Grupos sociales, campesinos y sindicales urgen reemplazar TLCAN por acuerdo de cooperación

Héctor de la Cueva, coordinador general del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS). Foto: Blog / Alberto Patishtán Héctor de la Cueva, coordinador general del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS). Foto: Blog / Alberto Patishtán

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Organizaciones sociales, sindicales y campesinas de México, Estados Unidos y Canadá han denunciado y luchado contra el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN) desde su entrada en vigor, hace poco más de 22 años.

A tres días de la toma de posesión de Donald Trump como el presidente número 45 de Estados Unidos, reiteran su postura: repudian al TLCAN y urgen a reemplazarlo por un acuerdo de cooperación. Pero no sólo eso, también “rechazan los términos xenófobos y nacionalistas” con los que Trump pretende renegociar –o eliminar- el acuerdo de libre comercio, como lo prometió en repetidas ocasiones durante su campaña.

“No vamos a defender lo indefendible”, plantea Héctor de la Cueva, coordinador general del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS) e integrante de la Nueva Central de Trabajadores.

“Si se trata de negociar de rodillas, entonces no… Es mejor que no haya tratado, a tener un tratado peor que el actual”. De cualquier modo, es importante que el proceso de negociación sea transparente y abierto a la ciudadanía, asevera.

Beneficios corporativos

Cuando se negoció el TLCAN, a inicios de los años 90, la pregunta que imperó en Estados Unidos, México y Canadá era: “¿Qué país va a ganar con el libre comercio?”, recuerda De la Cueva.

El activista opina que esta pregunta estuvo mal planteada, ya que tanto los ganadores como los perdedores emergieron dentro de los propios países: los trabajadores perdieron y las grandes corporaciones se enriquecieron.

En un comunicado presentado hoy en México, Estados Unidos y Canadá, organizaciones de los tres países reiteraron que el TLCAN es “una expansión del poder corporativo a costa del pueblo y del planeta”, que provocó en los últimos 22 años “un aumento en la desigualdad, el empobrecimiento de la gran mayoría de la población, la pérdida de empleo, la inseguridad laboral, la degradación ambiental, el deterioro de la cohesión social y el aumento de la violencia”.

Desde hace más de dos décadas, las organizaciones denuncian con virulencia el sistema de arbitraje internacional que rige los acuerdos de libre comercio, el cual permite que las empresas demanden a los Estados –y, en extensión, a sus leyes—en tribunales “con jurisdicción extraterritorial”.

Cooperación

Víctor Suárez, representante de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), subraya la necesidad de cambiar el TLCAN por un tratado de cooperación de América del Norte, que se enfocaría en el derecho al desarrollo, el respecto a los derechos humanos –entre ellos a la alimentación– y a la soberanía nacional, y establecería regulaciones al poder corporativo.

El líder social exige que el sector agroalimentario quede excluido de “todo tratado de liberalización comercial”, pues según él, el TLCAN eliminó la fuente de trabajo de miles de campesinos mexicanos –seis millones tuvieron que emigrar a Estados Unidos–, la cual destruyó la cohesión social, incrementó la desigualdad y la pobreza y abrió a la delincuencia las puertas del campo.

“Es falso que a la agricultura mexicana le ha ido bien con el TLCAN. En 22 años de TLCAN, sólo hubo tres años de superávit comercial en materia agrícola con Estados Unidos, durante los 19 restantes hubo déficit”.

Tal acuerdo de cooperación, abunda, tendrá que contemplar un acuerdo migratorio y otro sobre derechos salariales, y no dejar de lado la dimensión ambiental.

“Cualquier negociación debe dar lugar a acuerdos que refuercen la capacidad de los gobiernos para proteger los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y laborales, incluyendo aquellos de los migrantes”, plantean las organizaciones.

La amenaza no es Trump

“La amenaza para México no es Trump, es la política económica de México”, sostiene Héctor de la Cueva, coordinador general del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS).

Según él, los sucesivos gobiernos mexicanos han buscado atraer la inversión extranjera a costa de los derechos de los trabajadores nacionales.

Un ejemplo es característico, según él: la cancelación de la planta de producción de Ford en San Luis Potosí, que el gigante automotriz anunció sorpresivamente hace dos semanas.

El gobierno de San Luis Potosí y el gobierno municipal habían ofrecido un “paquete de facilidades” a la empresa, mismo que Proceso detalló en la edición 2098, que se encuentra en circulación esta semana: compraron el terreno, lo estaban remodelando y equipando con infraestructura; se comprometieron a hacerse cargo de todos los trámites y ofrecieron a Ford no pagar ningún impuesto en los primeros 10 años de operación.

Es más: de acuerdo con De la Cueva, “Ford ni siquiera había invertido y ya existía un contrato colectivo firmado con la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM)”, que aseguraba a la empresa cierta tranquilidad laboral y la garantía de pagar salarios bajos.

Tales “paquetes de facilidades” a las empresas transnacionales llevan a los trabajadores de Estados Unidos a quejarse de la “competencia desleal” de México, asegura.

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