Alto Comisionado de la ONU se opone a la militarización de la seguridad interior

Soberón, Peña y Cienfuegos en la Semar. Foto: Benjamin Flores Soberón, Peña y Cienfuegos en la Semar. Foto: Benjamin Flores

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, Jan Jareb, expresó su oposición a las iniciativas presentadas sobre la ley de seguridad interior, porque “existe el riesgo de que afecte a las propias fuerzas armadas” y porque “cualquier medida de despliegue militar no va a tener el efecto deseado por la gran impunidad existente” en México.

Al participar en la tercera sesión de análisis convocada por las comisiones de Gobernación, Seguridad Pública, Defensa Nacional, Marina y de Estudios Legislativos Segunda, el representante de la ONU insistió en que “no es la militarización de combate a la delincuencia, sino la certeza de que se castigará el delito” lo que ayudará en la lucha contra el crimen organizado.

Jareb insistió en “cambiar el paradigma” sobre la presencia militar en funciones policiacas, pero también admitió que se requiere una “ruta de salida gradual” para el retorno de los militares a sus cuarteles.

En su presentación, Jareb expuso 17 recomendaciones en caso de que se dictaminen las cuatro iniciativas existentes en la materia. Entre las propuestas del Alto Comisionado se señala que el uso de las fuerzas armadas “no implique ninguna suspensión de derechos”, que los militares “no participen en labores de investigación y de inteligencia” sobre los delitos, y que su vigencia sea “temporal y breve”.

Sugirió también que exista un control de las autoridades civiles, en los tres órdenes de gobierno, así como mecanismos de rendición de cuentas, medidas de supervisión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como “medidas para la protección de periodistas y defensores de derechos humanos”, y que la población pueda denunciar violaciones de los militares sin sufrir consecuencias.

Por su parte, Santiago Aguirre Espinosa, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, subrayó que existen muchos pronunciamientos internacionales en contra de la “extensión de la participación castrense en tareas ajenas a su mandato”.

Aportó cifras sobre los últimos diez años de las violaciones a derechos humanos por parte de los militares y el escaso número de recomendaciones emitidas por la CNDH. Entre 2000 y 2006 se presentaron mil 135 quejas contra las Fuerzas Armadas y sólo se emitieron 11 recomendaciones. En los últimos diez años se han presentado más de 10 mil quejas y sólo se han emitido 146 recomendaciones.

Es decir, “el promedio anual de quejas es de alrededor de 190, y de recomendaciones menos de dos al año. Hoy, tras el despliegue iniciado en 2006, el promedio anual de quejas ha sido alrededor de mil 75 por año, y de recomendaciones más de 14.

Tan sólo en 2016 se registraron 700 quejas contra las Fuerzas Armadas y sólo se emitieron 12 recomendaciones. “En suma, hay razones de peso, constitucionales, convencionales, de derechos humanos, de efectividad, para afirmar que desde la perspectiva de derechos humanos, la aprobación de una ley de seguridad interior no es el camino adecuado”, sentenció.

En la tercera sesión –realizadas desde el pasado martes 10 para abundar sobre el tema– también participaron Alejandro Madrazo Lajous, especialista y director del programa de políticas antidrogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE); Daniel Francisco Cabeza de Vaca, exprocurador general; Juan Pablo Pampillo, titular de la unidad de ética y derechos humanos de la Procuraduría General de la República (PGR), y el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Roberto Campa Cifrián.

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