Argentina: Demagogia punitiva

Brian Aguinaco y su padre. Foto: Especial Brian Aguinaco y su padre. Foto: Especial

BUENOS AIRES (apro).- Brian Aguinaco tenía 14 años. Vivía con sus padres y su hermana en Buenos Aires. En las fotos que la prensa multiplica en estos días se lo ve casi tan alto como su padre, rubio igual que la madre, el cuerpo largo como un junco, naciendo a la vida adulta con expresividad algo seria mientras que el candor y la maravilla persisten en la mirada.

Brian Aguinaco iba a la escuela y jugaba al fútbol en Flores, un barrio de la capital en el que conviven comerciantes, clases medias y asentamientos precarios. Tenía una relación estrecha con su abuelo Enrique. Éste conducía el VW Polo gris que lo traía de la peluquería, alrededor de las tres de la tarde del 24 de diciembre, mientras la familia se preparaba para festejar la Nochebuena.

En la esquina de Avenida Asamblea y Robertson, a escasas cuadras del acceso a la Villa Miseria 1.11.14, el hombre de 69 años se topó con una situación violenta. Dos “motochorros” –como se denomina en Argentina a los ladrones que se movilizan en motocicleta– asaltaban a una joven. El que se había bajado de la moto la encañonaba con un arma y forcejeaba para quitarle la cartera.

A partir de este momento, las versiones son divergentes. Una dice que Enrique Aguinaco, el abuelo, quiso disuadir a los asaltantes con un grito. Otra afirma que interpuso su vehículo en el camino de fuga de los “motochorros”. Otra más, que el auto del abuelo con el nieto simplemente pasó junto al lugar del atraco. Se escucharon dos disparos. Uno impactó en la cara del niño. Brian Aguinaco agonizó dos días antes de morir en el Hospital de Niños Ricardo Gutierrez.

La irritación popular fue inmediata. En la noche del 25 de diciembre, unos 40 vecinos del barrio de Flores tomaron la comisaría número 38. Causaron severos destrozos. Reclamaban por el alto grado de inseguridad con el que viven. Acusaban a la policía de complicidad e inacción frente al delito.

El 29 de diciembre, Interpol Chile detuvo y envió de regreso a Argentina a Brian Cruz González. El adolescente de 15 años era sindicado como partícipe del asesinato de Brian Aguinaco. Cruz González vivía junto a su madre, de nacionalidad peruana, en la Villa 1.11.14 de Flores. Voló el 26 de diciembre de Buenos Aires a Santiago para encontrarse con su padre, también peruano, quien viajó a tal fin desde Lima.

“Hay una deuda que tiene la Argentina que es el Régimen Penal Juvenil. Es una deuda que tenemos que encarar, porque es muy importante que aquellas personas menores, de entre 14 y 16 años, tengan una sanción cuando cometen este tipo de delitos”, dijo la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a Radio Mitre, el 30 de diciembre.

Ese mismo día, la policía detuvo en la Villa 1.11.14 a Luis Armando Gómez, de 26 años, a quien se le dictó la prisión preventiva. Los investigadores creen que él efectuó el disparo mortal mientras que Cruz González conducía la moto. En la rueda de reconocimiento, puesto junto a otros tres jóvenes de aspecto similar, Cruz González no pudo ser identificado por los testigos. Su abogado insiste en que no participó en el crimen.

Cruz González es argentino, pero tras ser declarado –debido a su edad– inimputable, voló a Lima para quedar bajo la tutela de sus abuelos. La madre de Cruz González fue deportada a Perú, acusada de violar el régimen de prisión domiciliaria en una causa por narcomenudeo. El padre de Cruz González regresó a Perú tras cumplir condena en Argentina por la misma causa.

Los padres de Brian Aguinaco fueron recibidos por el presidente Mauricio Macri el 20 de enero. En el barrio de Flores ya han encabezado varias marchas para reclamar seguridad y justicia. La familia está devastada. El hijo en el cementerio. El abuelo se encierra en su habitación y ya no quiere levantarse de la cama.

El gobierno y los grandes medios han tomado el asesinato de Brian Aguinaco como bandera. Impulsan que se baje la edad de imputabilidad penal en Argentina de 16 a 14 años.

“Electoralismo”

“¿Cometiste un delito?, se cortó acá”, resumió el subsecretario de Política Criminal, Martín Casares, el mensaje que desde el Estado se busca enviar a los adolescentes en conflicto con la ley.

