ONG lanzan “acción urgente” a Peña Nieto por desaparición de cinco comunitarios en Michoacán

Un paraje en Ostula, Michoacán. Foto: Alejandra Guillén Un paraje en Ostula, Michoacán. Foto: Alejandra Guillén

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Organizaciones de derechos humanos lanzaron una “Acción Urgente” dirigida al presidente, Enrique Peña Nieto, y a organismos internacionales ante la desaparición forzada de cinco policías comunitarios de Santa María Ostula, Michoacán, hechos en los estarían involucrados miembros de la Secretaría de Marina (Semar) en colusión con el crimen organizado.

En un comunicado de prensa firmado por la Red de Organismos Civiles Todos los Derechos para todas y todos (Red TDT), el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y la Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas, hicieron un “llamado enérgico al Estado mexicano para que garantice la seguridad, integridad personal y la vida de las cinco personas que se encuentran actualmente privadas de la libertad por el crimen organizado, los cuales fueron entregado por la Marina Armada de México”.

La “Acción Urgente” está dirigida también al gobernador, Silvano Aureoles; al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; al subsecretario de Derechos Humanos, Roberto Campa Cifrián; al procurador, Raúl Cervantes Andrade; así como al representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Jan Jarab, y el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Paulo Abrao.

Al exigir hacer “uso de los medios más efectivos a su alcance para localizar” a los comunitarios, las organizaciones destacaron que de acuerdo con información de primera mano, este domingo 5 de febrero alrededor de las 03:30 horas, los policías comunitarios de San Pedro Naranjestil, Abigail Farías Fernández, Crispín Francisco de Aquino, Saúl Fabián Meraz Martínez, Eleno Valencia Zambrano y Francisco Carreón Valencia fueron detenidos por marinos “en la carretera federal 200 a la altura del crucero de Tizupan, Aquila, quienes posteriormente los entregaron al crimen organizado”.

Los demandantes resaltaron que no es la primera vez que los indígenas de Aquila son hostigados por miembros de fuerzas armadas. Agregaron que recientemente, el 15 de noviembre de 2016, “se alertó a las autoridades federales y estatales correspondientes de la situación de violencia generalizada hacia el pueblo nahua de la región, quienes viven en constante amenaza y vulnerabilidad a la integridad persona y vida en la región”.

Las organizaciones recordaron que el pasado 29 de diciembre, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a la Semar, así como al gobierno de Michoacán, “por uso ilegítimo de la fuerza contra pobladores de Santa María Ostula”.

En la recomendación 65/2016, las investigaciones de la CNDH determinaron que en un operativo conjunto de fecha 19 de julio de 2015 entre marinos, soldados, policías federales y estatales, 15 soldados del 65 Batallón de Infantería dispararon contra la población civil, provocando la muerte de un niño y lesiones a al menos 10 personas.

El operativo policiaco-militar pretendía acallar las protestas de habitantes de Ostula que se movilizaron para evitar la detención de su líder, Semeí Verdía Zepeda, y otros policías comunitarios.

Ante las recientes detenciones hechas por marinos, este domingo 5, las organizaciones destacaron que la Asamblea de comuneros de Santa María Ostula determinó bloquear la carretera federal 200, “pues actualmente siguen privados de la libertad y su vida corre un grave riesgo debido a que hay amenaza al respecto y presión para intercambiar a los compañeros secuestrados por armas de los grupos de policías comunitarios, municipales y autodefensas”.

De acuerdo con información divulgada por los participantes de la Asamblea de comuneros, integrantes del crimen organizado a quienes los marinos entregaron a los policías indígenas, exigen la entrega de 21 armas y que se disuelva el retén que tiene la policía comunitaria en la carretera costera. De lo contrario, se ejecutaría a los cinco cautivos.

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