CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- El Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) se encuentra en el ojo del huracán. Sus lineamientos están siendo controvertidos, nada menos que por el jefe del ejecutivo. Hay mar de fondo. La LFTR de 2014 se expidió sin que hasta ahora pueda ser aplicada correctamente. A la letra el IFT es un organismo autónomo, con lo que ello implica: se rige a sí mismo, tiene patrimonio propio. Sin embargo ha sido incapaz de hacerle frente a las presiones del gran capital y sus políticos aliados. Ya ha perdido varias batallas. Por ignorancia o mala fe, otorgó “concesiones de uso social” a ciertas Asociaciones Civiles (A.C.) o Fundaciones directamente ligadas a consorcios mediáticos. Pese a que las cifras hablan de que Televisa es claramente dominante en materia de televisión de paga –absorbía en cable el 62.2% y en satélite el 70.8% en marzo de 2015–, no se le ha declarado “agente económico con poder sustancial”. Con ello logra seguir acaparando el mercado. Al competidor DISH le otorgó la gracia de que pueda seguir transmitiendo los canales de Televisa, salvo el 9, y los dos de Azteca sin pagar derechos. Ahora, usando a la CIRT como arma, los concesionarios lograron que el presidente de la República depositara una controversia constitucional en la SCJN para echar abajo los lineamientos sobre cómo asegurar los derechos de las audiencias. Mediante mayoría (por un voto), los consejeros del IFT decidieron posponer su aplicación. La Suprema Corte aceptó la controversia después de dos años y medio de que el articulado de la ley se publicó. Estos hechos se entienden a la luz de las próximas elecciones. La guerra sucia ya comenzó, la precampaña también. Y en ese río revuelto son los concesionarios quienes serán gananciosos. Sus pantallas se cotizan al alza. Mientras el dinero público siga fluyendo a sus cuentas bancarias, les inquieta poco la audiencia, si la publicidad privada disminuye o elevar la calidad de sus producciones. Eso sí, quieren evitar a toda costa la crítica, el respeto a los televidentes. El comportamiento del gobierno y las instituciones habla de una política donde lo que importa es simular que se gobierna para todos, que se apegan a lo legal, que se defiende al país. En los hechos es lo contrario. Los ricos son protegidos, los pobres cargados de impuestos y precios elevados. Los concesionarios reciben cuanto desean, las audiencias deben soportar mentiras y engaños. Los consumidores tienen que conformarse con una oferta sin variaciones. Nos permiten votar, pero no respetan los resultados. La digitalización ofrecía la oportunidad de redistribuir el espectro, de hacerlo equitativo. En lugar de ello se le dio más a quien más tenía, casi nada a los excluidos. La nueva Ley tuvo leves avances que hoy quieren ser desaparecidos. Este texto se publicó en la edición 2102 de la revista Proceso del 12 de febrero de 2017.