CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de la Función Pública (SFP), junto con la Procuraduría General de la República (PGR) y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), firmaron un acuerdo para blindar programas sociales en los estados de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz, donde habrá elecciones este año. Una de las medidas establece que la Fepade –a cargo de Santiago Nieto Castillo– instalará “módulos de información y atención a los ciudadanos” en inmuebles de la Sedesol, y 72 horas antes de los comicios, personal de la Fiscalía supervisará el resguardo de las sedes y los vehículos de la dependencia. Por su parte la SFP, que encabeza Arely Gómez González, capacitará a los comités de Contraloría Social de la Sedesol para que supervisen y vigilen los recursos públicos empleados en programas federales de desarrollo social. Dicha Contraloría recibirá las quejas y denuncias de los beneficiarios de programas sociales sobre irregularidades en el marco de las elecciones, a fin de canalizarlas con las autoridades competentes. También se acordó que la Fepade y el Órgano Interno de Control en la Sedesol implementarán mesas de captación de quejas y denuncias antes, durante y después de la jornada electoral, y se dará seguimiento a eventuales delitos electorales. De acuerdo con el titular de la Sedesol, Luis Enrique Miranda Nava, el acuerdo firmado este miércoles “honra nuestro compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas”. Tras destacar que la Sedesol es quizá la dependencia más fiscalizada por estar en contacto diario con millones de mexicanos, subrayó: “El presidente Enrique Peña Nieto nos ha instruido a cuidar que los beneficios lleguen verdaderamente a quienes más los necesitan, sin ningún tipo de condicionamiento partidista”. Agregó: “Nunca antes la política social había estado tan fiscalizada”. Miranda sostuvo que a partir de la suscripción del adendum quedan instalados y en sesión permanente el Comité Central de Legalidad y Transparencia para el blindaje electoral de los programas sociales, así como los Comités Preventivos de blindaje electoral en los estados de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz.