Ejidatarios frustran desalojo y exigen pago justo por tierras expropiadas para Toyota en Guanajuato

Ejidatarios defienden sus tierras ante intento de desalojo. Foto: Verónica Espinosa Ejidatarios defienden sus tierras ante intento de desalojo. Foto: Verónica Espinosa

APASEO EL GRANDE, Gto. (apro).- Funcionarios del gobierno del estado, acompañados por un notario público y elementos de las fuerzas de seguridad estatales, se presentaron este viernes ante ejidatarios de Caleras de Amexhe para notificarles que deben desalojar sus tierras, ya que éstas “fueron expropiadas y serán entregadas a Toyota”.

Sin embargo, hijos del dueño del predio de 7.5 hectáreas señalaron que aunque se les depositó una cantidad, no se ha liquidado el monto de la expropiación, además que “estamos en negociación porque no estamos de acuerdo con lo que el gobierno quiere pagar, y no es justo que nos echen para fuera así nomás”.

Empleados de la Secretaría de Desarrollo Económico se presentaron con el notario Jorge Durón a fin de consumar el desalojo. Incluso, llevaron grúas para retirar la maquinaria agrícola con la que los campesinos del lugar estaban preparando la tierra para sembrar.

Guillermo Ledezma, uno de los campesinos, dijo que ocho familias viven de trabajar 7.5 hectáreas que están a nombre de uno de los ejidatarios (hijos del dueño), y de ellas sacan 130 toneladas de maíz durante seis meses del año y 49 toneladas de cebada los otros seis meses.

Por ello, aseguró que no han aceptado que el gobierno les pague 1.4 millones de pesos por hectárea, sino que piden 2.5 millones “y, cuando termine la negociación, les dejamos las tierras”.

“Dicen que van a expropiar porque ya habíamos perdido, no muestran orden ni nada. No estamos de acuerdo con que paguen como ellos quieren”, dijo.

Mientras tanto, hombres y mujeres del ejido que se encontraban en el lugar no se movieron del terreno.

Después de un par de horas, los funcionarios y el notario optaron por retirarse del lugar, junto con los elementos de las fuerzas del estado.

A mediados del año pasado se conoció que exfuncionarios de la Procuraduría Agraria en el sexenio de Felipe Calderón, ligados a un poderoso grupo empresarial de Monterrey (Garza Ponce), sacaron ventaja de la compraventa de los terrenos para la instalación de la armadora automotriz japonesa Toyota en Apaseo el Grande, pues crearon una empresa inmobiliaria para adquirir predios a ejidatarios y particulares, los cuales revendieron al gobierno del estado a un precio mayor.

El gobierno del estado pagó por lo menos 290 millones de pesos más por esta intermediación, en una operación que según ha defendido el gobernador Miguel Márquez Márquez fue legal y no presenta irregularidades, aunque se ha negado a abrir la información sobre los procesos de adquisición.

Una revisión efectuada por la Auditoría Superior del Estado (ASEG) exoneró a funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Económico de cualquier posible acto de corrupción o de proporcionar información privilegiada para la inmobiliaria que hizo su agosto con estas tierras.

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