CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Organizaciones sociales alertaron sobre la “amenaza a los derechos humanos y el Estado de Derecho”, que representa la eventual aprobación de la Ley de Seguridad Interior por el Congreso de la Unión, que otorga el control a las Fuerzas Armadas. A 10 años de iniciada la “guerra contra el narcotráfico”, apoyada en las Fuerzas Armadas, y tras el anuncio del inicio de trabajos entre representantes de ambas cámaras y del Ejecutivo, en un posicionamiento los activistas resaltaron que el Congreso de la Unión “no cuenta con facultad expresa para legislar sobre seguridad interior, en términos del artículo 73 de la Constitución”. Los firmantes recordaron que, luego de una década en la que la militarización ha sido la estrategia central en el ámbito de la seguridad, es evidente que “el país es hoy más violento” que antes de que se emprendiera la “guerra contra el narcotráfico”. Al señalar que el debate iniciado excluye la perspectiva de derechos humanos, los firmantes del texto destacaron que la reglamentación que pretenden aprobar las fracciones del PRI, PAN y PRD “incumpliría” abiertamente la Constitución, en cuyo artículo 21 “establece que la seguridad pública estará a cargo de las autoridades civiles, lo que soslayaría una Ley de Seguridad Interior como la que en este día se anunció”. Las organizaciones y especialistas se pronunciaron en contra de las “falsas soluciones” que puede significar dejar en manos de las Fuerzas Armadas la seguridad del país, pues “no es el camino adecuado normalizar lo que hoy es irregular, ni dar un barniz de legalidad a lo que hoy es ilegal”. Apuntaron que la medida es inadecuada “máxime cuando el propio secretario de la Defensa Nacional (Salvador Cienfuegos Zepeda) ha aceptado que el Ejército y la Marina no están capacitados para las labores que hoy realizan”. Los activistas y expertos que acompañan la comunicación resaltaron que el concepto de seguridad interior planteado por las fracciones mayoritarias en el Congreso de la Unión y la Presidencia de la República, es además opuesto a los tratados internacionales firmados por México. Funestas consecuencias para DH Incluso, recordaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se ha referido a ese modelo adoptado en Venezuela que acarrea “funestas consecuencias para los derechos humanos”. Ante las pretensiones de los representantes de los partidos y del Ejecutivo por aprobar “un marco jurídico que diseñe los supuestos en los que las Fuerzas Armadas podrán intervenir en determinadas porciones del territorio nacional que consideren objeto de una afectación a la seguridad interior”, los firmantes advirtieron que un proyecto de esa naturaleza no sólo no incentivará el fortalecimiento de las policías civiles, sino que profundizará “el protagonismo de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad nacional sin que se generen adecuados mecanismos de contrapesos y rendición de cuentas”. Las organizaciones y especialistas recordaron que aprobar una legislación con estas características “es especialmente preocupante dada la impunidad crónica que prevalece en México respecto de violaciones a derechos humanos cometidas por el Ejército”. Al señalar que si bien la militarización de la seguridad ha acarreado mayor violencia, los firmantes admitieron que las Fuerzas Armadas “no pueden dejar de hacer súbitamente las labores que hoy efectúan en regiones del país donde el Estado mexicano no cuenta con el monopolio legítimo de la violencia”. Los activistas destacaron que en la reunión realizada este martes no participaron las voces discordantes al proyecto de las fracciones mayoritarias y la representación de la Presidencia, mucho menos organizaciones civiles de derechos humanos. Ante la posibilidad de aprobar una Ley de Seguridad Interior de “forma apresurada y opaca”, los firmantes exhortaron a incorporar “todas las perspectivas” y tomar en consideración la recomendación de la ONU de diseñar “un programa de retiro paulatino de las Fuerzas Armadas de las tareas de seguridad que hoy realizan, que se acompañe de un verdadero plan de fortalecimiento progresivo de las instancias civiles de seguridad”. Insistieron en que implementar “una política de seguridad compatible con los derechos humanos y el Estado de Derecho es posible mediante la adopción de leyes que incluyan cambios de fondo en el paradigma de seguridad que ha imperado en la última década”. Entre los firmantes del comunicado destaca la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, con 80 organizaciones afiliadas en 21 estados, así como el Instituto de Justicia Procesal Penal y México Unido contra la Delincuencia, en tanto que a título personal se sumaron Denise Dresser, Miguel Concha Malo y José Antonio Guevara, entre otros.