Casares participó el 18 de enero en la primera reunión de la comisión especial creada por el gobierno para elaborar el anteproyecto de reforma de la Ley Penal Juvenil. A la convocatoria del Ministerio de Justicia acudieron unos 90 representantes de Poderes Judiciales, organizaciones no gubernamentales, instituciones nacionales e internacionales como Unicef, expertos en justicia penal juvenil, educación y salud. La iniciativa es impulsada por el ministro de Justicia, Germán Garavano, yla ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

“La idea es enviarla al Congreso después de los comicios para sacarlo de la lógica política electoral”, había dicho Garavano.

La iniciativa en sí misma lo desdice. El gobierno ve peligrar su continuidad si no gana las legislativas de octubre. Uno de sus principales adversarios, el líder opositor peronista Sergio Massa, ya había propuesto bajar la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años en la campaña electoral de 2015. También Daniel Scioli, el entonces candidato kirchnerista, se ha pronunciado varias veces en favor de la medida.

El ministro de Justicia justificó la necesidad de reformar la ley penal juvenil por ser “de la dictadura militar” y por el hecho de que “es un régimen básicamente paternalista”, que debería ser cambiado “por un régimen de derechos y obligaciones”.

El Régimen Penal de la Minoridad se rige por la ley 22.278, dictada en 1980 por la última dictadura. Fijaba la edad de punibilidad en los 14 años. Tras la recuperación de la democracia, la edad quedó fijada en 16 años. Los adolescentes de 14 y 15 pueden ser privados de su libertad por la justicia, aunque no en carácter de pena sino como medida tutelar.

“Bajar la edad de imputabilidad es ir en el camino correcto”, dijo el doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales, Jorge Monastersky, ya que “a nivel global se entiende que a los menores se les aplique penas en relación a su madurez, que no es la misma que hace 100 años”. Suscribe así las palabras del propio Mauricio Macri, quien ha dicho que pensar que los chicos involucrados en este tipo de hechos no comprenden la criminalidad de sus actos “es subestimar a nuestros jóvenes”.

Monastersky cree que “hay delitos graves cometidos por menores que tienen que ser sancionados con penas más graves de acuerdo con el delito”.

La intención del gobierno es que la pena de prisión sea sólo para los casos de homicidio, violación y delitos con armas.

Los grandes medios prestan una colaboración invalorable. En las últimas décadas, buena parte de los canales de televisión abierta y de noticias han transformado la crónica policial en el plato fuerte de sus informativos.

Allí se demoniza de manera sistemática al menor pobre que delinque mientras que los delitos de corrupción de funcionarios públicos y los actos de criminalidad económica se inflaman o desaparecen de acuerdo a la relación circunstancial de fuerzas entre los sectores de poder.

Voces críticas

Diferentes expertos tildan la propuesta de demagógica e ineficaz. Aducen que en Argentina los delitos graves cometidos por la franja que va de 16 a 14 años no pasan de 5% del total. Y que bajar la edad de imputabilidad penal nunca ha redundado en un descenso del delito ni de la tasa de delincuencia.

“Lo que reduce el delito es la disminución de la desigualdad. Lo que genera conductas delictivas es la desigualdad, la injusticia, la falta de oportunidades”, dice a apro la psicóloga del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, Andrea Homene.

Para la especialista, la iniciativa gubernamental –que de ser aprobada repercutirá en los adolescentes de los estratos sociales más bajos–, responde a una intencionalidad política muy clara:

“Es el hecho de estar identificando siempre una minoría, sobre la cual descargar todo el peso punitivo, donde ubicar la responsabilidad de todos los males y mantener la ilusión de un corpus social sano, que sólo se vería perturbado por la existencia de estos grupos a los que hay que exterminar”, sostiene Andrea Homene.

“Bajar la edad de imputabilidad de los menores es dar un paso atrás, retroceder. A Unicef le interesa que, a cambio, se trabaje en la ampliación de medidas alternativas a la privación de la libertad”, sostuvo la oficial nacional de Protección y Acceso a la Justicia de Unicef, María Ángeles Misuraca, en declaraciones a la agencia oficial Télam el pasado 4 de enero.

La representante de Unicef remarcó que “el eje de la justicia penal infantil debe ser la prevención y alejada de la ley penal”, respetando con esto también la Convención Internacional de los Derechos el Niño, que tiene alcance constitucional en Argentina. Toda reforma legislativa en la materia debería estar acompañada de una fuerte inversión en políticas públicas de protección integral de la niñez y adolescencia.

En el primer año de Mauricio Macri en la Presidencia crecieron la desigualdad y la pobreza. El gobierno subejerció gastos para la obra pública aprobados en el presupuesto. La propuesta de bajar la edad de imputabilidad penal –aún privilegiando el enfoque punitivo– debe acompañarse con una explicación clara de dónde se va a poner a los menores, en qué condiciones y con qué recursos.

En Argentina los institutos de menores están colapsados y faltan centros de atención para las adicciones.

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