Chile: la mujer que doblegó al Estado

La autoridad ancestral mapuche Francisca Linconao Huircapán. Foto: Especial La autoridad ancestral mapuche Francisca Linconao Huircapán. Foto: Especial

VALPARAÍSO (apro).- La huelga de hambre realizada por la autoridad ancestral mapuche Francisca Linconao Huircapán (60), que duró dos semanas y culminó el 5 de enero con una decisión judicial que le permitirá salir de prisión, puso otra vez al descubierto la sistemática política de represión al pueblo Mapuche y desató una ola de protestas y malestar tanto en Chile como en el extranjero.

Además, provocó una derrota política al gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Esto, porque pese a querellarse por Ley Antiterrorista contra Linconao y otros diez mapuches, a quienes acusa del asesinato del matrimonio de agricultores suizo-chilenos compuesto por Werner Luchsinger y Vivianne Mackay, ocurrido la madrugada del 4 de enero de 2013, en Vilcún (Región de La Araucanía), finalmente debió pedir su liberación parcial, a la espera del juicio que establecerá responsabilidades en esta causa.

Lo que más impacto causó entre quienes se volcaron en acciones solidarias y de protesta, fue lo débil de la única prueba expuesta por el Ministerio Público de la participación de la Machi Linconao y otros diez mapuches inculpados.

Se trata de la declaración –el 23 de octubre de 2015- del supuesto “testigo clave” del caso, José Peralino, quien sostuvo que tanto él como la machi y otra decena de mapuches habrían asaltado la casa de las víctimas a las que habrían disparado y quemado vivos.

Sin embargo, en la audiencia de formalización –realizada el de 31 de marzo de 2016 en el Juzgado de Garantía de Temuco- Peralino negó todo esto y denunció que “la PDI y los fiscales me amenazaron y me obligaron a mentir”. Pese a eso, Linconao y los otros imputados fueron procesados en calidad de autores del delito “de incendio terrorista con resultado de muerte” y dejados en prisión preventiva.

La machi –que vive en el lof Rahue de Padre Las Casas (Región de La Araucanía)- y los otros diez imputados en esta causa, habían sido detenidos un día antes en medio de un impresionante operativo encabezado por el Fiscal Regional de la Araucanía, Cristian Paredes, e integrado por unos 100 efectivos del Equipo de Reacción Táctico (ERTA) de la Policía de Investigaciones (PDI).

En cuatro ocasiones, la machi Linconao obtuvo en el Juzgado Penal de Temuco el beneficio de la prisión domiciliaria, al que accedió gracias a su calidad de autoridad espiritual, y con el argumento que requiere estar cerca de su rehue (altar sagrado), su tierra y las plantas medicinales para conservar su salud. Pero en todas las ocasiones la Corte de Apelaciones de Temuco revocó esa decisión.

La última vez que la citada Corte revocó el beneficio de la prisión domiciliaria fue el 22 de diciembre. Entonces hubo dos votos a favor y sólo uno en contra de conceder el beneficio, pero eso bastó para impedirle volver a casa, dado que la Ley Antiterrorista exige unanimidad en estas materias. La citada Ley fue aplicada, en este caso, fruto de la querella presentada por el Ministerio de Interior, el 31 de marzo de 2016.

El miércoles 28, en solidaridad con Linconao, cinco presos mapuche se sumaron a su huelga de hambre. Se trata de José, Luis y Alfredo Tralcal, Benito Trangol y Nicolás Railaf, todos recluidos en la cárcel de Temuco.

Ese día, destacados artistas chilenos y extranjeros, encabezados por Illapu, Sol y Lluvia y el puertoriqueño Residente (Calle 13), lanzaron la Campaña Internacional por la Liberación de la Machi Linconao, que partió con la difusión del video ¡No hay pruebas en su contra!, que se convirtió en viral en las redes sociales.

La preocupación por la situación de la machi creció luego que una delegación del Colegio Médico y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) la visitara el 31 de diciembre, e informara –en voz del doctor Enrique Morales- que “no hay tiempo, ni siquiera una semana, para tomar las decisiones que deben ser tomadas por las autoridades”.

Ese mismo día, una delegación de alcaldes mapuche visitó a la machi en el Hospital de Nueva Imperial. En la ocasión el alcalde de Renaico Juan Carlos Reinao aseguró a Radio Universidad de Chile que “si la machi no sale en libertad, ella podría salir en un cajón, pues en los próximos días podría fallecer”. Reinao además reveló que la machi le había confesado que “ella estaba convencida que saldría muerta del hospital”.

Finalmente, el gobierno accedió a que Linconao pudiera esperar el juicio del caso Luchsinger Mackay en su domicilio, en el lof Rahue, de Padre Las Casas (La Araucanía).

