MONTERREY, NL (apro).- El gobierno estatal informó que 76 personas fueron vinculadas a proceso por los actos violentos ocurridos el pasado jueves 5 durante las manifestaciones contra el gasolinazo y el alza de impuestos, que derivó en acciones vandálicas contra el Palacio de Gobierno y el saqueo en diferentes establecimientos comerciales de la zona metropolitana. De esa cifra, 70 enfrentan prisión preventiva y algunos ya fueron remitidos al Penal de Topo Chico, mientras otros seis continuarán el proceso con arraigo domiciliario. Por los disturbios fueron detenidas 182 personas, algunas de las cuales ya fueron liberadas tras cumplir sanciones por faltas administrativas. Tras las audiencias efectuadas el pasado fin de semana en los diferentes recintos del Poder Judicial, los jueces de control encontraron que las personas detenidas por los destrozos en Palacio de Gobierno, ubicado en la zona de la Macroplaza, pueden ser enjuiciadas por los delitos de conspiración, daño en propiedad ajena, delitos contra instituciones oficiales y servidores públicos, desorden público, lesiones dolosas y sedición, entre otros. En tanto, a los aprehendidos en los saqueos a negocios se les acusa de robo en modalidad de pandilla, agrupación delictuosa y daño en propiedad ajena, entre otros que puedan resultar. De acuerdo con una fuente cercana a las investigaciones, 23 de los detenidos solicitaron la ampliación del término para resolver su situación jurídica, aunque a todos ellos se les dictó prisión preventiva para garantizar su presentación en las audiencias programadas para los días siguientes. El pasado jueves 5, una concentración pacífica convocada por organismos civiles en la Macroplaza, a la que acudieron unas20 mil personas, derivó en hechos vandálicos cometidos por grupos presuntamente procedentes del exterior de Nuevo León, a los que el gobierno estatal calificó como “reventadores”. En la manifestación, motivada por el incremento en el precio de la gasolina y los impuestos estatales, los cristales de Palacio de Gobierno fueron destrozados, así como el portal de madera y pisos de valor histórico del lugar. Simultáneamente se realizaron saqueos en por lo menos 27 establecimientos comerciales de la zona metropolitana. Tras los hechos, 15 personas resultaron lesionadas, ninguna de ellas de gravedad. El sábado 7 fue vinculado a proceso y enviado al penal del Topo Chico el primero de los arrestados, Edgar Rey Rangel Castañeda, a quien el juez de Control, Pedro Cisneros, procesará por el delito de robo calificado en modalidad de pandilla. Elementos de Fuerza Civil detuvieron a Rangel la noche del jueves 5 en posesión de dos pantallas de 43 pulgadas que sustrajo de la mueblería Famsa, ubicada en la avenida Aztlán, en la zona norte de esta capital. Ese mismo día, en las primeras audiencias que se realizaron por esos hechos, dos menores de edad quedaron vinculados por el delito de daño en propiedad ajena, en modalidad de pandilla, y se ordenó que fueran sometidos a arraigo domiciliario. En los tres días posteriores, elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones identificaron y detuvieron a siete participantes en los saqueos y recuperaron los artículos robados. Este lunes, cámaras empresariales, organismos ciudadanos e instituciones académicas publicaron un desplegado en diarios locales, donde condenan los actos vandálicos derivados de la manifestación, aunque admiten que son producto de la corrupción, impunidad, ineficiencia y dispendio de los gobiernos. En ese sentido, demandan un sistema estatal anticorrupción que acabe con los privilegios y protección a los corruptos, para quienes piden se aplique la ley y se les confisquen los bienes para reparar el daño al erario.