Valparaíso (apro).- El incendio que inició el pasado 17 de enero en Pumanque –región de O’Higgins, en el centro del país– y que se expandió por las regiones Metropolitana, del Maule, el Bio Bio, llegando hasta a la Araucanía, a través de cientos de focos, y que ha sido considerado el más grande de la historia de Chile, deja muchas dudas y motiva otras tantas reflexiones. Casi 600 mil hectáreas fueron arrasadas por el fuego, más de mil casas fueron destruidas y al menos 11 personas perdieron la vida. Una ciudad completa se quemó: Santa Olga, en la Región del Maule. Cuando las brasas aún están calientes, surgen con fuerza algunas interrogantes: ¿Cuáles son las razones de que el fuego se haya propagado con tanta fuerza? ¿Fue un grupo organizado el que activó las llamas o fueron simples pirómanos desconectados el uno del otro? ¿Qué condiciones estructurales favorecieron la propagación? Dado que surgieron muchos focos al unísono, en diferentes zonas y regiones, desde un primer momento se tuvo certeza que había sido provocado de manera intencional. No era posible que tantos incendios se generaran sólo por imprudencia o generación espontánea. Además, las condiciones ambientales de calor y sequedad favorecieron la propagación del fuego. El 26 de enero –en pleno auge de los incendios– hubo en Quillón (Región del Bio Bio) 44.9 grados centígrados a la sombra, la temperatura más alta registrada en la historia de Chile. Pero, sin más evidencia que sus dichos, dos excomandantes en jefe de la Armada apuntaron sus dardos contra los mapuches. El 25 de enero el almirante (r) Edmundo González tuiteó: “Tanto incendio, con focos tan diversos, comienza a dar la impresión de terrorismo reivindicatorio de activistas Mapuche. Esto ya huele mal!!!”. Dos días después, el almirante (r) Jorge Arancibia aseguró en Radio Agricultura que había grupos “terroristas” organizados detrás de los incendios, y que ello estaría en conocimiento del gobierno. Estos dichos lo llevarían a declarar como imputado el 8 de febrero en una causa abierta por el Ministerio Público, donde se pretende establecer responsabilidad en las versiones falsas respecto del origen del fuego, propagadas preferentemente a través de redes sociales. Paralelamente, el 25 de enero circuló masivamente en Whatsapp y Facebook un mensaje que aseguraba que “dos mapuches y un colombiano” fueron sorprendidos lanzando molotov en Pumanque. Estas y otras denuncias venían acompañadas de bien montados videos, que construían un escenario aterrador y acentuaban el miedo existente en la población. De esta manera, en medio del shock de un incendio infernal, se instaló la hipótesis de que supuestos terroristas mapuches habrían provocado los incendios, lo que alimentó la demanda de militarización de La Araucanía y de represión policial, siempre presente en la derecha y sus grandes medios, que tuvo resultado con la declaración del estado de excepción en La Araucanía y la instalación del Ejército en la zona roja del conflicto mapuche, situación que se mantenía hasta este viernes 10 de febrero. Pero esto no es historia nueva: El 5 de enero de 2012, tras la muerte de siete brigadistas que combatían un incendio forestal iniciado en el Fundo Casa Piedra –de Forestal Mininco–, en la comuna de Carahue (La Araucanía), el entonces presidente Sebastián Piñera se apresuró a señalar que “detrás de los incendios simultáneos se esconden razones de naturaleza terrorista". Nunca hubo una prueba de ello, pero los mapuche han sido tratados como si la hubiera habido. “Pirómanos” y eléctricas Hasta ahora la policía no ha encontrado la existencia de un grupo que de manera concertada haya provocado los incendios. En cambio, se ha establecido la responsabilidad, por negligencia, de la Compañía General de Electricidad (CGE). El fiscal regional de O’Higgins, Emiliano Arias, tiene la convicción de que el siniestro de Pumanque --iniciado el 17 de enero en dicha región-- se debió a la falta de mantenimiento de los tendidos eléctricos. Un informe del departamento OS-5, de Carabineros, precisó