los enviados del juzgado, los hacían esperar un buen rato porque subían a los detenidos a los camiones. Con ellos iban también soldados con armas largas. Los encañonaban y los andaban paseando por toda la guarnición justo del lado contrario de donde andaba el actuario. Ellos escuchaban cómo los llamaban por su nombre, pero no podían hablar. “Inclusive se dijo alguna vez que tuvieron encerrado a un actuario en la guarnición más de cinco horas, porque les molestaba ser visitados y cuestionados. Hasta que un juez habló con el delegado de la PGR y éste a su vez llamó al general Espitia para que lo soltaran.”