Ven desequilibrio en decreto de veda a comunidades indígenas para el uso del agua

lunes, 13 de febrero de 2017 · 11:07
SAN PEDRO APÓTOL, Oax. (apro).- El jefe de cooperación de la Unión Europea, Juan Garay, consideró que pareciera que en México se antepone el beneficio económico de las mineras por encima de la supervivencia de las comunidades, en este caso, las zapotecas de los valles de Ocotlán, Zimatlán y Ejutla, que luchan por el agua. Al participar como invitado especial en la consulta indígena donde proponen que se levante el decreto de veda de 1967 en la micro-región que las 16 comunidades denominan Xnizaa (Nuestra Agua), que prohíbe a los campesinos el alumbramiento del agua del subsuelo para el cultivo de sus hortalizas, calificó este hecho como un ejercicio de gobernanza. “Está claro que la minería es una actividad industrial estratégica y necesaria para el desarrollo de México pero debe estar muy bien regulada en el daño medio ambiental y, sobre todo, en uso de un recurso básico como el agua”. Sin embargo, señaló que hay un desequilibrio porque limitan a unas comunidades de las necesidades más básicas que empiezan con la alimentación y la supervivencia. “Nos parece un proceso democrático y necesario la consulta indígena y tremendamente pertinente en relación a la gobernanza de un recurso básico para la vida como es el agua y que sea en equidad y sostenibilidad. Entonces, dijo, “estamos muy interesados en ver los resultados a este proceso como ejemplo democrático y soberanía con objetivo de equidad y sostenibilidad”. Destacó que “el decreto de veda es necesario en cualquier país porque hay que controlar el uso excesivo de los recursos naturales en beneficio colectivo y nuevas generaciones, el problema es cuando esos decretos se aplican de forma desequilibrada”. “Y sí que tenemos preocupación aunque requiere de una investigación más profunda de cómo la ley de minas permite un uso mucho más indiscriminado de agua, incluso de su contaminación en relación al decreto de veda que afecta a comunidades zapotecas. “Hay que analizar cuál es el uso excesivo y el efecto que puede tener en los niveles de los acuíferos en México (las mineras) porque me parece un marco que no asegura la equidad y que debe ser reflexionado con estudios de cómo las mineras pueden tener efectos en el flujo de acuíferos en detrimento y la veda pone en riesgo a comunidades que tienen fines sostenibles y de supervivencia. Juan Garay va más allá al afirmar que estas acciones pueden ser una gran oportunidad frente a la preocupante política migratoria de Estados Unidos con el tema de los migrantes. Considera que “es una gran oportunidad para revigorizar el campo mexicano al apoyar a migrantes con experiencia y formaciones interesantes ahora que vuelvan al lugar de origen y puedan tener una reintegración en su territorio en actividades de sostenibilidad”. Cabe recordar que el pasado 8 de febrero de 2017, en la comunidad zapoteca de San Pedro Apóstol, la Coordinadora de Pueblos Unidos por el Cuidado y la Defensa del Agua (COPUDA) presentó a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) su propuesta para el uso, disfrute y administración comunitaria del agua, en el marco de la consulta indígena que se está llevando a cabo en los Valles Centrales. La propuesta demanda que se reconozcan los derechos territoriales y el derecho de libre determinación y autonomía de las comunidades zapotecas en esa región para que tengan la facultad de elaborar y emitir las normas que regulen el uso y disfrute de las aguas del subsuelo. Para ese fin, proponen que se levante el Decreto de Veda de 1967 en la micro-región que las 16 comunidades denominan Xnizaa (Nuestra Agua), con la responsabilidad de implementar un reglamento para el uso y cuidado del agua subterránea. En los últimos 10 años, los campesinos y campesinas indígenas que integran la COPUDA, han dado cuenta de su capacidad, para gestionar, diseñar y construir obras de captación de agua de lluvia que hasta ahora revitalizan los mantos acuíferos de la región, de la cual depende su sustento. Organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas, tales como el Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, A.C.; la RedTDT “Todos los derechos para todos y todas”; OXFAM México, A.C.; CIESAS-Plural (Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social), EDUCA Servicios Para una Educación Alternativa A.C. y la Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa (UAM-I) coinciden que ésta es una oportunidad histórica para que el Estado Mexicano establezca una relación de corresponsabilidad con los pueblos indígenas que siente un precedente a nivel nacional.

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