que el fuego comenzó cuando ramas de eucaliptos pegaron al tendido eléctrico provocando chispas que cayeron al suelo, incendiando vegetación seca que allí había. Arias aseguró en entrevista con el diario La Tercera que “la Ley Eléctrica obliga a las empresas encargadas de la distribución a mantener una franja de seguridad libre de elementos combustibles (...) cosa que si caen chispas no se produzcan incendios”. El fiscal afirmó que si esa protección no se produjo quiere decir que faltó un adecuado mantenimiento del tendido. De acuerdo con testimonios recogidos por Arias, otros dos incendios que formaron parte de la gigantesca ola de fuego tuvieron el mismo origen. Según reseña la web de Radio Bío Bío, el director de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) en La Araucanía, David Joauannet, aseguró el 27 de enero que “el siniestro que se mantiene activo en el sector Quetre, de Galvarino, se inició por una falla en los cables que chocan con las copas de los árboles, que generaron chispas, tras lo cual se inició el incendio, lo que se replicó en el incendio de Pidenco que arrasa con más de mil 780 hectáreas”. Los antecedentes anteriores sitúan a las empresas eléctricas como grandes responsables de los incendios que aun afectan al centro sur de Chile. Por otra parte, han sido detectadas personas que, sin explicación alguna, provocaron siniestros. El 26 de enero en Chépica (región de O’Higgins) los Carabineros arrestaron a cuatro personas que se movilizaban en una camioneta y que fueron sorprendidos cuando prendían vegetación con elementos “acelerantes”. Ese mismo día fue detenida en Linares (Región del Maule) otra persona en condiciones similares. Todos los involucrados en estos casos fueron liberados mientras se llevan a cabo las investigaciones. Hasta ahora nada concreto se ha dicho de sus vinculaciones y móviles. Los medios de comunicación simplemente los han sindicado como “pirómanos”. Las forestales y el Estado Aunque desde el establishment se ha intentado minimizar su participación en los hechos, las empresas forestales y la institucionalidad política son responsables, por acción u omisión, de los apocalípticos incendios que afectan al país. El 25 de enero, en una declaración pública, la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo, expresó: “No nos queda más que sorprendernos cuando escuchamos por televisión a nuestros honorables diputados, senadores y políticos en general criticar a otros por el desastre, cuando son ellos los principales responsables”. Añadió que el establecimiento de plantaciones forestales en Chile “no se ha enmarcado en una planificación territorial que considere criterios ambientales, sociales y económicos”. Aseguró que, en el modelo neoliberal aplicado desde tiempos dictatoriales, “cada quien hizo transformaciones masivas, amparado en una legislación permisiva, y con un estado ausente por decisión política”. De igual manera, apuntó que “así se destruyeron miles de hectáreas de bosque nativo que terminó siendo reemplazado por eucaliptus y pinos; se establecieron plantaciones sin proteger quebradas, ríos y esteros; se plantó hasta el borde mismo de caminos, pueblos y ciudades; se plantaron paños enormes (cientos e incluso miles de hectáreas) prácticamente sin corta fuegos, entre otras calamidades”. También sostuvo que las “malas prácticas” usadas para establecer la mayor parte de las plantaciones forestales “han sido abusivas: han dejado a comunidades sin agua, han disminuido severamente la hermosa y valiosa biodiversidad que había en muchos territorios, y han facilitado la expansión de los incendios forestales”. Consultada por Apro, la secretaria técnica de la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo, María José Ruiz-Esquide, manifestó que “el centro de la discusión” no debe ser lo que arde (si vegetación nativa o exótica), sino lo que hemos estado efectuando por años para que se llegue a quemar Chile como lo está haciendo hoy... ¿Qué hemos hecho, las empresas, las municipalidades, los ciudadanos, los parlamentarios