CHILPANCINGO, Gro. (proceso.com.mx).- A tres semanas del incremento al precio de los combustibles que desataron la indignación social ante el despilfarro y opulencia que caracteriza a la clase política, el gobernador Héctor Astudillo Flores presentó su plan de austeridad que contempla la reducción del 30% de su salario mensual que incluye una “compensación” discrecional de la que se desconoce a cuánto asciende. También, anunció la cancelación de la renta de aeronaves particulares, luego de que Proceso dio a conocer que desde finales de 2015 el mandatario y su gabinete se desplazan en la entidad a bordo de una flotilla de helicópteros de una empresa privada, sin informar el procedimiento de adjudicación y monto del contrato, aunque compañías de este tipo ofrecen sus servicios en el mercado por 3 mil dólares la hora. Ello a pesar de que el gobierno de Guerrero tiene una flota oficial de aeronaves conformada por al menos dos helicópteros y tres aviones. Las medidas anunciadas por el mandatario este mediodía en un acto faraónico realizado en la residencia oficial Casa Guerrero, reconocen un gasto corriente burocrático obeso ya que plantea reducir también el salario de los mandos superiores en un 20% y el 10% para mandos medios, así como limitar el uso de escoltas para funcionarios del gabinete astudillista. El acuerdo denominado “Compromisos para la estabilidad y el desarrollo de Guerrero”, contempla 20 puntos sin especificar cantidades, ni el monto que se pretende ahorrar, mucho menos hacia dónde reasignarán los recursos que ya fueron autorizados por el Congreso local para el Presupuesto de Egresos de este año. En contraste con el anuncio de austeridad, el gobernador Astudillo dejó intacto el acuerdo pactado con diputados locales para exentar de manera ilegal del pago de impuestos a los socios de la empresa de transporte público Acabús, así como a médicos y arrendadores de casas-habitación. También, dejó firme el “donativo” de 47 millones para la fundación Teletón de la empresa Televisa, contemplado para este año por concepto de “gasto público en salud”. Incluso, el mandatario admitió públicamente que su administración comprometió las participaciones federales destinadas a inversión social para solventar el millonario desvío de recursos públicos atribuido a sus antecesores, Ángel Aguirre Rivero y Rogelio Ortega Martínez, como Proceso lo dio a conocer desde el 20 de octubre pasado. En su discurso, Astudillo señaló que “el desequilibrio estructural” de las finanzas públicas heredado que asciende a 23 mil millones de pesos, “incide reiteradamente en la merma de las participaciones estatales” y reduce recursos líquidos a lo largo del ejercicio fiscal. Recordó que el año pasado, el Sistema de Administración Tributaria (SAT) fincó un crédito fiscal por el orden de 4 mil millones de pesos, por el no pago de impuestos federales en las administraciones de Aguirre y Ortega que “obligadamente se tiene que cubrir a lo largo del presente ejercicio”, expresó el gobernador y sentenció: “El SAT no perdona ni exime de deudas, es decir, tendremos más mermas a los recursos en las finanzas estatales”. Luego, señaló que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), mantiene observaciones a ejercicios fiscales de sus antecesores -que siguen impunes- por un monto aproximado a los 7 mil millones de pesos, que en su momento, advirtió, “también se habrán de traducir en presiones de pago” para el gobierno estatal. “La proyección financiera es complicada y para el cierre del presente año se exige cancelar una serie de compromisos presupuestales que no son prioritarios”, dijo Astudillo sin explicar. El 22 de octubre pasado, Astudillo afirmó que el Presupuesto de Egresos de 2017 “de ninguna manera” contemplaba utilizar participaciones federales para liquidar el pago de créditos hacendarios que dejaron sus antecesores, argumentando que “sería irresponsable” y de hacerlo “estaría condenando” las finanzas estatales por una omisión de Aguirre y Ortega. Ahora, tres meses después, el mandatario reconoció que el SAT y Hacienda van a descontar de las participaciones federales de este año, el monto del millonario desvío de recursos que dejaron los exmandatarios. Ante las protestas de transportistas que exigen ser exentados del pago del impuesto por tenencia vehicular para enfrentar el gasolinazo, luego de que el gobierno estatal y diputados locales beneficiaron a empresarios del Acabús con esta medida prohibida por la Constitución, Astudillo dijo que no será posible extender la patente al resto de concesionarios de transporte público en la entidad. “Este pago es el más importante de los ingresos propios del gobierno del estado; y por ellos se recibe de la federación, de los 300 millones más de pesos que ingresan por concepto de tenencia vehicular, se reciben alrededor de 600 millones de pesos más de participaciones federales”, expresó Astudillo. Luego, dijo que de acuerdo al nivel de recaudación que realice el gobierno estatal o municipal, la Federación otorga mayores participaciones federales pero nunca explicó por qué benefició a socios del Acabús, médicos y arrendadores con el no pago de impuestos. Durante el acto oficial, el gobernador exhortó a los representantes de los poderes Legislativo y Judicial, así como a los 81 alcaldes y dirigentes partidistas para que asuman medidas de austeridad que impliquen ahorro en el gasto público, en solidaridad con el resto de la sociedad que en su mayoría vive en extrema pobreza y marginación, y ahora resiente el incremento de combustibles y productos básicos.