CIUDAD DE MÉXICO (apro).- México se ha convertido en “uno de los países más peligroso para periodistas y para defensores” en el mundo, consideró el relator especial de Naciones Unidas para la situación de personas defensoras de derechos humanos, Michel Forst, y advirtió una “tendencia de muerte” en la que se desenvuelven éstos en el país. En conferencia de prensa, al término de su visita oficial, destacó como “una situación preocupante” lo que ocurre con las mujeres defensoras, víctimas de “un patrón de ataques y violencia”. Tras nueve días de visita en los que sostuvo reuniones con 800 defensores y funcionarios del gobierno federal así como de Oaxaca, Chihuahua, Guerrero y el Estado de México, el experto de la ONU presentó un informe preliminar en el que identificó casos de criminalización, campañas de difamación, intimidación, restricciones a los derechos a la protesta y a la libertad de expresión, así como homicidios y desapariciones, en un contexto de una “impunidad preocupante de 98%”. Michel Forst expresó su preocupación por la situación que viven en particular los defensores de los pueblos indígenas, del territorio y ambientalistas, quienes enfrentan los altos niveles de “corrupción” entre empresas impulsoras de megaproyectos y políticos involucrados en ellas. El relator contó que al entregar el documento con observaciones y recomendaciones preliminares a los subsecretarios de Gobernación y Relaciones Exteriores, Roberto Campa Cifrián y Miguel Ruiz Cabañas, respectivamente, así como la subprocuradora de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías, y representantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del Senado y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), pidió un minuto de silencio en memoria del defensor rarámuri asesinado, Isidro Baldenegro, cuyo caso es “una muestra” de la “tendencia de muerte” que padecen los defensores. Forst descartó que las supuestas consultas a pueblos indígenas para la construcción de megaproyectos estén apegadas a los estándares internacionales de derechos humanos. Aunque reconoció que en algunos casos de agresiones se puede deducir la participación de agentes no estatales, como el crimen organizado, en gran parte de los casos denunciados los defensores identificaron a “agentes de las policías municipales, estatales, federales y miembros de las fuerzas armadas” como los perpetradores de ataques. Tras reconocer los esfuerzos del Estado por atender la situación de vulnerabilidad de los defensores y periodistas, Forst consideró que se requiere “voluntad política” para generar las condiciones de seguridad para que esos dos sectores de la sociedad ejerzan sus funciones sin correr riesgos. Al señalar que tuvo encuentros con organizaciones de comunicadores, el representante de la ONU lamentó que en los últimos cinco años la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos Contra la de Libertad de Expresión (FEADLE), que depende de la Procuraduría General de la República (PGR), sólo se hayan integrado 31 expedientes por homicidio y 25 por desaparición, sin que haya resultados de las investigaciones. Imagen de impunidad Forst reconoció que si bien el Estado mexicano ha sido omiso en implementar las recomendaciones de distintos órganos de la ONU, entre ellas los emitidos por los estados parte en el Examen Periódico Universal (EPU), confió en la palabra de Campa Cifrián y Ruiz Cabañas de que sus observaciones serían atendidas. El experto de origen francés, quien también ha colaborado en Amnistía Internacional y en Front Line Defenders, alertó que de no implementarse las recomendaciones de la ONU “la imagen exterior del país se vería dañada (...), toda la comunidad internacional vería que el asunto de impunidad, de corrupción y este ciclo vicioso de ataques no es abordado”. Agregó que las repercusiones en el país también podrían verse en el plano económico, además de que “la comunidad diplomática y los otros países pondrían ejercer presión en México para que se implementaran mis recomendaciones y para que se asegurara que cada vez los defensores sean menos atacados”. En su informe preliminar, Forst alertó sobre “el nivel de violencia alarmantemente alto (que) afecta a la población en general” y manifestó su preocupación por “el uso de las fuerzas armadas en las funciones de seguridad pública y la falta de un programa para el regreso a un enfoque de seguridad completamente civil”. Al señalar que la permanencia de las fuerzas armadas en las calles no se ha traducido en el fin de la violencia, Forst señaló que si bien los defensores que se han dedicado a la denuncia de ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones forzadas se han vuelto blanco de ataques, aquellos que han expuesto “violaciones por parte de las fuerzas armadas, de la policía así como de autoridades investigadoras se encuentran en un mayor riesgo de represalias”. En el documento enlistó como los grupos de mayor vulnerabilidad a mujeres defensoras, periodistas --han sido asesinados 120 en los últimos 16 años--, promotores de los derechos económicos, sociales y culturales; defensores de los derechos indígenas, ambientalistas --entre mayo de 2014 a junio de 2015, fueron víctimas de 109 ataques--; familiares de desaparecidos, informantes o whistleblowers, así como los defensores de migrantes y de los derechos LGBTI. Además de los agentes estatales, el relator identificó como responsables de los ataques a las compañías comerciales impulsoras de megaproyectos, a grupos religiosos que operan contra la comunidad LGBTI y los grupos criminales que actúan en complicidad con las autoridades. El relator formuló 17 recomendaciones al gobierno mexicano, cuatro a la CNDH y sus homólogas en los estados, tres a los organismos de la ONU, uno a las universidades, cinco a los actores no estatales, seis a la comunidad internacional y tres a las organizaciones de la sociedad civil. En un comunicado conjunto, las secretarías de Gobernación (Segob) y Relaciones Exteriores (SRE), así como la Procuraduría General de la República (PGR) destacaron que al recibir el informe preliminar, “los representantes del gobierno ofrecieron al relator especial analizar y dar seguimiento a sus recomendaciones, considerando su valor para el fortalecimiento de las acciones a nivel federal y estatal en la materia”. De acuerdo con el posicionamiento oficial, “con la visita del relator especial Forst, el gobierno de la República reitera su compromiso con los mecanismos internacionales de derechos humanos, así como su convicción para fortalecer la cooperación con éstos, a favor de la promoción y protección de los derechos humanos de todas las personas en nuestro país”.