y el Estado para que dichos árboles ardan sin piedad en este momento?”, reflexionó. A la hora de plantear soluciones, Ruiz-Esquide manifestó que es esencial “crear un servicio forestal público, fortalecido, y una subsecretaría forestal independiente (...) que defina las políticas de uno de los pilares de la economía chilena”, agregando que “no es posible” que estas políticas se determinen por instituciones sin peso político”, como Conaf. Además, planteó que es necesario crear una nueva ley de fomento a la forestación “en que se definan las especies a plantar en función de las características sociales, ambientales y económicas de los territorios; es decir, con una planificación territorial diseñada para la realidad de Chile y no en beneficio de las cinco familias más ricas del país”. También manifestó que es urgente “rediseñar la Ley de Bosque Nativo, para reconocer y potenciar el manejo sustentable de nuestro patrimonio nativo”. Sin embargo, una vez pasados los incendios, el primer impulso del Estado no parece ir en esa dirección. El 8 de febrero el Comité de Desarrollo Productivo de la Región del Bio Bio --dependiente del gobierno de Chile-- informó que, en zonas afectadas por incendios forestales, subsidiará la reforestación con pino radiata, tal como informó aquel día el diario electrónico Resumen. El negocio forestal chileno está básicamente en manos de dos conglomerados: El holding CMPC (de la familia Matte), cuya principal empresa es Forestal Mininco, la cual posee unas 750 mil hectáreas y una fortuna que supera los 11 mil millones de dólares, y el holding Copec-Antar Chile (de familia Angelini), cuya empresa madre en el rubro forestal es Celco, que posee más de un millón 200 mil hectáreas y una riqueza avaluada en más de 6 mil millones de dólares. Estas empresas se han beneficiado del Decreto Ley 701 de “subsidio forestal” implementado en 1974 por el dictador Augusto Pinochet y por su yerno, el ingeniero forestal Julio Ponce Lerou, que fue director de Conaf. Esa norma –suspendida en 2015– estableció un subsidio en dinero para las plantaciones, que cubría casi el 100% del costo de éstas; eliminó la tributación de los terrenos y de la producción forestal. Además, favoreció la entrega de créditos estatales en extraordinarias condiciones, y suprimió el pago de aranceles de exportación. Fruto de los subsidios y favores, el sector forestal pasó de exportar 254 mil dólares en 1980 a 5 mil 300 millones de dólares en 2016, convirtiéndolo en el segundo sector de importancia en el país, después de la minería. La superficie ocupada por el monocultivo forestal creció de 300 mil hectáreas en 1974 a 3 millones en la actualidad, gran parte de las cuales estaban antes cubiertas de bosque nativo. Más allá de los aspectos estructurales que favorecieron la propagación del fuego, existe una denuncia que implica directamente a las forestales en la generación de los incendios. La Red de Defensa de los Territorios –en conjunto con un centenar de otras organizaciones-- envió el pasado 27 de enero una carta al Consejo de Defensa del Estado (CDE) en la que plantea que existiría una inoperancia del Ministerio Público “al no haber investigado las responsabilidades de empresas forestales” en los sucesivos atentados incendiarios que han afectado principalmente a las regiones de La Araucanía y el Bio Bio, en la última década. En entrevista, el vocero de la mencionada organización, Alfredo Seguel, expresó que estas denuncias las vienen haciendo desde 2012. Afirmó que durante una reunión realizada el 4 septiembre de 2015 expusieron al Ministerio Público “la relación entre plagas, incendios y cobro de seguros, junto con la existencia de casos de auto-atentados y otros antecedentes que habría que investigar (...) Hemos denunciado el modus operandi y su perversidad”. Subrayó que la Región del Maule, una de las más afectadas por el gran incendio, era a su vez la más afectada por la plaga de avispa taladradora (Sirex noctilio), la que se expandía por otras zonas afectadas por el fuego. Estas denuncias