CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Joaquín Guzmán Loera fue extraditado a Estados Unidos luego de que el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal en la Ciudad de México diera por concluidos los dos amparos que había solicitado contra su entrega a la justicia de ese país. La determinación del Tribunal Colegiado siguió a la decisión del miércoles 18 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el sentido de negarle la atracción de los dos recursos con los que el exlíder del Cártel de Sinaloa pretendía evitar su extradición. Los cinco ministros de la Primera Sala dejaron en manos del Tribunal Colegiado la decisión final, pues consideraron que no había violaciones constitucionales en la decisión del gobierno mexicano de entregar a quien durante más de una década fuera el prófugo más célebre de México. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) acordó su extradición el 20 de mayo de 2016, poco después de que fuera recapturado por la Policía Federal en Los Mochis, Sinaloa, el 8 de enero de ese año tras un fallido operativo de la Armada de México. Apenas el Tribunal notificó su determinación, la SRE pidió a la PGR que fuera por El Chapo al penal federal de Ciudad Juárez, en donde estaba recluido desde mayo pasado. La PGR lo entregó de inmediato hoy mismo a las autoridades estadunidenses. Tras la determinación de los ministros de la Primera Sala, el Quinto Tribunal Colegiado resolvió de inmediato los recursos de revisión 302/2016 y 306/206, interpuestos por la defensa de Joaquín El Chapo Guzmán, luego de que el Juzgado Décimo Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal, también de la Ciudad de México, resolviera en primera instancia conceder la extradición. De acuerdo con el juez, la decisión de la SRE respetó el Tratado de Extradición Internacional firmado entre México y Estados Unidos. Los abogados de Guzmán, encabezados por José Refugio Rodríguez, se inconformaron con ese primer fallo y pidieron su revisión, con el alegato de que el tratado es inconstitucional. Los dos recursos de revisión fueron asignados al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal, pero antes de que se pronunciara, la defensa solicitó que fuera la Suprema Corte la que resolviera. En sesión privada del miércoles 18 ninguno de los cinco ministros de la Primera Sala del máximo tribunal hizo suya la petición y, en cambio, decidieron regresar los expedientes al Tribunal Colegiado. Este jueves 19 los magistrados del Colegiado resolvieron de forma unánime confirmar la sentencia del juez de distrito y, en consecuencia, decidieron cerrar el caso. Los dos amparos habían sido solicitados para que El Chapo no fuera procesado en Texas ni California. En Texas el excapo fue requerido por la Corte Federal de Distrito para el Distrito Oeste, mientras que en California por la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur, acusado de asociación delictuosa para traficar cocaína, homicidio, portación de arma y otros cargos. En sus alegatos, la defensa aseguró que si Guzmán Loera era extraditado a Texas, podría ser condenado a pena de muerte, castigo que no está previsto por la Constitución mexicana. El abogado José Refugio Rodríguez aseguró ayer a Apro que aún había otros recursos en contra de la extradición, incluida una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Guzmán Loera se mantuvo lejos del alcance de las autoridades mexicanas durante los dos gobiernos del PAN, el de Vicente Fox y el de Felipe Calderón. Se fugó del penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco, en enero de 2001, a las pocas semanas de que Fox asumiera el poder. Durante todo ese sexenio y el de Calderón estuvo prófugo, hasta que fue detenido en Mazatlán, Sinaloa, en febrero de 2014. Pero se fugó de nueva cuenta, esa vez del penal del Altiplano, en el Estado de México, en julio de 2015. Fue recapturado medio año después. En octubre pasado, el titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales, anticipó que la extradición de Guzmán ocurriría en enero o a más tardar en febrero de este año.