Así lo hizo saber en la audiencia del 5 de enero, en que la Corte de Apelaciones de Temuco revisaba un recurso de amparo en favor de la machi Linconao. En esa ocasión el abogado del Ministerio de Interior Alexandro pidió que la machi pudiera cumplir la medida cautelar en su domicilio, que era la exigencia que hacía Linconao para terminar su ayuno.

Lo obrado por el Ministerio de Interior desató la furia de la familia Luchsinger Mackay –que pidió que el gobierno se retirara del juicio- y de la derechista coalición Chile Vamos. Los diputados de esta alianza interpelarán por esta causa al Ministro de Interior, Mario Fernández, en sesión de 26 de enero.

De este malestar se hizo eco el empresariado. El miércoles 11, la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) publicó un inserto en el diario La Tercera en el que demandó al gobierno “evitar toda ambigüedad en el compromiso con la paz social, especialmente en el otorgamiento de beneficios a los responsables de la violencia”.

En dicho escrito, que causó gran polémica, la patronal también alude a una serie de atentados que sacuden al ancestral territorio mapuche y que tienen como principal objetivo el sector forestal: “Hacemos un llamado urgente al gobierno a cumplir con su deber fundamental de respetar y hacer respetar la Constitución de la República, añadiendo que “urge tomar medidas inmediatas y excepcionales, haciendo uso de todas las facultades que contempla nuestro ordenamiento institucional, a fin de identificar, detener, juzgar y sancionar a los responsables de estos actos, así como adoptar las medidas que permitan prevenir su futura ocurrencia”.

La ministra vocera de gobierno, Paula Narváez, respondió a dichos juicios un día después “nos parece tremendamente preocupante que se den declaraciones irresponsables respecto a señalar que en una parte del territorio nacional no hay estado de derecho”.

Por su parte, el director del INDH Branislav Marelic –en entrevista con T13 Radio- expresó a este respecto: “parece ser que existen sectores que quieren más mano dura, más intervención policial y eso es justamente lo que ha pasado en los últimos tiempos y eso, lejos de solucionar la situación, la ha empeorado”.

De todos modos, es indudable que la huelga de hambre de la machi Linconao sirvió de envión para la proliferación de ataques incendiarios en la llamada “zona roja del conflicto mapuche” por parte de grupos mapuches radicales.

En los primeros diez días de este año, se verificaron al menos ocho atentados incendiarios en las regiones de La Araucanía, Biobío y Los Ríos, la mayor parte de ellos contra intereses de grandes empresas forestales.

El último de estos ataques ocurrió la madrugada del domingo 8 en el fundo Maquehue (comuna de Padre Las Casas, Región de La Araucanía). Entonces, en medio de la oscuridad y de una fuerte lluvia, un grupo de desconocidos prendió fuego a tres retroexcavadoras, dos motoniveladoras, un rodillo y un camión aljibe, que prestaban servicios a una empresa agrícola-forestal.

En el lugar de los hechos la PDI encontró panfletos en los que se exigía la libertad completa de la machi Francisca Linconao y de los “presos políticos mapuches”.

En el caso Luchsinger Mackay hubo un primer juicio (febrero de 2014). En este el Tribunal Oral en lo Penal de Temuco condenó a 18 años de cárcel como único autor del crimen, al también machi Celestino Córdova. Sin embargo, se desestimó la existencia de un delito de carácter terrorista, como pretendían el Ministerio Público y el gobierno encabezado entonces por el presidente Sebastián Piñera, con el fin de incrementar la militarización de La Araucanía. El machi Córdova en todo momento negó haber participado en el citado crimen.

En aquel proceso la machi Linconao fue acusada, formalizada, detenida y humillada, pero finalmente el mencionado Tribunal la eximió de toda responsabilidad. Por los daños a su salud y dignidad, Linconao entabló una demanda civil contra el Estado. Y la ganó. En octubre de 2015, el Primer Juzgado Civil de Temuco condenó al fisco a pagarle 30 millones de pesos (cerca de 40 mil dólares), estableciendo que la policía procedió “sin mediar respeto” por su condición autoridad tradicional.

Linconao ya había obtenido -en 2010- un gran triunfo judicial. Se trata del primer fallo favorable de la Corte Suprema basado en la aplicación del Convenio 169 de la OIT. Esto, por la tala ilícita de vegetación nativa en una propiedad -del empresario Emilio Taladriz- ubicada al lado de su terreno. Linconao argumentó en la ocasión que el corte de parte del bosque contiguo a su terreno conllevaba la pérdida de plantas medicinales fundamentales en su trabajo de machi. Esto, en circunstancias que el citado Convenio –ratificado por Chile en 2008- establece en su artículo 13 la obligación del Estado de respetar la relevancia especial que los pueblos indígenas asignan a su relación con la tierra y el territorio.