se respaldan en documentos oficiales como la Resolución Exenta Nº 2305, del Servicio Agrícola y Ganadero (2 de diciembre de 2016) que declara a toda la Región del Maule “bajo cuarentena, para el control obligatorio de la plaga de Sirex noctilio”. Seguel informó que actualmente “son cuatro plagas las que se siguen expandiendo entre las plantaciones exóticas chilenas”, agregando que de esto nada se informa “mientras se levantan noticias falsas y montajes para desviar la atención”. El “Cártel del Fuego” En la propagación del gran incendio tuvo mucha responsabilidad la mala cobertura que hubo de parte de la Conaf, la corporación de derecho privado encargada de apagar los fuegos en Chile. Existen miles de denuncias y quejas por lo lento de la reacción de este organismo. El jueves 8 el canal Mega emitió el reportaje el Cártel del Fuego –dirigido por el periodista Jorge Molina Sanhueza--, el cual reveló que las empresas que más adjudicaciones han conseguido desde 2011 para extinguir incendios por medios de sus aviones y helicópteros pertenecen al "Cartel del Fuego". Éste está constituido por las empresas españolas Faasa, Inaer y Martínez Vidau, cuyas malas prácticas ya han sido acreditadas en España, Portugal e Italia, países en las que ya se les sindica como organizaciones criminales. A estas empresas, Conaf y la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) les paga altas sumas por horas extras respecto de los tiempos acordados por contrato: 2 mil 700 dólares. Esto constituye un incentivo perverso, puesto que mientras más se demoran en apagar el fuego, más ganan, lo que contraviene la esencia de esta tarea. En España el “Cártel del Fuego” consiguió ganar entre 2001 y 2016 más de 277 millones de euros, manipulando licitaciones y corrompiendo funcionarios, tal como señala una nota publicada el 23 de diciembre pasado en la web del Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial de España. Allí se puntualiza que el ‘cártel del fuego’ nació un 20 de septiembre de 2001 en la sede de Faasa, en Palma del Río (Córdoba). “Se sentaron a la mesa cuatro de los jefazos de este G-6 aeronáutico: Avialsa y las andaluzas Faasa, Trabajos Aéreos Espejo y Trabajos Aéreos Martínez Ridao, a las que se unirían posteriormente Cegisa y Trabajos Aéreos Extremeños (Taex)”. En esa reunión se repartieron el mercado y las formas de coparlo, tal como se comprueba en un documento sellado en aquella fecha, que fue descubierto por la justicia valenciana el año pasado. El actuar mafioso que estas empresas tuvieron en Europa, por sí solo, no constituye una prueba de que en Chile hayan obrado de la misma manera. Pero lo que más compromete a la Conaf y a su jefe, Aaron Cavieres, es la opinión negativa que éste manifestó en relación con aceptar ayuda en el combate del fuego. El 23 de enero, en medio de la emergencia y mientras desde diversos países como Rusia y Estados Unidos se ofrecían grandes aviones para apagar el fuego, Cavieres afirmó al Canal 24 horas que los “aviones más grandes no sirven para combatir este tipo de emergencias”. Fundamentó: “Esos aviones grandes no funcionan para territorios rugosos como el nuestro, que son cambiantes”. Estas declaraciones causaron la furia de la ciudadanía que veía impotente cómo medio Chile se quemaba ante sus ojos. Representantes de las citadas empresas españolas que operan en Chile, también realizaron declaraciones minimizando la utilidad de traer aviones grandes para atender la emergencia. Tras la revelación de Mega, el experto en manejo de emergencias Rodrigo Reveco declaró a ese medio –desde Turquía-- que "ahora se entiende” porque los cargueros grandes como el Supertanker o el Ilyushin il-76 estuvieron "largo tiempo sin salir”, asegurando “que las rutas de vuelo para ir a atacar no se daban temprano". El viernes 10 el fiscal nacional Jorge Abbott designó a la fiscal Ximena Chong –que sustancia con firmeza el caso por corrupción en la gestación de la “Ley Longueira” de Pesca (2013)– a cargo de las pesquisas de la arista chilena del “cártel del fuego”.