Ley antiterrorista

En entrevista con Proceso el abogado Nelson Miranda –que ha destacado en la defensa de cientos de mapuches perseguidos por el Estado- afirma que “la ley antiterrorista permite, sin tener pruebas y sin las garantías mínimas del debido proceso y de derecho a la defensa, procesar, encarcelar y condenar a comuneros mapuche”.

Esta norma data de 1984 y fue dictada por la Junta Militar, liderada por el general Augusto Pinochet, con el fin de perseguir a los opositores. Pero tras el inicio de la transición a la democracia, ha sido usada casi exclusivamente en contra de mapuches.

El abogado Miranda recordó que uno de los compromisos centrales de la presidenta socialista Michelle Bachelet en la campaña que la llevó a La Moneda por segunda vez en marzo de 2014 “fue que no usaría la ley antiterrorista en contra del pueblo Mapuche, cosa que ha quedado demostrado era una mentira”.

El jurista señala que la invocación de la Ley Antiterrorista contra mapuche es “especialmente grave” si se considera que Chile ya fue condenado por su aplicación contra integrantes de este pueblo.

Alude a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos -de 29 de mayo de 2014- en el caso Norín Catrimán y otros. Allí se determinó que la calificación de “terrorista” aplicada contra autoridades mapuche “violó la presunción de inocencia y la obligación estatal de definir las conductas delictivas con precisión y calidad”.

Miranda asegura que el episodio ocurrido con la machi Linconao supone “una tremenda derrota política del Estado porque, en definitiva, este intenta controlar a los mapuche por la vía represiva y circunscribir el debate a lo policial, pero a la primera presión firme que tienen en contra, tienen que recular y ponerse en el lado de la defensa”.

Señala que esto ocurrió debido a que el gobierno “se vio absolutamente desbordado por la solidaridad nacional e internacional que había con la machi Linconao”.

Asimismo, el abogado Miranda destaca como otra victoria del pueblo mapuche el hecho que en la última encuesta de la consultora CADEM –dada a conocer el lunes 9- una amplia mayoría de los chilenos haya expresado apoyo a las reivindicaciones del pueblo mapuche. En efecto, según este estudio demoscópico un 79% estima que el país tiene una deuda histórica con este pueblo y un 74% considera que los mapuche tienen derechos de propiedad sobre las tierras que consideran ancestrales.

En los últimos meses, la represión contra este pueblo se ha agudizado alcanzando niveles nunca vistos desde el retorno a la democracia, en 1990.

Entre los hechos que más han causado conmoción está un incidente ocurrido el domingo 18 de diciembre, en las afueras de la ciudad de Collipulli. En esa ocasión, efectivos de Fuerzas Especiales de Carabineros pertenecientes a la dotación de la base de la Prefectura Especial de Orden y Seguridad, de Pailahueque (comuna de Ercilla, La Araucanía), baleó por la espalda al joven de 17 años Brandon Hernández Huentecol, en medio de un control policial. Brandon había salido de su casa alertado por los gritos de su hermano de 13 años, que estaba siendo maltratado en el suelo por carabineros.

El abogado Miranda subraya que a Brandon “lo reducen y le amarran de las muñecas, y en esas condiciones a un carabinero supuestamente se le escapa un tiro de la escopeta antimotines”. La detonación ocurrió a 50 centimetros del cuerpo del afectado y sobre su cuerpo se posaron más de 150 balines de plomo que casi acaban con su vida.

Miranda acota que este detalle es muy importante “porque en todos los juicios en que hemos estado últimamente los carabineros argumentan que ellos no disparan munición de plomo, pero los perdigones que tienen en estado crítico al joven Brandon fueron realizados con perdigones de plomo”.

Entre los casos de violencia policial contra mapuches también sobresale el baleo perpetrado el 10 de mayo de 2016 a la comunera Ruth Meñaco, que estaba con sus dos hijos pequeños en su campo en Lleu Lleu (Región del Bío Bío). Miranda destaca que pese a que existe una filmación que comprueba que este atentado fue realizado por un carabinero, sin mediar provocación y a corta distancia, la Justicia aún no obtiene la identidad del autor del delito.

Otro hecho ocurrió la madrugada del lunes 26 de diciembre. Entonces un comando Grupo de Operaciones Especiales de Carabineros (GOPE) emboscó y abrió fuego en el sector Tranaquepe, de la comuna de Tirúa (Provincia de Arauco) a una camioneta en que se trasladaban desarmados Renato Lincopan Cona (46) y Jorge Colil Alarcon (36) quienes resultaron gravemente heridos con disparos de 9 milímetros.

Los involucrados abandonaron el lugar después de cometer este ilícito, aunque posteriormente fueron detenidos en la misma unidad en la que cumplen sus funciones policiales.

“Las fuerzas policiales están absolutamente descontroladas”, concluye el abogado Miranda.

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